En los noventa una villa en Costa Rica se poblaba con sueños de un futuro promisorio impulsado por la explotación de una mina de oro. Hoy solo quedan 27 habitantes sin esperanzas.
EDITORIAL
El artículo en Nacion.com reseña los avatares del proyecto para la explotación de una mina de oro en Crucitas, en Costa Rica, que finalmente no se concretó, debido a que primaron las fuerzas ambientalistas sobre las del desarrollo sostenible, dejando una larga secuela de daños para el país en términos de confianza en la seguridad para la inversiones, en pérdidas de ingresos fiscales, y fundamentalmente en las esperanzas de los seres humanos que creyeron y apostaron a que la mina sería un catalizador de progreso para la zona. Como ocurre normalmente, los únicos ganadores fueron los abogados que litigaron y siguen litigando por una y otra parte.
EL Salvador y Costa Rica dicen NO. Panamá y Nicaragua dicen SI. En Guatemala y Honduras se esperan decisiones.
Los precios del cobre y del oro están en alza, y los proyectos para su extracción del subsuelo centroamericano disponen de inversionistas ansiosos por poner su dinero en ellos.
Pero los gobiernos de los países del istmo tienen diferentes criterios en el tema, y mientras en Nicaragua y Panamá los proyectos mineros reciben el visto bueno e incluso son inaugurados por las mismas autoridades, en Costa Rica y El Salvador se decretan moratorias formales o informales deteniendo la adjudicación de concesiones mineras, atendiendo la presión de los grupos ambientalistas. Por su parte, en Guatemala y Honduras las autorizaciones de nuevos proyectos están pendientes a la espera de leyes y reglamentaciones que endurecen las reglas ambientales que se deben acatar al extraer y procesar los metales.
Las compañías mineras que luchan para obtener licencias en Centroamérica deben hacer más para demostrar qué beneficios traerán a las comunidades locales.
El Salvador no puede permitirse el lujo de volverle la espalda a los inversores. Por ello han derogado impuestos y otorgado subvenciones, justamente para atraer a las empresas extranjeras.
Es extraño, entonces, que el gobierno salvadoreño mantega estancada la concesión de los permisos para una de las promesas de mayor inversión hasta la fecha, la de Pacific Rim Mining, una compañía canadiense que lleva invertidos $ 77 millones en este país.
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