Después que la Asamblea Nacional de Panamá aprobara un proyecto legislativo que fija en $4,15 por hora el salario mínimo de los trabajadores de la industria marítima, empresarios locales han manifestado su inconformidad.
El documento aprobado en tercer debate, establece en su articulado que los trabajadores de las empresas concesionarias, contratistas y subcontratistas de puertos y terminales de transporte marítimo devengarán un salario mínimo de $4,15 la hora en todo el territorio nacional, informó la Asamblea Nacional el pasado 12 de abril de 2021.
El alza promedio es de 3,3%, variando desde 1% hasta 8% según la actividad económica, y regirá a partir del 15 de enero de 2020.
En el caso del sector educación, zonas francas, hotelería, agricultura y suministro de agua el incremento será de 1%, mientras que en el área de Bocas del Toro donde operan empresas bananeras el ajuste será del 8%.
El sector empresarial de Panamá considera que si se aumenta el salario mínimo en las actuales condiciones, se generará más desempleo y aumentará la informalidad en el mercado laboral.
Ante la posibilidad de que se decrete un incremento en el salario mínimo el próximo año, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) insistió en que en el contexto de desaceleración económica, no es posible aumentar la remuneración a los trabajadores.
A partir del 1 de julio entra en vigencia el segundo incremento del salario mínimo por hora para los trabajadores de la construcción en Panamá, el cual llega en un contexto de baja considerable en la actividad del sector.
El aumento es parte de la Convención Colectiva de Trabajo CAPAC-Suntracs, que su negociación puso fin a una huelga que en 2018 duró más de 30 días. Esta alza llega en medio una caída en la construcción que desde varios meses atrás se viene registrando, pues según cifras oficiales al cierre del primer cuatrimestre de 2019 el costo de las nuevas construcciones, adiciones y reparaciones bajó 28% respecto a igual período de 2018.
El total desembolsado por el gobierno en pago de sueldos hasta el mes de octubre de 2017 fue de $321 millones, 18% más que al mismo mes de 2016.
Según el informe de la Contraloría General de la República, al mes de octubre de año pasado se registraron un total de 233.111. que se dividen en 209.173 permanentes y 23.938 eventuales. De acuerdo al sector 150.414 corresponden al Gobierno Central y 82.697 al Sector Descentralizado.
Gremios y autoridades del sector acordaron una nueva escala salarial que indica un mínimo de $700 para los Grado 1 y de $1.500 para los Grado 8.
El artículo en Diaadia.com reseña que "... Luego de seis meses de negociaciones el MINSA, la CSS y CONAGREPROTSA, firmaron el acuerdo de escala salarial que mejora sustancialmente la remuneración que reciben profesionales y técnicos de la salud, al servicio del Estado.
El sector privado pide al gobierno buscar un consenso sobre el tema entre los sectores productivos, en el contexto de una economía que pierde dinamismo.
A diferencia del último ajuste que se hizo en diciembre 2013, este año la negociación se llevará a cabo en un contexto económico y político diferente, donde elementos como la leve desaceleración en la actividad económica y las diferencias del sector privado con la administración Varela pondrán a prueba el proceso de negociación.
Los sindicalistas que lo promueven, los funcionarios que lo calculan, los gobernantes que lo decretan, no son parte de la legión de desempleados que seguramente trabajarían por menos del salario mínimo oficial.
EDITORIAL
El desempleado no tiene voz -en principio porque no paga cuota sindical- y si la tuviera no la alzaría, porque se siente carente de la dignidad necesaria para hacerlo, porque se acostumbró a adoptar una postura muy humilde en las entrevistas de trabajo. Nada empobrece más el espíritu humano que la falta de actividad remunerada de alguna manera.
Empresarios y sindicato acordaron un aumento salarial escalonado comenzando el primer año con $0,27 la hora.
Representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) suscribieron la convención colectiva vigente hasta 2017 que incluye un ajuste salarial de 98 centésimos la hora, aplicado de manera escalonada durante cuatro años, representando un 35,87%, en razón de un 9% anual.
Viviendas más caras y una contracción de la economía verán los panameños si las empresas del sector aceptan las exigencias del sindicato, que se mantiene en paro.
Aunque ambas partes retomaron las conversaciones en la mañana del viernes 25 de abril, la posibilidad de llegar a un acuerdo aún parece lejana, pues el sindicato mantiene su exigencia de incrementar los salarios un 107% en los cuatro años del nuevo convenio colectivo.
Aunque las empresas están dispuestas a hacer ajustes de 2% a 4% en los tres años que rige la nueva Convención Colectiva, el sindicato quiere más.
El 23 de abril podrían paralizar las labores del sector si empresas y sindicalistas no logran un acuerdo que satisfaga a la gremial de trabajadores.
Erasmo Cerrud, subsecretario del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) y jefe negociador por los trabajadores, indicó a Prensa.com "que la industria de la construcción tiene inversiones por 15 mil millones de dólares, y que los salarios que ganan los obreros no reflejan el incremento en el costo de la vida."
Sindicato y gremial empresarial acordaron continuar las negociaciones, lo que pospone por 20 días la amenaza de la huelga general.
Se estiman en más de $9 millones las pérdidas que sufriría diariamente el sector construcción panameño en caso de concretarse la huelga general de los trabajadores, que exigen, entre otras cosas, que se establezca una sola escala salarial a nivel nacional.
Tras semanas de conflicto, las partes ponen fin a las conversaciones y dejan en manos del Ministerio la resolución.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) han confirmado que será el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) quien debe mediar entre las dos partes, una vez que la ronda de negociaciones se ha suspendido.
Exigen reducir la jornada a 40 horas por semana pero con pago de 45 horas y que las empresas asuman costos de transporte y alimentación.
Los trabajadores de la construcción exigen reducir su jornada laboral a 40 horas semanales, pero con el pago correspondiente a 45 horas laborales. Además, pretenden que las empresas asuman el pago de alimentación de los empleados, de transporte y que les entreguen 5 uniformes dos veces al año.
Ante la falta de acuerdo entre empresarios y trabajadores será el Gobierno quien fije el salario mínimo que regirá a partir de enero de 2014.
El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) había propuesto elevar el tope del salario mínimo de $490 a $735.
Por su lado, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) afirmó que “esta propuesta originaba un desbalance, lo que incrementará los costos operativos de las empresas y, consecuentemente, conllevará a un aumento de precios de los productos o servicios, y la pérdida de puestos de trabajo”, reseña el artículo de Prensa.com.
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