Chang y Compañía y Mag Alcoholes, son dos empresas que durante el mes de marzo fueron intervenidas por parte de las autoridades locales, luego que se detectara el posible delito de defraudación tributaria y aduanera.
Representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informaron que el 10 de marzo, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera ordenó la intervención de la compañía Mag Alcoholes y el 22 del mismo mes el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal ordenó la intervención del almacén Chang y Compañía.
Con el objetivo de obligar a las empresas a cumplir con el pago de impuestos sobre las ventas realizadas por canales electrónicos, a partir de junio de 2021 la SAT comenzará a utilizar una plataforma digital que analizará la información que aparece en redes sociales.
Las restricciones a la movilidad decretadas durante 2020 a causa del brote de covid19 y el cambio de hábitos de consumo, potenciaron en el mercado guatemalteco el crecimiento de las ventas online.
Luego de que se detectaran inconsistencias entre las compras reportadas por los contribuyentes y las ventas que la empresa declaraba ante la autoridad tributaria, en Guatemala inició una investigación sobre la cadena de supermercados "La Barata".
Durante la mañana del 7 de diciembre representantes del Ministerio Público (MP) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron algunos detalles sobre un nuevo caso de supuesta defraudación tributaria por parte de la cadena de tiendas "La Barata".
En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
Desde el 26 de noviembre las autoridades guatemaltecas tienen la facultad de acceder a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, por lo que ahora podrán corroborar que los ingresos bancarios de las empresas coincidan con el pago de sus impuestos.
Luego que el 25 de noviembre fuera publicada en el Diario de Centroamérica la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la cual se declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Escalas Mercantiles S.A., el cual pretendía impedir a las autoridades el acceso a la información bancaria de las empresas y personas, ha cobrado vigencia la ley que faculta a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para investigar a los contribuyentes.
Especialistas y autoridades opinan que el fallo con el que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó la suspensión que impedía el acceso con fines fiscales a información bancaria de los contribuyentes, podría revertirse con otra acción legal.
En los últimos días el tema ha cobrado mayor relevancia en el país, pues tras un año de estar suspendido el acceso a la información bancaria con fines tributarios, el pasado 6 de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva, por lo que autoriza a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que pueda revisar las cuentas de los contribuyentes.
Para el sector empresarial guatemalteco están dadas las condiciones para que se facilite la exoneración de multas e intereses pese a ser un año electoral, pero para el gobierno, una amnistía fiscal no será una opción este año.
Ante el problema de la devolución de crédito fiscal que se ha reportado por varios años en Guatemala, empresarios opinan que es viable hacer una amnistía fiscal, pero las autoridades no la consideran, pues argumentan que no es la vía para mejorar los ingresos fiscales.
En su última visita a Guatemala el FMI advirtió que si en el país no se levanta el secreto bancario, se podría menoscabar el cumplimiento "respecto a tratados internacionales de transparencia".
Luego de la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Guatemala, el organismo internacional advirtió que revertir la disminución en la recaudación de impuestos pasa por fortalecer el control de los grandes contribuyentes, mejorar el uso de la información tributaria para reducir el incumplimiento, reasignar recursos hacia auditorías basadas en el riesgo, y reconsiderar el levantamiento del secreto bancario a efectos de auditoría tributaria.
Suspendieron temporalmente el artículo de la ley que en Guatemala facilitaba el acceso a la información bancaria de empresas con una orden judicial a solicitud de las autoridades tributarias.
La decisión fue tomada por la Corte de Constitucionalidad luego de que una empresa presentara un recurso de inconstitucionalidad. Con base en los argumentos planteados, la CC decidió decretar la suspensión provisional del artículo 52, que facultaba a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a solicitar a un juez una orden para levantar el secreto bancario de personas o empresas cuando existiera "... duda razonable sobre los resultados de los procesos o ejecución de los planes de fiscalización selectiva y masiva'." Ver "Guatemala: Rige levantamiento de secreto bancario"
Las autoridades tributarias anunciaron que durante el primer trimestre del año prevén iniciar con los reembolsos correspondientes a solicitudes de los períodos fiscales de 2013 a 2015.
El superintendente interino de la Administración Tributaria, Abel Cruz, informó que las empresas que ya fueron auditadas podrán recibir la liquidación que les corresponde.
Empresarios guatemaltecos reclamaron que sus operaciones son afectadas por las demoras de hasta tres años en el reintegro, cuando los períodos establecidos son de 30 a 60 días.
Cerca de $14 millones habrían defraudado al fisco de Guatemala un grupo de personas que a través de empresas de cartón, emitían facturas falsas para simular la compra de ganado.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una lista de 150 empresas que estarían involucradas en el caso de evasión tributaria a través de la creación de entidades de fachada o de cartón.
En Guatemala 72 denuncias han sido presentadas en contra de varios exportadores por supuesta simulación de compras para reclamar la devolución del crédito fiscal a la SAT.
Empresarios exportadores de café y cardamomo aseguran que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) les debe más de $100 millones en devolución de crédito fiscal, que corresponden a solicitudes realizadas desde el año 2011.
La SAT prorrogó hasta el 19 de septiembre el plazo para la exoneración del 90% en multas, intereses y recargos para los contribuyentes, sean naturales o jurídicos.
La amnistía tributaria que anunció la Superintendencia de Administración Tributaria en Mayo de este año y que iba a tener un plazo de tres meses, fue extendida 30 días más, hasta el 19 de septiembre.
Los casi $300 millones en concepto de crédito fiscal que la administración tributaria prevé devolver en el corto plazo corresponden a solicitudes de los ejercicios fiscales de 2013 a 2015.
A un año de haber modificado los procesos para brindar más transparencia en la devolución del crédito fiscal a las empresas exportadoras, la Superintendencia de Administración Tributaria se prepara para acelerar las gestiones y devolver los créditos que se han retrasado por más de dos años. El intendente Leonel Villamar comentó que "... ´Existe una presa que necesitamos evacuar y hacemos gestiones con contribuyentes para acelerar la entrega´."
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