Después que en Costa Rica concluyera el diálogo multisectorial, las principales calificadoras de riesgo coinciden en que debido a que los acuerdos suscritos para reducir el déficit son insuficientes, el gobierno deberá ejecutar de forma oportuna sus políticas fiscales.
Aunque la situación fiscal de Costa Rica ya era precaria desde antes que comenzara la crisis sanitaria y económica que provocó el brote de covid19, el escenario comenzó a empeorar desde marzo de este año.
Después de que la administración Alvarado decidiera dar marcha atrás a la propuesta para negociar un préstamo de $1.750 millones con el FMI, se pronostica que el próximo año el gobierno dependerá de la deuda interna para financiar sus gastos.
Para Moody’s, Fitch y S&P, las últimas proyecciones de deuda pública y déficit fiscal del Banco Central de Costa Rica, empeoran aún más las perspectivas de la calificación de la deuda.
La semana pasada el Banco Central de Costa Rica (BCCR) difundió un informe en el que explicaba que para este año se espera que la deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) llegue a 53,8%, y para el 2019 este indicador alcance el 58,4%.