Empresarios demandan al gobierno cobrar la tasa de $18 por uso de escáner solo a la carga que tiene como destino El Salvador.
De acuerdo con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), este cobro viola convenios y tratados de comercio en la región. Además, consideran como excesivos la revisión y el tiempo al que se someten todos los cargamentos.
La implementación improvisada de un nuevo sistema de administración aduanera y la oposición al cobro de $18 por cada declaración de mercaderías ya está afectando al comercio regional.
La implementación de un sistema de inspecciones al transporte de carga en El Salvador no solo ha generado caos vehicular sino que también ha provocado atrasos en el comercio intrarregional. Las gremiales privadas opinan que esto ocurre porque no se realizaron pruebas pilotos antes de su puesta en marcha.
La gremial regional de transportistas de carga protesta por el cobro por la inspección con escáner en aduanas salvadoreñas y por los retrasos que genera.
El Consejo Centroamericano de Transporte de Carga decretó un paro en las fronteras salvadoreñas como protesta al pago de $18 por la inspección al transporte de carga vía terrestre.
El paro se ha hecho efectivo “…en las fronteras Anguiatú, El Poy, San Cristóbal, La Hachadura y El Amatillo, de acuerdo con las gremiales que apoyan la medida, dos de El Salvador, dos de Guatemala, dos de Nicaragua, una de Costa Rica y una más de Honduras”, reseña el artículo de Elsalvador.com.
Los transportistas de carga se oponen al cobro de la tasa de $18 por inspección con escáner y amenazan con paros y cambio de rutas.
Representantes de la gremial del transporte de carga analizan reprogramar el paso de los camiones para no cruzar por El Salvador para llegar al resto de la región, y hacerlo por la frontera de Agua Caliente, Chiquimula, hacia Honduras.
Los transportistas costarricenses levantaron el bloqueo que mantenían en Paso Canoas confiando en que las autoridades panameñas cumplirán con los acuerdos firmados.
Los camioneros decidieron ponerle fin a la huelga de cinco días que mantenían en Paso Canoas y esperan que el Gobierno costarricense no permita que se den más abusos por parte del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
Un acuerdo firmado entre las cancillerías de Costa Rica y Panamá no fue suficiente para que los camioneros costarricenses levantaran el bloqueo en Paso Canoas que ya dura 5 días.
Los empresarios del transporte de carga regional se reunirán en Guatemala para tratar abusos en cobros y otros procedimientos en varias aduanas del istmo.
Según informó Benjamín Castro, presidente de la Cámara del Transporte de Carga de Honduras, los transportistas también esperan reunirse con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para conversar sobre otros problemas que tienen en el país. “Nos están librando órdenes de captura por algún trámite vencido o por un error que pudo haber sido cometido por esa dependencia”, explicó.
La Fedepricap considera que los nuevos cobros al transporteimpuestos por los gobiernos de la región repercuten negativamente en la competitividad y el desarrollo.
Mediante un comunicado, los miembros de la Federación de Entidades Privadas de Centro América, Panamá y República Dominicana (Fedepricap) dijeron que la integración centroamericana y la unión aduanera “no son una meta puntual, sino un proceso de promoción de la libre circulación de mercancías, facilitación del comercio, y el paso de personas”.
Acuerdan reformar la Ley del Fondo de Atención para Víctimas de Accidentes de Tránsito para eximir del pago a los transportistas de carga que ya cuenten con un seguro privado.
El acuerdo se logra en la Comisión de Hacienda del Congreso salvadoreño luego de que la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC) amenazara con paralizar el servicio en todas las fronteras del país, el próximo 1º de julio.
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadoras de Centroamérica se sumó a las voces empresariales que rechazan el impuesto para la Atención para Víctimas de Accidentes de Tránsito.
El sector de transporte de carga regional se compromete a adquirir un seguro que proteja a las víctimas de accidentes.
El artículo en Prensalibre.com.gt reseña que "El gobierno de El Salvador y gremios del transporte de carga de Centroamérica, acordaron este jueves “apoyar” una reforma legal que les libere del pago de un impuesto a quienes ya pagan un seguro para cubrir eventuales accidentes de tránsito, informó una fuente oficial."
Denuncian que el nuevo impuesto que cobra el gobierno de El Salvador a los vehículos de otros países que cruzan por sus fronteras, incrementa costos y obstaculiza el comercio regional.
La decisión salvadoreña "actúa en detrimento de la competitividad de la región centroamericana, incrementando aún más los costos relacionados a la inseguridad, además de que esta medida va en contra del libre tránsito de mercancías en la región", afirmó la Federación de Cámaras Agropecuarias y Agroindustriales de Centroamérica (Fecagro).
El impuesto a los vehículos con placas extranjeras impacta negativamente en el transporte de mercaderías, elevando costos e incrementando los trámites y alargando los tiempos de espera en las aduanas.
Del comunicado de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO):
Transportistas costarricences cerraron el paso para vehículos de carga de la frontera Costa Rica - Panamá en Paso Canoas, en protesta por procedimientos de fiscalización de funcionarios panameños.
El bloqueo ya dura 5 días y se contabilizan cerca de mil furgones detenidos a ambos lados de la frontera.
La obligación de contratar un seguro con empresas mexicanas molesta a los transportistas de carga que anuncian que no transitarán por territorio azteca.
A partir del próximo 3 de setiembre, fecha límite para la entrada en vigencia de la disposición, transportistas guatemaltecos aseguraron que ya no pasaran a territorio mexicano.
Dos años atrás autoridades de gobierno mexicanas y guatemaltecas firmaron un acuerdo por el cual los transportistas de carga guatemaltecos deben de cumplir con una serie de normas, entre las que está la contratación, con empresas mexicanas, de un seguro de transporte equivalente a 19 mil salarios vigentes en el Distrito Federal de México.
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