Las protestas que se realizan en Costa Rica, que afectan la circulación vehicular en el país y el paso por las fronteras, repercutirán en el corto plazo en el comercio intrarregional y en los costos del transporte de carga.
Para acceder al crédito de $1.750 millones que pretende solicitar al Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Costa Rica propuso gravar las transacciones financieras, elevar el impuesto a las utilidades de empresas y personas, e incrementar el impuesto a los bienes inmuebles.
Luego de varios días de tensiones generadas por las restricciones que impuso Costa Rica al transporte carga de los países vecinos, las autoridades centroamericanas llegaron a un acuerdo y se abrió el paso en la frontera de Peñas Blancas.
En las últimas semanas se había interrumpido el libre tránsito de mercancías en Centroamérica.
El monitoreo de camiones por medio de GPS para supervisar las rutas programadas y el tiempo del transportista en el país, es la propuesta de las autoridades costarricenses para que las unidades de transporte de carga de Centroamérica puedan ingresar a su territorio.
Luego que Costa Rica con la intención de mitigar la propagación del covid19 decretara restricciones a las unidades de transporte de carga que ingresan a su territorio, el gobierno de Nicaragua ordenó el cierre del tránsito por el puesto fronterizo de Peñas Blancas.
Luego de que las autoridades nicaragüenses impusieran en sus aduanas un pago de $50 a cada vehículo de carga que transite por su territorio, Costa Rica solicitó una reunión para revisar el tema.
El 15 de marzo de este año las autoridades nicaragüenses comenzaron a cobrar un impuesto aduanero al transporte de carga en tránsito o con destino final en el país, que consiste en el pago de $50 por cada unidad de transporte de mercancías que pase las aduanas terrestres.
La tan esperada conexión ferroviaria entre ambos países depende de que se rehabilite el puente Doctor Rodolfo Robles en Ayutla, San Marcos, lo cual se haría este año.
Según el Ministerio de Comunicaciones de Guatemala, con las condiciones actuales el puente no puede soportar la carga de una locomotora y utilizar ese tramo representaría un riesgo elevado.
Exportadores salvadoreños piden aclarar las dudas que generó la norma que aplazó el cobro de $18 por concepto de inspección de mercaderías.
La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) solicitó al Gobierno que se aclare cuáles mercancías deben ser inspeccionadas en las aduanas y pagar los $18. Explican que se debe corregir la confusión que se está dando a nivel regional.
Empresas centroamericanas solicitan al Gobierno salvadoreño intervenir en el conflicto, que ya está generando pérdidas millonarias.
La legislación en la región permite que las aduanas diseñen métodos de inspección no intrusivos, pero estos no deben generar atrasos en el despacho ni costos excesivos que obstruyan el libre tránsito de bienes, servicios y personas.
Empresarios demandan al gobierno cobrar la tasa de $18 por uso de escáner solo a la carga que tiene como destino El Salvador.
De acuerdo con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), este cobro viola convenios y tratados de comercio en la región. Además, consideran como excesivos la revisión y el tiempo al que se someten todos los cargamentos.
La implementación improvisada de un nuevo sistema de administración aduanera y la oposición al cobro de $18 por cada declaración de mercaderías ya está afectando al comercio regional.
La implementación de un sistema de inspecciones al transporte de carga en El Salvador no solo ha generado caos vehicular sino que también ha provocado atrasos en el comercio intrarregional. Las gremiales privadas opinan que esto ocurre porque no se realizaron pruebas pilotos antes de su puesta en marcha.
La gremial regional de transportistas de carga protesta por el cobro por la inspección con escáner en aduanas salvadoreñas y por los retrasos que genera.
El Consejo Centroamericano de Transporte de Carga decretó un paro en las fronteras salvadoreñas como protesta al pago de $18 por la inspección al transporte de carga vía terrestre.
El paro se ha hecho efectivo “…en las fronteras Anguiatú, El Poy, San Cristóbal, La Hachadura y El Amatillo, de acuerdo con las gremiales que apoyan la medida, dos de El Salvador, dos de Guatemala, dos de Nicaragua, una de Costa Rica y una más de Honduras”, reseña el artículo de Elsalvador.com.
Los transportistas de carga se oponen al cobro de la tasa de $18 por inspección con escáner y amenazan con paros y cambio de rutas.
Representantes de la gremial del transporte de carga analizan reprogramar el paso de los camiones para no cruzar por El Salvador para llegar al resto de la región, y hacerlo por la frontera de Agua Caliente, Chiquimula, hacia Honduras.
Un acuerdo firmado entre las cancillerías de Costa Rica y Panamá no fue suficiente para que los camioneros costarricenses levantaran el bloqueo en Paso Canoas que ya dura 5 días.
Los empresarios del transporte de carga regional se reunirán en Guatemala para tratar abusos en cobros y otros procedimientos en varias aduanas del istmo.
Según informó Benjamín Castro, presidente de la Cámara del Transporte de Carga de Honduras, los transportistas también esperan reunirse con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para conversar sobre otros problemas que tienen en el país. “Nos están librando órdenes de captura por algún trámite vencido o por un error que pudo haber sido cometido por esa dependencia”, explicó.
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