Fue conformado el panel arbitral que conocerá la demanda en contra del Estado de Guatemala, que fue presentada por la suspensión de las operaciones de la mina El Tambor, ubicada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
Luego que la demanda de arbitraje fuera planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 11 de diciembre de 2018, el organismo anunció que fue conformado el panel.
Representantes de la mina El Tambor, situada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, interpusieron una demanda por $300 millones en contra del Estado de Guatemala.
La demanda de arbitraje fue planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, la cual fue registrada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el pasado 11 de diciembre.
La canadiense Infinito Gold cesó operaciones y solicitó la suspensión temporal del arbitraje contra Costa Rica por la fallida concesión de la mina de oro Crucitas.
El cese de operaciones de la empresa por falta de recursos financieros, anunciado a mediados de julio, cuando renunciaron todos sus directores y gerentes, sería la principal razón por la que decidió pedir la suspensión temporal del proceso contra Costa Rica por la mina de oro Crucitas, por el cual exigían $94 millones por violaciones al acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Costa Rica y Canadá.
Tras la decisión final de la Sala Constitucional descartando sus demandas, Industrias Infinito anunció que continuará el litigio en tribunales internacionales.
“Industrias Infinito elevó a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) desde abril pasado, la firma solicita al Estado el pago de $1.092 millones de indemnización por el freno a la concesión minera”, reseña el artículo de Nacion.com.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones desestimó la demanda interpuesta por Commerce Group.
En la demanda interpuesta bajo los términos del CAFTA, Commerce Group, alegaba que el Gobierno, en el 2006, sin justificación, revocó los permisos que se le habían extendido para la explotación de las minas San Sebastián y San Cristóbal y que en 2008 se les negó una solicitud de extender sus permisos de explotación en las minas Nuevo San Sebastián y Nueva Esparta.
El Gobierno salvadoreño presentó un nuevo pliego de objeciones luego que el CIADI avalara continuar a la siguiente fase.
En el documento, presentado como respuesta al aval dado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de seguir con el caso, se detalla el cambio de nacionalidad de la empresa con el propósito de aprovechar los beneficios del tratado de libre comercio.
La empresa Commerce Group interpuso la demanda ante la negativa de El Salvador de otorgarle permisos de operación.
Esta demanda presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ISCID), dependencia del Banco Mundial, se suma a la interpuesta en junio pasado por la minera Pacific Rim.
La periodista Keny López escribe para Elsalvador.com: "Commerce Group alega que el 13 de septiembre de 2006 el Gobierno de El Salvador, sin justificación o anuncio previo, revocó los permisos de la compañía que había extendido por la explotación de las minas San Sebastián (La Unión) y San Cristóbal (San Miguel) para extraer oro y plata. Agrega que en 2008 el Gobierno les negó una solicitud de extender sus permisos de explotación en las minas Nuevo San Sebastián y Nueva Esparta (ambas entre La Unión y Morazán)."
El pasado 15 de junio fue abierto el expediente para dar inicio al arbitraje que Pacific Rim ha interpuesto contra El Salvador.
El motivo para el inicio del arbitraje que anunció Pacific Rim fue el no otorgamiento de los permisos para el incio de las operaciones en El Dorado, un proyecto de explotación de minas de oro ubicado en el departamento de Cabañas.
Pacific Rim, empresa que pretende explotar mina de oro El Dorado, anuncio su intención de demandar a El Salvador por no emitirle permisos de exploración y de explotación.
La empresa asegura que no hay base legal para la denegación de los permisos, y que procederá a demandar el país bajo los término del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica-República Dominicana, conocido como CAFTA, por sus siglas en inglés.