El presidente Ricardo Martinelli anunció para antes de fin de año las concesiones de prospección y exploración de petróleo y gas natural.
El artículo en Laestrella.com.pa reseña que "El presidente se refirió al tema al hablar también sobre el interés que tiene su administración para conseguir que más empresas se interesen en invertir en la producción de azúcar y de etanol en su Panamá."
En caso de ganar las próximas elecciones presidenciales, Juan Carlos Varela dispondría la auditoría de todas las concesiones otorgadas durante la administración Martinelli.
EDITORIAL
El anuncio del principal candidato opositor para las elecciones presidenciales en Panamá de mayo del 2014, el ex vicepresidente Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista, uno de los candidatos con mayores posibilidades de ser electo, puede significar un duro golpe en la percepción internacional del país como receptor de inversiones, poniendo un signo de interrogación sobre la certeza jurídica de los contratos firmados por el Estado.
El presidente Martinelli anunció que el proyecto de ley 349 que crea el régimen de Asociación Pública Privada será enviado a la Concertación Nacional para el Desarrollo para que sea más ampliamente discutido.
El anuncio fue visto con buenos ojos por dirigentes médicos que mantienen desde el pasado 20 de octubre un paro de labores en represalia al nuevo proyecto.
Las concesiones para construir represas en los ríos de Chiriquí se otorgaron, en general sin pagar canon alguno, por un plazo mínimo de 50 años.
Luego, la llegada del mexicano Carlos Slim y su interés por hacer negocios en el sector, ofertando casi $32 millones por dos de esas concesiones, dio comienzo a la "fiebre de las hidroeléctricas", generando un mercado secundario entre concesionarios y empresarios que deseaban participar del negocio.
Las negociaciones que inicialmente eran por la compra del 51% de las acciones del Corredor Norte PYCSA, ahora se centran en la compra total.
"Recientes conversaciones entre el presidente, Ricardo Martinelli, y los propietarios de la empresa Pycsa Panamá han provocado este nuevo giro en las negociaciones, que incluiría el compromiso de los empresarios mexicanos de aceptar bonos que emitiría la futura Empresa Nacional de Autopistas (ENA), como pago por la concesión.", reseña Prensa.com
El Gobierno anunció la compra del Corredor Sur operado por la empresa ICA y el 51% de las acciones del Corredor Norte operado por PYCSA.
El Corredor Sur operado por la empresa mexicana Ingeniero Civiles & Asociados (ICA) se compró en un monto de $420 millones y el 51% de las acciones del Corredor Norte operado por Proyectos y Construcciones S.A. (PYCSA) en $280 millones.
Frente a las negociaciones del Gobierno con los operadores portuarios, la Asamblea ha puesto en espera la aprobación de la nueva ley.
José Blandón, presidente de la Comisión de Hacienda señaló "... que estas negociaciones podrían significar la introducción de reformas al proyecto original."
"Los operadores portuarios rechazaron desde el primer momento la propuesta del Ejecutivo.
El Gobierno de Panamá informó que proseguirá con la toma de las concesiones que no han sido autorizadas por la Ley.
Luego de recuperar el relleno marino del Grupo F. el pasado martes, el Gobierno panameño comunicó que continuará con este tipo de acciones con las empresas que no estén cumpliendo sus obligaciones con el Estado.
De acuerdo a Prensa.com, la portavoz del Gobierno, Judy Meana, "Dijo que si las empresas cumplen con sus obligaciones, y se ponen al día en los pagos, no van a tener ningún problema. 'La ley de equiparación no tiene nombre ni apellido', informó."
El proyecto de ley dejaría sin efecto las equiparaciones de los contratos de concesión otorgados por el Estado en la última década.
El Gobierno de Martinelli presentará hoy a la Asamblea Nacional de Panamá su primer proyecto de ley, el cual, además de suprimir las equiparaciones de los contratos de concesión, incluye "que las empresas no podrán retrasarse en el pago del canon por más de tres meses.
El sector generación hidroeléctrica en Panamá es una hirviente olla donde se cocinan decenas de proyectos, aderezados con fracasos y especulación.
89 solicitudes de concesión en trámite, 43 proyectos con permisos denegados o cancelados por sus promotores, otros 31 en distintas fases de diseño o construcción. De los 2.300 millones de dólares que suman todas esas intenciones, lo más probable es que solamente la mitad se concreten algún día.
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