La empresa Oceana Gold pagó los $8 millones que debía por el arbitraje internacional que perdió frente al Estado salvadoreño y anunció que no tiene planes de continuar realizando actividades mineras en el país.
Con el pago de $8 millones más intereses se pone fin al litigio que comenzó años atrás entre Pacifi Rim, ahora Oceana Gold, y el Estado salvadoreño.
La Fiscalía inmovilizó inmuebles, vehículos y cuentas bancarias de la empresa, debido a que aún no ha pagado los $8 millones más intereses derivados del arbitraje internacional que perdió frente al Estado salvadoreño.
Del comunicado de la Fiscalía General de El Salvador:
La Fiscalía General de la República logró que se inmovilizaran inmuebles, vehículos y cuentas bancarias propiedad de la empresa minera Oceana Gold, antes Pacific Rim, por el impago de las costas procesales al Estado de El Salvador, derivadas de un arbitraje internacional promovido por la empresa minera ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés), que ha perdido y ha sido condenado a pagar ocho millones de dólares por los gastos en los que ha incurrido el país.
Un nuevo fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones obliga a la minera OceanaGold a pagar intereses sobre los $8 millones que debe al Estado salvadoreño.
Del comunicado de la Fiscalía General de la República:
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés) notificó que la empresa minera Oceana Gold (antes Pacific Rim) debe pagar intereses al Estado de El Salvador sobre las costas procesales adeudadas por mencionada trasnacional.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones falló a favor de El Salvador en el conflicto con la minera OceanaGold, propietaria de la mina de oro El Dorado.
Del comunicado de OceanaGold:
Melbourne, OceanaGold Corporation (TSX / ASX / NZX: OGC) (la "Compañía") ha sido informada de que el tribunal de arbitraje constituido por el Centro Internacional del Banco Mundial para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("CIADI") ha fallado a favor del Gobierno de El Salvador (el "Gobierno") en su disputa con una
Empresas del sector señalan las condiciones geológicas favorables para la actividad en el país y abogan porque se levante la suspensión de concesiones que rige desde 2009.
Las empresas dedicadas a la exploración y explotación minera apoyan su argumento en las nuevas formas en que se desarrolla la actividad ahora, diferenciando las técnicas de minería artesanal de antes con la minería moderna.
Centroamérica debe tomar nota de que el gobierno canadiense se aleja de posturas ambientalistas y promueve y defiende los intereses de las inversiones de sus empresas minera en otros territorios.
El gobierno salvadoreño pretende lograr apoyos en Canadá en su litigio contra Oceana Gold, la empresa de capitales australianos y canadienses que comprara Pacific Rim, que había demandado al El Salvador por $301 millones porque no lo otorgaron los permisos para explotar una mina de oro en el Norte del país.
El arbitraje entre el Estado salvadoreño y la minera Pacific Rim está en sus etapas finales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
La minera canadiense había sido autorizada a explotar la mina El Dorado en el año 2002, durante la administración del presidente Francisco Flores, pero su sucesor Antonio Saca anunció -y cumplió- que no autorizaría ningún proyecto minero, posición que también mantuvo el actual presidente Mauricio Funes.
El reclamo de la minera Pacific Rim contra el gobierno salvadoreño debe ser resuelto por la jurisdicción local, y no por la prevista en el DR-CAFTA.
Un panel de arbitraje del Banco Mundial falló que la empresa canadiense Pacific Rim “no tenía y no tiene actividades sustanciales en Estados Unidos” para llevar su caso contra el Estado de El Salvador bajo los mecanismos de solución de controversias del DR-Cafta.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones desestimó la demanda interpuesta por Commerce Group.
En la demanda interpuesta bajo los términos del CAFTA, Commerce Group, alegaba que el Gobierno, en el 2006, sin justificación, revocó los permisos que se le habían extendido para la explotación de las minas San Sebastián y San Cristóbal y que en 2008 se les negó una solicitud de extender sus permisos de explotación en las minas Nuevo San Sebastián y Nueva Esparta.
El litigio entre la minera Pacific Rim y el gobierno de El Salvador se decidirá según las normas del CAFTA y no las leyes de minería del país.
Inicialmente Pacific Rim tenía un permiso para exploración minera cerca del el río Lempa, y requería de un permiso de explotación para poner a funcionar la operación minera, que requeriría uso intensivo de agua del río, potencialmente comprometiendo el recurso hídrico para los habitantes de la zona.
La empresa Commerce Group interpuso la demanda ante la negativa de El Salvador de otorgarle permisos de operación.
Esta demanda presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ISCID), dependencia del Banco Mundial, se suma a la interpuesta en junio pasado por la minera Pacific Rim.
La periodista Keny López escribe para Elsalvador.com: "Commerce Group alega que el 13 de septiembre de 2006 el Gobierno de El Salvador, sin justificación o anuncio previo, revocó los permisos de la compañía que había extendido por la explotación de las minas San Sebastián (La Unión) y San Cristóbal (San Miguel) para extraer oro y plata. Agrega que en 2008 el Gobierno les negó una solicitud de extender sus permisos de explotación en las minas Nuevo San Sebastián y Nueva Esparta (ambas entre La Unión y Morazán)."
El Presidente de la República declaró que no otorgará los permisos de explotación minera a la empresa Pacific Rim.
En un artículo de Laprensagrafica.com, Keny López Piche escribe: “Mientras Elías Antonio Saca esté en la presidencia, no otorgará ni un tan solo permiso, (para la explotación minera) ni siquiera permisos ambientales, que son previos a los que otorga el Ministerio de Economía”, declaró el mandatario en una llamada que realizó a una radio católica que en ese momento transmitía un programa sobre las consecuencias de la minería en el país."