El 77% de las inversiones del estatal Fondo de Pensiones de Costa Rica están en bonos del Estado, cuyas finanzas en el 2013 tienen un déficit del 5% del PIB.
El artículo en Nacion.com reseña que la Superintendencia de Pensiones (Supén) alerta sobre la situación, señalando que "la alta concentración del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en un mismo emisor es un factor de riesgo."
El funcionamiento de las entidades supervisoras de las Entidades Financieras, de las Pensiones, del mercado de Valores, y de los Seguros, tiene un costo anual de $48 millones.
El gobierno de Costa Rica pretende que las instituciones reguladas por esas Superintendencias, asuman un mayor porcentaje de ese costo, hasta ahora a cargo en un 80% por el Banco Central.
El gobierno costarricense se propone impulsar un proyecto de reforma de la ley que rige el mercado de valores, comenzando por decretarlo de interés público.
El decreto que declara de interés público el mercado de valores crea el Consejo Nacional para el Desarrollo del Mercado de Valores, que se integrará con representantes del sector Público - entre ellos el Banco Central, Ministerio de Hacienda, Conessif, Superintendencia de Valores y Pensiones- y de la actividad privada.
El saldo de crédito de las tarjetas al mes de mayo fue de $707,5 millones, solamente un 1% superior al de diciembre del 2008.
Los saldos reportados a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) por doce bancos emisores al mes de mayo muestran cambios en las costumbres de pago por parte de los tenedores de tarjetas.
La Superintendencia de Pensiones (Supen) subastará entre las operadoras de pensiones (OPC) los registros de trabajadores que presentan algún error.
Esos registros representan en conjunto unos ¢6.000 millones.
La operadora que resulte “ganadora” del proceso de subasta administrará dichos registros y los aportes que realicen los trabajadores durante un plazo de dos años.
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