Inicialmente el período ordinario para declarar a los beneficiarios finales de las sociedades vencía el 30 de abril, pero las autoridades decidieron extender hasta 31 de mayo el plazo.
Esta declaración debía presentarse durante el mes de abril; de conformidad con la resolución N°DGT-ICD-R-06-2020, sin embargo, debido al estado de emergencia que enfrenta al país por la pandemia Covid19, estas instituciones acordaron ampliar el plazo, para garantizar la atención de esta obligación y facilitar el cumplimiento voluntario, informó el Ministerio de Hacienda.
En Costa Rica la Sala Constitucional falló a favor del Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, institución que presentó un recurso por medio del cual pretende obtener información de cuántas personas físicas aparecen como dueñas de acciones.
Luego que el Observatorio solicitara ante el Ministerio de Hacienda información estadística que se pueda obtener del Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales (RABF), las autoridades se negaron.
En Costa Rica la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley para que durante dos meses no se apliquen multas por errores en la declaración del registro de accionistas.
Se aprobó en su trámite de primer debate el expediente 21.758 Ley de moratoria para la aplicación de sanciones correspondiente a la declaración ordinaria del periodo 2019, relacionadas con el registro de transparencia y beneficiarios finales, dispuesto en la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. La iniciativa da prórroga para que los accionistas de las sociedades anónimas entreguen sus listas, antes de aplicar sanciones, informó la Asamblea Legislativa.
Empresarios piden conferir de inmediato una prórroga en la aplicación de las eventuales multas, pues una gran cantidad de representantes de empresas aun no han gestionado su firma digital y en este momento, no hay capacidad instalada en los puestos autorizados.
La Sala Primera declaró sin lugar una demanda de la Cámara de Industrias, y Tributación podrá exigir a los grandes contribuyentes la presentación de información considerada sensible en el sistema AMPO.
Del comunicado del Ministerio de Hacienda:
Sala Primera confirma potestad de Tributación para solicitar información por medio del AMPO
Concluye que existe legislación suficiente que autoriza a la Administración a crear un "Registro Central de Accionistas”.
La principal gremial del sector privado de Costa Rica aceptó conformar un equipo técnico en conjunto con el gobierno para crear una base de datos de accionistas de las empresas.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) acordó con el Gobierno de la República conformar un equipo de trabajo (entre expertos tributarios e informáticos) que evalúe las condiciones para crear una base de datos de accionistas, informó Nacion.com.
La organización respaldó una vez más la iniciativa de que el Estado costarricense tenga bajo su control el registro de accionistas de las empresas catalogadas como grandes contribuyentes.
"El Estado debe tener en sus manos la información sobre los accionistas de las empresas y para dónde van los dividendos. En una democracia como esta es muy difícil de entender cómo, quién y por qué se pueden oponer a que el Estado tenga esa información", dijo a Nacion.com el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría.
Rechazan un recurso presentado por el sector privado y Hacienda podrá exigir a los grandes contribuyentes la presentación en el sistema AMPO de información considerada sensible.
Del comunicado del Ministerio de Hacienda:
El Ministerio de Justicia resolvió en definitiva, a favor de la Administración Tributaria, el proceso que la Cámara de la Industria Alimentaria y varios coadyuvantes interpusieron contra la herramienta Análisis Multifuncional Programado y Objetivo (AMPO).
En Costa Rica el sector privado denuncia que el Ministerio de Hacienda falta a la verdad cuando señala como imprescindible crear un registro de accionistas bajo su control para cumplir con la OCDE.
Del comunicado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado:
Viceministro Rodríguez falta a la verdad
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), está a favor de que el fraude fiscal debe combatirse y castigarse. También apoyamos la incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y del cumplimiento con los principios del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Propósitos Tributarios.
El proyecto de ley que promueve el gobierno para combatir la evasión fiscal contempla la creación de un registro centralizado de accionistas con información de los beneficiarios finales de las sociedades.
El sector empresarial no ve con buenos ojos la creación de un registro centralizado de accionistas, pues obligaría a las sociedades jurídicas a revelar información sensible de los portadores de las acciones cuando la Dirección General de Tributación lo requiera.