Las protestas que se realizan en Costa Rica, que afectan la circulación vehicular en el país y el paso por las fronteras, repercutirán en el corto plazo en el comercio intrarregional y en los costos del transporte de carga.
Para acceder al crédito de $1.750 millones que pretende solicitar al Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Costa Rica propuso gravar las transacciones financieras, elevar el impuesto a las utilidades de empresas y personas, e incrementar el impuesto a los bienes inmuebles.
En respuesta a las restricciones aplicadas a pilotos costarricenses, a quienes se les impide salir con carga desde Panamá, desde el 14 de julio Costa Rica no permite la salida de camiones con placa panameña que transporten mercancías.
Por la propagación del covid19 Costa Rica fue el primer país que impuso restricciones a las unidades de transporte de carga de los demás países de la región.
Argumentando que no les permiten salir con carga del resto de los países de la región, transportistas costarricenses protestan en la frontera entre Costa Rica y Panamá, y piden a las autoridades aplicar medidas de reciprocidad.
Con las inconformidades de los empresarios de Costa Rica el tránsito de las mercancías en Centroamérica se podrían dificulta, y aunque al medio día del 7 de julio aún no se reportaban bloqueos al transporte de carga, el sector no descarta extender las protestas.
En la actualidad transportar mercancías vía marítima entre los países centroamericanos puede incrementar los costos del flete en al menos 60% comparado con la opción terrestre, lo que representa un obstáculo al cambio en la modalidad del trasiego de mercadería en la región.
A raíz del cierre del paso aduanero de Peñas Blancas, frontera entre Costa Rica y Nicaragua, algunos empresarios de la región tuvieron que recurrir a la vía marítima para lograr entregar sus pedidos.
Luego de varios días de tensiones generadas por las restricciones que impuso Costa Rica al transporte carga de los países vecinos, las autoridades centroamericanas llegaron a un acuerdo y se abrió el paso en la frontera de Peñas Blancas.
Después de que Costa Rica impusiera varias restricciones a la circulación del transporte de carga que ingresa a su territorio, el gobierno panameño limitó a 72 horas el permiso para que transportistas costarricenses permanezcan en el país.
Luego de que el gobierno de Costa Rica decidiera imponer varias restricciones a las unidades de transporte pesado que ingresan a su territorio, el gobierno hondureño decidió conceder a los pilotos costarricenses sólo 72 horas de permanencia en el país.
El monitoreo de camiones por medio de GPS para supervisar las rutas programadas y el tiempo del transportista en el país, es la propuesta de las autoridades costarricenses para que las unidades de transporte de carga de Centroamérica puedan ingresar a su territorio.
El gobierno panameño anunció que llegó a un acuerdo con las autoridades de Costa Rica, para que a las unidades de transporte pesado panameñas se les conceda un lapso de 72 horas, para realizar la carga y descarga de mercancías en recintos fiscales.
Luego que Costa Rica con la intención de mitigar la propagación del covid19 decretara restricciones a las unidades de transporte de carga que ingresan a su territorio, el gobierno de Nicaragua ordenó el cierre del tránsito por el puesto fronterizo de Peñas Blancas.
Construir muelles especializados para la industria marina auxiliar y aumentar la capacidad para realizar entregas de forma rápida vía aérea, son algunos de los desafíos que enfrentará Panamá en los próximos años.
La economía panameña depende en gran medida del sector logístico, pero en la actualidad enfrenta nuevos retos debido a la creciente competencia que representan otros jugadores regionales que ofrecen mejores costos en la gestión de carga a gran escala.
Luego de que las autoridades nicaragüenses impusieran en sus aduanas un pago de $50 a cada vehículo de carga que transite por su territorio, Costa Rica solicitó una reunión para revisar el tema.
El 15 de marzo de este año las autoridades nicaragüenses comenzaron a cobrar un impuesto aduanero al transporte de carga en tránsito o con destino final en el país, que consiste en el pago de $50 por cada unidad de transporte de mercancías que pase las aduanas terrestres.
Los empresarios centroamericanos aseguran que el impuesto aduanero al transporte de carga en tránsito o con destino final que pretende imponer el gobierno nicaragüense "atenta contra los instrumentos de la integración centroamericana, y se convierte en obstáculo al comercio intrarregional".
Semanas atrás se informó que a partir del 15 de marzo se comenzaría a cobrar el impuesto aduanero, sin embargo, las autoridades no precisaron cual será el monto exigido a los transportistas.
La tan esperada conexión ferroviaria entre ambos países depende de que se rehabilite el puente Doctor Rodolfo Robles en Ayutla, San Marcos, lo cual se haría este año.
Según el Ministerio de Comunicaciones de Guatemala, con las condiciones actuales el puente no puede soportar la carga de una locomotora y utilizar ese tramo representaría un riesgo elevado.
El gobierno panameño restringió temporalmente a los transportistas terrestres de Honduras y Nicaragua, el levante de carga en los almacenes fiscales, zonas francas, y puertos en Panamá.
Esta acción por parte del gobierno panameño surge luego de que las autoridades evaluaran una denuncia realizada por transportistas locales, quienes se quejaron del trato recibido en Honduras y Nicaragua.