El Poder Ejecutivo propone reformar el alcance de la ley y cobrar una tasa de "registro a la producción de café" de $0,50 por quintal.
A pesar del rebrote de roya en el café, la deuda de $200 millones y la crisis de financiamiento que enfrenta el sector cafetalero, el gobierno salvadoreño propone cobrar más impuestos. Actualmente el anteproyecto de ley planteado por el Poder Ejecutivo está siendo analizado por la comisión legislativa agropecuaria.
Los países miembro del Convenio Marco para el Control del Tabaco aprobaron subir los impuestos al sector tabacalero.
Con este nuevo documento se busca "... endurecer las medidas relacionadas con impuestos y precios aplicables, para reducir el consumo y el número de muertes por consumo de tabaco, pues está estrechamente relacionado con el coste del producto."
Aunque la banca había solicitado extender el plazo, desde el 1 de septiembre las entidades deben comenzar a ejecutar el cobro a las operaciones bancarias.
Desde el 1 de septiembre los bancos, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito deberán retener 0,25% por cada transacción en efectivo, con cheque o de forma electrónica que supere los $1.000.
La Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda publicó el reglamento al que hacen referencia los nuevos impuestos. La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) señaló a Elsalvador.com que "... Los bancos, que serán a partir de hoy, retenedores del impuesto, aún están analizando el documento. El presidente de la gremial bancaria, Armando Arias, dijo en días anteriores que debido a que no están preparados con recursos tecnológicos y personal capacitado, comenzarán a cobrar el impuesto de forma manual, lo que generará más atrasos para los clientes del sistema bancario."
El gobierno accedió a modificar las condiciones de la reforma impositiva propuesta para tomar en cuenta las críticas formuladas por el sector privado.
La empresa privada salvadoreña ha presentado a los funcionarios responsables los efectos adversos que enfrentaría el país si se aplican las nuevas medidas tributarias pretendidas, recibiendo señales de apertura a una discusión por parte del Gobierno, quien por primera vez desde 2009 y 2010 accede a negociar reformas fiscales con los empresarios.
La oposición en la Asamblea reclama al Gobierno la aprobación del proyecto de ley de responsabilidad fiscal antes de aprobar emisión de deuda por $1.150 millones y el paquete de impuestos propuesto.
Los congresistas argumentaron que es necesario escudriñar a fondo el texto de las reformas propuestas, que es incierto el destino que hará el gobierno con los fondos obtenidos y que deben buscarse estrategias que reactiven la economía nacional de manera que se asegure la liquidez del estado en lugar de continuar endeudando al país.
Un anteproyecto de ley pretende gravar las propiedades de cualquier valor con o sin construcción que no tengan un uso específico en cualquier lugar del país, declarándolas "bienes suntuosos".
La propuesta de Ley establece que "…Los inmuebles para recreación, esparcimiento o descanso, con construcción o sin ella, o en proceso de construcción, indistintamente de su valor o lugar de ubicación, tales como: casas, lotes, parcelas, quintas ubicadas en playas, lagos, montañas, o la ciudad…” serán gravados con el 1% sobre el valor fiscal fijado para el inmueble.
Advierten que el impuesto en proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa generaría más evasión afectando a todos los sectores sociales.
El nuevo impuesto sería del 0,25% sobre las transacciones financieras que superen los $750, aplicándose a los titulares del depósito, personas que ordenan pagos o transferencias y entidades del sistema financiero que realicen desembolsos de préstamos de cualquier naturaleza.
El sector privado rechaza las condiciones del tercer paquete de reformas que pretende implementar el gobierno saliente, reclamando reducir primero los gastos del Estado.
Más control del gasto público y no nuevos impuestos es lo que exigen los empresarios al gobierno, que pretende incrementar los ingresos del fisco con una tercera reforma y con la emisión de $800 millones en bonos.
El aumento de 10% proyectado por el gobierno se sumará a la suba de impuestos y a los pagos por extorsión que les exigen las bandas criminales.
“…el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), instó a los diputados de la Asamblea Legislativa a tomar en cuenta las dificultades financieras a las cuales se ha enfrentado el rubro en los últimos dos años”, reseña el artículo de Elsalvador.com.
Mediante una nueva reforma tributaria se gravarían transacciones financieras, inmuebles improductivos y periódicos.
El artículo en Elsalvador.com reseña que Carlos Cáceres, titular del Ministerio de Hacienda declaró que "El Presidente (de la República) nos ha encargado al Ministerio que valoremos una propuesta aceptable para él y para la sociedad, que políticamente sea aceptable y que no dañe a los sectores productivos ni a la gente más pobre".
Ante el aumento de impuestos aprobado la Asociación Nacional de Empresa Privada (ANEP) manifiesta su descontento.
Del comunicado de prensa de ANEP:
Ante el aumento de impuestos aprobado por el FMLN, GANA, PCN y PDC, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, manifiesta:
1. Lamentamos que los diputados que votaron por más impuestos hayan dado más valor a lo ofrecido por el Gobierno, a cambio de sus votos, que a las consecuencias de causar desempleo y profundizar la pobreza de los salvadoreños.
El impuesto sobre la renta para las empresas pasará de un 25% a un 30%, a la vez que se reducirá el impuesto sobre dividendos.
El órgano legislativo de El Salvador aprobó las reformas fiscales promovidas por el Ejecutivo, con 66 votos a favor y 17 en contra.
Los principales cambios incluyen el aumento del impuesto sobre la renta para las empresas, que aumentará al 30%, salvo para aquellas que facturen menos de $150.000, quienes seguirán pagando el 25%. Adicionalmente, se estipuló un impuesto mínimo del 1% para las empresas que finjan pérdidas, y se incrementó al 1,75% el pago a cuenta, que previamente estaba en 1,5%.
Y para las burocracias en general, incluyendo las de los organismos internacionales: Un "experto" del Banco Interamericano de Desarrollo apoya la reforma tributaria en Costa Rica.
Aunque oficialmente el BID "no defiende una carga tributaria o política fiscal específica", uno de sus funcionarios apoya calurosamente el proyecto para aumentar la carga tributaria que soporta la economía costarricense, al punto de sugerir que esa carga fiscal sea similar a la que tiene la Argentina.
Los gobiernos deben controlar la evasión fiscal, ampliar la base tributaria y combatir la corrupción, incrementando los ingresos para poder financiar el combate de la inseguridad.
Del comunicado de de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO):
EL COMBATE A LA VIOLENCIA SOCIAL Y EL NARCOTRÁFICO NO DEPENDE ÚNICAMENTE DE MÁS IMPUESTOS
El gobierno salvadoreño presentó la propuesta de un impuesto que se aplicaría de manera temporal, hasta el 2014.
El Ministerio de Hacienda espera recaudar $380 millones con la aplicación del nuevo impuesto, el cual deberá ser aprobado primero por el Congreso.
Si la propuesta prospera, el impuesto se cobrará a empresas y personas cuyas propiedades, ya sean tierras, ganado o títulos valores, sumen al menos $500 mil.