Las protestas que se realizan en Costa Rica, que afectan la circulación vehicular en el país y el paso por las fronteras, repercutirán en el corto plazo en el comercio intrarregional y en los costos del transporte de carga.
Para acceder al crédito de $1.750 millones que pretende solicitar al Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Costa Rica propuso gravar las transacciones financieras, elevar el impuesto a las utilidades de empresas y personas, e incrementar el impuesto a los bienes inmuebles.
En respuesta a las restricciones aplicadas a pilotos costarricenses, a quienes se les impide salir con carga desde Panamá, desde el 14 de julio Costa Rica no permite la salida de camiones con placa panameña que transporten mercancías.
Por la propagación del covid19 Costa Rica fue el primer país que impuso restricciones a las unidades de transporte de carga de los demás países de la región.
Argumentando que no les permiten salir con carga del resto de los países de la región, transportistas costarricenses protestan en la frontera entre Costa Rica y Panamá, y piden a las autoridades aplicar medidas de reciprocidad.
Con las inconformidades de los empresarios de Costa Rica el tránsito de las mercancías en Centroamérica se podrían dificulta, y aunque al medio día del 7 de julio aún no se reportaban bloqueos al transporte de carga, el sector no descarta extender las protestas.
Autoridades locales decidieron ampliar de 3 a 10 días, el período máximo que se les permite a los conductores del transporte de carga internacional, para permanecer en territorio salvadoreño para que descarguen o carguen mercaderías.
Por la propagación del covid19 Costa Rica fue el primer país que impuso restricciones a las unidades de transporte de carga de los demás países de la región.
Después que se superaran las tensiones generadas por las restricciones que impuso Costa Rica al ingreso de transporte carga proveniente de países vecinos, los pilotos costarricenses denuncian que las autoridades de la región lejos de aplicar medidas recíprocas, han establecido "medidas represivas".
Entre el 18 de mayo y el 1 de junio de 2020 en Centroamérica se interrumpió el tránsito libre de mercancía.
Debido a que Costa Rica impuso varias restricciones a la circulación del transporte de mercancías que ingresa a su territorio, el gobierno guatemalteco anunció que desde el 9 de junio aplicará medidas de reciprocidad a los transportistas costarricenses.
En la actualidad transportar mercancías vía marítima entre los países centroamericanos puede incrementar los costos del flete en al menos 60% comparado con la opción terrestre, lo que representa un obstáculo al cambio en la modalidad del trasiego de mercadería en la región.
A raíz del cierre del paso aduanero de Peñas Blancas, frontera entre Costa Rica y Nicaragua, algunos empresarios de la región tuvieron que recurrir a la vía marítima para lograr entregar sus pedidos.
Luego de varios días de tensiones generadas por las restricciones que impuso Costa Rica al transporte carga de los países vecinos, las autoridades centroamericanas llegaron a un acuerdo y se abrió el paso en la frontera de Peñas Blancas.
Después de que Costa Rica impusiera varias restricciones a la circulación del transporte de carga que ingresa a su territorio, el gobierno panameño limitó a 72 horas el permiso para que transportistas costarricenses permanezcan en el país.
Luego de que el gobierno de Costa Rica decidiera imponer varias restricciones a las unidades de transporte pesado que ingresan a su territorio, el gobierno hondureño decidió conceder a los pilotos costarricenses sólo 72 horas de permanencia en el país.
Debido a que El Salvador, Costa Rica y Panamá, han dispuesto limitar a 72 horas el tiempo máximo que pueden permanecer los conductores de transporte de carga que operan en la región, cientos de unidades han decidido paralizar sus operaciones como medida de presión.
Por la crisis sanitaria que deriva del brote de covid19, las autoridades salvadoreñas, costarricenses y panameñas decidieron que los pilotos de las unidades de transporte de carga que ingresan al país, tenga sólo 72 horas para hacer los trámites en las fronteras, y para descargar y volver a cargar las mercancías de los vehículos.
Por lo menos 500 camiones de carga de los países centroamericanos están desde inicios de la semana sin poder salir de un bloqueo en el departamento de Carazo.
Desde la tarde del pasado lunes, se reportaba cierre total del tránsito en un lugar conocido como Dolores, cercano al municipio de Jinotepe, debido a que manifestantes contrarios a la administración Ortega mantienen obstaculizadas las vías.
Siguiendo con las quejas por la lentitud con que operan las aduanas salvadoreñas, los transportistas anunciaron que el 26 de abril paralizarán las labores en los puestos fronterizos entre Guatemala y El Salvador.
Las gremiales de empresas de transporte de carga aseguran que los problemas de lentitud e ineficiencia han empeorado desde que los oficiales de las aduanas comenzaron a realizar un proceso de actualización de información de los transportistas.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores manifiesta a los distintos sectores involucrados en la actual crisis del transporte y su afectación al libre tránsito de personas y bienes, la exigencia de solucionar la situación.
Del comunicado de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport):
Agexport, ante los bloqueos de algunos pilotos de transporte pesado en diferentes carreteras, puertos y aduanas del país, manifiesta:
A la burocracia que retrasa el proyecto, se suma ahora la evaluación que realiza la naviera que brindaría el servicio, que busca la forma de "hacerlo rentable".
El proyecto que fue anunciado con bombos y platillos por la administración Solís hace ya un año, no solo no logra avanzar porque se necesita modificar el reglamentosobre servicio de transporte multimodal, sino que ahora la naviera Odiel se encuentra buscando clientes y evaluando la rentabilidad esperada del negocio, según representantes del gobierno.