Desde el 26 de noviembre las autoridades guatemaltecas tienen la facultad de acceder a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, por lo que ahora podrán corroborar que los ingresos bancarios de las empresas coincidan con el pago de sus impuestos.
Luego que el 25 de noviembre fuera publicada en el Diario de Centroamérica la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la cual se declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Escalas Mercantiles S.A., el cual pretendía impedir a las autoridades el acceso a la información bancaria de las empresas y personas, ha cobrado vigencia la ley que faculta a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para investigar a los contribuyentes.
Derivado de la eliminación del secreto bancario en Guatemala, el sector empresarial anuncia que estará vigilante para que se "respete el debido proceso y la confidencialidad de los contribuyentes".
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, a inicios de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión, por lo que en las próximas semanas comenzarán a regir los cambios.
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, en Guatemala la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión.
Cerca de $14 millones habrían defraudado al fisco de Guatemala un grupo de personas que a través de empresas de cartón, emitían facturas falsas para simular la compra de ganado.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una lista de 150 empresas que estarían involucradas en el caso de evasión tributaria a través de la creación de entidades de fachada o de cartón.
En enero de 2017 comenzará a regir la norma que permite el levantamiento del secreto bancario mediante orden judicial a solicitud de la Superintendencia de Administración Tributaria.
El decreto 37-2016 Ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y Gobernanza para la SAT fue publicado hoy en el Diario de Centroamérica, donde se establece las fechas en que entran en vigencia cada una de las modificaciones aprobadas en la reforma.
El monto pagado a la Superintendencia de Administración Tributaria corresponde a tributos defraudados, más multa e intereses.
El artículo en Lahora.gt reseña que el Superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano, señaló que "... Es el pago más grande que ha hecho cualquier entidad, con relación a lo que se le hayan hecho ajustes o se le haya demandado como origen de un proceso judicial con el cual se estaba dando una defraudación de impuestos o tributaria."
El nuevo jerarca de la Superintendencia de Bancos pretende retomar la discusión en el Congreso del proyecto de ley que regularía el secreto bancario en el país atendiendo la fiscalización tributaria.
Con el objetivo de mejorar el control tributario la Superintendencia de Bancos (SIB) busca reformar la legislación nacional para la regulación del secreto bancario para acceder a "... Información bancaria de contribuyentes, bajo garantías de confidencialidad."
Las autoridades fiscales estiman que la recaudación de impuestos podría aumentar 8%, y del monto en que crecieran los ingresos la empresa consultora cobraría un 30%.
Aunque el concurso para la contratación de una empresa que asesore al gobierno en la gestión de los tributos no se ha realizado, ya surgen dudas en torno al costo que le representará al Estado dicha contratación.
Las medidas extraordinarias anunciadas por las autoridades tributarias se enfocarán en la revisión de retenciones, declaraciones y verificación del impuesto sobre la renta.
La verificación de declaraciones de agentes retenedores, revisión del cálculo de retención para contribuyentes con ingresos mayores a $3,886, seguimiento a omisos y verificación asidua de los casos de contribuyentes de alto interés fiscal, son parte de las medidas a aplicarse ante el déficit de $87 millones resultante en el último período de recaudación.
La Superintendencia de Administración Tributaria anunció una campaña de fiscalización a comercios en general.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) lanza el plan Presencia Fiscal Masiva, para verificar obligaciones tributarias, mediante el que 200 auditores realzarán visitas a diferentes establecimientos productivos. Lo que se pretende es comprobar que estos estén cumpliendo con sus obligaciones tributarias.
La Superintendencia de Administración Tributaria investigará el efectivo cumplimiento de los requisitos necesarios para beneficiarse de la Ley de Incentivos a la Actividad Exportadora y de Maquila, y de la Ley de Zonas Francas.
Con esto, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pretende disminuir la defraudación y evasión fiscal en el país. De acuerdo con el intendente de Aduanas, Filadelfo Reyes, darán seguimiento a 10 mil declaraciones que salieron hacia zonas francas y otros depósitos durante el primer semestre de 2013.
Mario Brol Samayoa fue sentenciado por lavado de dinero, defraudación tributaria, caso especial de defraudación tributaria y defraudación aduanera.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Brol Samayoa exportó gasolina hacia países como Taiwán, México, Honduras y El Salvador, sin pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Por esa defraudación el Estado dejó de percibir $91 millones”, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”.
En lo que va del año cien negocios ya han sido clausurados y otros 1.200 están en la mira de las autoridades debido a problemas de facturación.
El artículo de Siglo21.com.gt reseña que “el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Miguel Gutiérrez, indicó que en lo que va del año 100 negocios han sido cerrados temporalmente y por lo menos 1.200 se encuentran en observación, todos por problemas en la facturación o porque no entregan facturas a sus clientes”.
El artículo en Elperiodico.com.gt reseña que "El Presidente pidió a la Secretaría General de la Presidencia que estudiara los 202 casos de empresarios, políticos y testaferros. “El estudio de cada caso se hace, la recomendación y el criterio del Presidente ahora es que no se den [las exoneraciones]”, afirma el secretario general, Gustavo Martínez."
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