Fue conformado el panel arbitral que conocerá la demanda en contra del Estado de Guatemala, que fue presentada por la suspensión de las operaciones de la mina El Tambor, ubicada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
Luego que la demanda de arbitraje fuera planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 11 de diciembre de 2018, el organismo anunció que fue conformado el panel.
Representantes de la mina El Tambor, situada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, interpusieron una demanda por $300 millones en contra del Estado de Guatemala.
La demanda de arbitraje fue planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, la cual fue registrada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el pasado 11 de diciembre.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones falló a favor de El Salvador en el conflicto con la minera OceanaGold, propietaria de la mina de oro El Dorado.
Del comunicado de OceanaGold:
Melbourne, OceanaGold Corporation (TSX / ASX / NZX: OGC) (la "Compañía") ha sido informada de que el tribunal de arbitraje constituido por el Centro Internacional del Banco Mundial para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("CIADI") ha fallado a favor del Gobierno de El Salvador (el "Gobierno") en su disputa con una
La minera inversionista en el proyecto en Cerro Chorcha, Bocas del Toro, demandó un arbitraje internacional contra Panamá por expropiar la concesión en 2010.
Seis años después de que el Estado panameño expropiara la concesión de Dominion Minerals Corporation, en Cerro Chorcha, en Bocas del Toro, la empresa estadounidense solicitó un arbitraje, informó Laestrella.com.pa.
La canadiense Infinito Gold cesó operaciones y solicitó la suspensión temporal del arbitraje contra Costa Rica por la fallida concesión de la mina de oro Crucitas.
El cese de operaciones de la empresa por falta de recursos financieros, anunciado a mediados de julio, cuando renunciaron todos sus directores y gerentes, sería la principal razón por la que decidió pedir la suspensión temporal del proceso contra Costa Rica por la mina de oro Crucitas, por el cual exigían $94 millones por violaciones al acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Costa Rica y Canadá.
Infinito Gold reclama $94 millones perdidos por violaciones al acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Costa Rica y Canadá.
Industrias Infinito confirmó que su casa matriz, Infinito Gold, presentó una demanda contra Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en busca de una compensación a raíz de sus inversiones en el cancelado proyecto minero Crucitas.
La estadounidense Commerce Group había demandado al Estado salvadoreño por $100 millones, por la revocación de los permisos ambientales para un proyecto minera.
El fiscal general, Luis Antonio Martínez, anunció que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial rechazó un recurso de nulidad de la minera contra una resolución favorable a El Salvador que ese tribunal dictó en 2011.
El conflicto entre Minera Panamá y Petaquilla Gold sobre terrenos para la extracción de minerales en Panamá deberá ir a arbitraje internacional.
En 2010 Minera Panamá, filial de Inmet Mining, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el arrendamiento de 7,453 hectáreas para el desarrollo de su ambicioso proyecto de extracción de cobre, que colindan con la concesión minera que tiene la empresa desde 1997.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones desestimó la demanda interpuesta por Commerce Group.
En la demanda interpuesta bajo los términos del CAFTA, Commerce Group, alegaba que el Gobierno, en el 2006, sin justificación, revocó los permisos que se le habían extendido para la explotación de las minas San Sebastián y San Cristóbal y que en 2008 se les negó una solicitud de extender sus permisos de explotación en las minas Nuevo San Sebastián y Nueva Esparta.
El Gobierno salvadoreño presentó un nuevo pliego de objeciones luego que el CIADI avalara continuar a la siguiente fase.
En el documento, presentado como respuesta al aval dado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de seguir con el caso, se detalla el cambio de nacionalidad de la empresa con el propósito de aprovechar los beneficios del tratado de libre comercio.
El tribunal del Centro Internacional de Arbitraje para Inversiones (ICSID), falló a favor de la minera canadiense y descartó las objeciones preliminares presentadas por El Salvador.
La minera, propietaria de la mina de oro El Dorado, se encuentra en medio de una disputa internacional con el Gobierno de El Salvador. Pacific Rim pretende que el gobierno le devuelva al menos $77 millones por las demoras y retrasos sufridos en el proyecto minero, alegando que se violó el CAFTA-RD.
El litigio entre la minera Pacific Rim y el gobierno de El Salvador se decidirá según las normas del CAFTA y no las leyes de minería del país.
Inicialmente Pacific Rim tenía un permiso para exploración minera cerca del el río Lempa, y requería de un permiso de explotación para poner a funcionar la operación minera, que requeriría uso intensivo de agua del río, potencialmente comprometiendo el recurso hídrico para los habitantes de la zona.
La empresa Commerce Group interpuso la demanda ante la negativa de El Salvador de otorgarle permisos de operación.
Esta demanda presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ISCID), dependencia del Banco Mundial, se suma a la interpuesta en junio pasado por la minera Pacific Rim.
La periodista Keny López escribe para Elsalvador.com: "Commerce Group alega que el 13 de septiembre de 2006 el Gobierno de El Salvador, sin justificación o anuncio previo, revocó los permisos de la compañía que había extendido por la explotación de las minas San Sebastián (La Unión) y San Cristóbal (San Miguel) para extraer oro y plata. Agrega que en 2008 el Gobierno les negó una solicitud de extender sus permisos de explotación en las minas Nuevo San Sebastián y Nueva Esparta (ambas entre La Unión y Morazán)."
El pasado 15 de junio fue abierto el expediente para dar inicio al arbitraje que Pacific Rim ha interpuesto contra El Salvador.
El motivo para el inicio del arbitraje que anunció Pacific Rim fue el no otorgamiento de los permisos para el incio de las operaciones en El Dorado, un proyecto de explotación de minas de oro ubicado en el departamento de Cabañas.
Pacific Rim, empresa que pretende explotar mina de oro El Dorado, anuncio su intención de demandar a El Salvador por no emitirle permisos de exploración y de explotación.
La empresa asegura que no hay base legal para la denegación de los permisos, y que procederá a demandar el país bajo los término del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica-República Dominicana, conocido como CAFTA, por sus siglas en inglés.