En la discusión que comenzará en Guatemala sobre el salario mínimo que regirá en 2020, los trabajadores pretenden unificar sus peticiones para que el aumento sea de entre 10% y 20%
A mediados de septiembre la Comisión Nacional del Salario (CNS) deberá recibir las propuestas de los distintos sectores de los trabajadores, para que luego sean consideradas en la decisión final.
En los últimos años el sector en Guatemala ha perdido cerca de 30 mil empleos, pues los altos costos que resultan de tener uno de los salarios mínimos más elevados de la región, ocasiona que sea más rentable sólo exportar materia prima, en vez de confeccionarla en el país.
Las cifras de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex) evidencian que en los últimos años se han perdido varios empleos en el sector, dado que entre 2006 y 2018 la industria a perdido un considerable número de puestos de trabajo, pues pasó de 82.109 a 53.636 plazas, lo que equivale a una merma de 35%.
Para los empresarios agrícolas, la propuesta para modificar el salario mínimo que se discute a nivel nacional pone en riesgo los puestos de trabajo y los ingresos de unas 500 mil personas que laboran en actividades agrícolas.
La gremial asegura que además de los 500 mil puestos de trabajo directos que podrían perderse, si se aprueba la propuesta, se pondrían en riesgo también cerca de 1 millón de empleos indirectos.
En la discusión que se procesa en Guatemala sobre salarios diferenciados se escuchan voces que desde la comodidad de sus escritorios plantean la cuestión como un todo o nada.
EDITORIAL
Juan Carlos Tefel, Director de Junta Directiva de CIG y Gerente General de Fogel, analiza con pragmatismo empresarial pero también con sensibilidad social el tema de la definición de salarios diferenciados para algunas comunidades guatemaltecas, que tienen "una alta tasa de desempleo e ingresos 'reales' muy por debajo del salario mínimo."
Preocupa la falta de definición en temas clave y comienzan a surgir dudas sobre la verdadera capacidad de ejecución de la administración Solís.
El gremio de empresas privadas critica además el no haber sido tomado en cuenta en la elaboración de la estrategia de empleo que presentará en los próximos días el presidente Solís.
Por ejemplo, sobre el tema de las tarifas eléctricas, Mario Montero, vicepresidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), señaló a Crhoy.com que "...'ya los diagnósticos sobran y hay temas en los que se deben dejar de lado los cálculos políticos y el sector quiere participar en las mesas de trabajo'...'la falta de acción nos está ahogando y postergar las decisiones 18 o 24 meses no es aceptable'."
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