Chang y Compañía y Mag Alcoholes, son dos empresas que durante el mes de marzo fueron intervenidas por parte de las autoridades locales, luego que se detectara el posible delito de defraudación tributaria y aduanera.
Representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informaron que el 10 de marzo, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera ordenó la intervención de la compañía Mag Alcoholes y el 22 del mismo mes el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal ordenó la intervención del almacén Chang y Compañía.
Con el objetivo de obligar a las empresas a cumplir con el pago de impuestos sobre las ventas realizadas por canales electrónicos, a partir de junio de 2021 la SAT comenzará a utilizar una plataforma digital que analizará la información que aparece en redes sociales.
Las restricciones a la movilidad decretadas durante 2020 a causa del brote de covid19 y el cambio de hábitos de consumo, potenciaron en el mercado guatemalteco el crecimiento de las ventas online.
Luego de que se detectaran inconsistencias entre las compras reportadas por los contribuyentes y las ventas que la empresa declaraba ante la autoridad tributaria, en Guatemala inició una investigación sobre la cadena de supermercados "La Barata".
Durante la mañana del 7 de diciembre representantes del Ministerio Público (MP) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron algunos detalles sobre un nuevo caso de supuesta defraudación tributaria por parte de la cadena de tiendas "La Barata".
En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
Desde el 26 de noviembre las autoridades guatemaltecas tienen la facultad de acceder a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, por lo que ahora podrán corroborar que los ingresos bancarios de las empresas coincidan con el pago de sus impuestos.
Luego que el 25 de noviembre fuera publicada en el Diario de Centroamérica la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la cual se declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Escalas Mercantiles S.A., el cual pretendía impedir a las autoridades el acceso a la información bancaria de las empresas y personas, ha cobrado vigencia la ley que faculta a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para investigar a los contribuyentes.
Derivado de la eliminación del secreto bancario en Guatemala, el sector empresarial anuncia que estará vigilante para que se "respete el debido proceso y la confidencialidad de los contribuyentes".
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, a inicios de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión, por lo que en las próximas semanas comenzarán a regir los cambios.
Especialistas y autoridades opinan que el fallo con el que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó la suspensión que impedía el acceso con fines fiscales a información bancaria de los contribuyentes, podría revertirse con otra acción legal.
En los últimos días el tema ha cobrado mayor relevancia en el país, pues tras un año de estar suspendido el acceso a la información bancaria con fines tributarios, el pasado 6 de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva, por lo que autoriza a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que pueda revisar las cuentas de los contribuyentes.
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, en Guatemala la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión.
Para el sector empresarial guatemalteco están dadas las condiciones para que se facilite la exoneración de multas e intereses pese a ser un año electoral, pero para el gobierno, una amnistía fiscal no será una opción este año.
Ante el problema de la devolución de crédito fiscal que se ha reportado por varios años en Guatemala, empresarios opinan que es viable hacer una amnistía fiscal, pero las autoridades no la consideran, pues argumentan que no es la vía para mejorar los ingresos fiscales.
En su última visita a Guatemala el FMI advirtió que si en el país no se levanta el secreto bancario, se podría menoscabar el cumplimiento "respecto a tratados internacionales de transparencia".
Luego de la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Guatemala, el organismo internacional advirtió que revertir la disminución en la recaudación de impuestos pasa por fortalecer el control de los grandes contribuyentes, mejorar el uso de la información tributaria para reducir el incumplimiento, reasignar recursos hacia auditorías basadas en el riesgo, y reconsiderar el levantamiento del secreto bancario a efectos de auditoría tributaria.
Agroexportadores en Guatemala cuestionan la medida del fisco de embargar cuentas bancarias para recuperar impuestos no pagados, argumentando que afecta sus operaciones.
Argumentando que la medida está apegada a la ley, la Superintendencia de Administración Tributaria defiende su derecho a solicitar medidas cautelares como el embargo de cuentas bancarias para recuperar los impuestos que las empresas hayan dejado de pagar.
El monto pagado a la Superintendencia de Administración Tributaria corresponde a tributos defraudados, más multa e intereses.
El artículo en Lahora.gt reseña que el Superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano, señaló que "... Es el pago más grande que ha hecho cualquier entidad, con relación a lo que se le hayan hecho ajustes o se le haya demandado como origen de un proceso judicial con el cual se estaba dando una defraudación de impuestos o tributaria."
El superintendente de administración tributaria contradice el anuncio del ministro de finanzas y descarta una posible amnistía fiscal en el corto plazo.
Memorándum tributario sobre el reporte de inventarios para la venta al 30 de junio que deben presentar los contribuyentes ante la SAT antes del 31 de julio de 2015.
Del Memorándum Tributario de Tezó y Asociados:
El artículo 42 del Decreto No. 10-2012, y el artículo 32 de su Reglamento norman que los contribuyentes del Régimen sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas, deben reportar a la SAT las existencias en inventarios disponibles para la venta, al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año.
Calendario de pagos de obligaciones correspondientes a Abril 2015 y Memorándum Tribuitario sobre Solvencia Fiscal.
Memorándum Tributario de Tezó y Asociados:
Después de varias acciones solicitando la inconstitucionalidad del artículo 57 “A” de Código Tributario que establece la Solvencia Fiscal, esta norma está vigente, excepto el párrafo que reza “La Administración Tributaria determinará los requisitos, características y demás condiciones necesarias para su obtención.”, por haber sido declarado inconstitucional.
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