Después que se emitiera una resolución de reordenamiento de la banda 700 MHz, Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y la Procuraduría de los Derechos Humanos, presentaron recursos de revocatoria ante la Superintendencia de Telecomunicaciones.
La polémica se originó, luego que en 2019 la empresa Comunicaciones Celulares S.A. comprara a Albavisión títulos de usufructos que están inmersos en la banda 700Mhz.
Diputados del Congreso guatemalteco piden que sea derogado el acuerdo que regula la comercialización de antibióticos y esteroides oftalmológicos, aprobado recientemente por el Poder Ejecutivo.
La discordia entre representantes del Legislativo y el Ejecutivo comenzó luego de que el 7 de agosto de 2019 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aprobara el Acuerdo 181-2019, que estipula que los medicamentos antimicrobianos (antibióticos de vía oral y parenteral) y esteroides oftalmológicos, deberán venderse con receta médica. Ver acuerdo completo.
La forma en que el Congreso de Guatemala aprobó las reformas al Código Penal, "sugiere que su objetivo pudiera ser asegurar la impunidad en el país y con ello retroceder en la lucha por un verdadero y efectivo Estado de Derecho."
Aunque el presidente Morales aseguró estar listo para analizar las reformas aprobadas y vetarlas si resultan ser "nocivas para el pueblo de Guatemala", el solo hecho de que el Congreso las haya aprobado con tanta celeridad y simpleza, refleja la delicada crisis política que vive el país.
El precio del maíz sigue subiendo en Guatemala, alcanzando los Q175 ($22.5) el quintal.
Este es el mayor precio en registro desde 2007 y según Luis Enrique Monterroso, de la unidad de alimentos de Procuraduría de los Derechos Humanos, "es una evidencia de que no es un proceso especulativo, sino que es el impacto de las pérdidas reales de la cosecha del 2010".
Alrededor de 8.000 ONGs que manejan fondos del estado deberán proporcionar datos de sus estados financieros.
El próximo martes entrará en vigor la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que obligará a estas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), a rendir cuentas si la ciudadanía así se lo requiere.
Según publica Prensalibre.com, entre estas ONGs hay "...comités, patronatos, asociaciones, empresas y organizaciones que manejan fondos fuera del Estado."