Después que se ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para la reanudación de operaciones de la Mina San Rafael, en Guatemala, las autoridades convocaron a nueve instituciones para que participen en la primera reunión de la mesa de pre consulta.
Derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en septiembre de 2018, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Pese a que en Guatemala el derecho de operación de la mina El Escobal fue otorgado en ley, el proyecto cumple dos años de estar paralizado, situación que hace inviable futuras inversiones en el país.
Los inconvenientes para las operaciones de Minera San Rafael datan de 2017, cuando en mayo de ese año el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
Pan American Silver llegó a un acuerdo para adquirir las acciones de la canadiense Tahoe Resources, convirtiéndose así en la propietaria del proyecto Mina San Rafael, en Guatemala.
Sin dar detalles sobre el monto de la transacción, se informó que el acuerdo entre ambas empresas fue aprobado el 8 de enero de 2019 y se prevé que se concrete el próximo 26 de febrero.
Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
Después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para reanudar la operación de la Mina San Rafael, la empresa ahora reclama que los plazos del proceso no son claros.
Ante las dudas que existen sobre el plazo que tiene el gobierno para completar el proceso de consulta comunitaria, la empresa minera decidió realizar otro recorte de personal, dado que se desconoce cuánto tiempo pasará antes de que puedan reanudar las operaciones de la mina, paralizadas desde el 3 julio de 2017.
Luego de que se ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para la reanudación de operaciones de la Mina San Rafael, en Guatemala, las autoridades esperan que la sentencia quede en firme para iniciar el proceso de preconsulta.
Después de más de 300 días a la espera de una decisión de las autoridades, derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la semana pasada, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Finalmente la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se manifestó sobre la operación de Minera San Rafael, que ha estado paralizada por más de un año, ordenando realizar una consulta comunitaria como requisito para reanudar operaciones.
El proyecto está paralizado desde mediados de 2017, cuando la organización ambientalista Calas presentó una acción de amparo en contra de la mina, argumentando que el Ministerio de Energía y Minas no había realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias de operación.
En Guatemala la empresa Minera San Rafael, cuyas operaciones siguen paralizadas a la espera de un fallo definitivo de la Corte de Constitucionalidad, anunció el despido de otros 200 empleados.
La demora de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala sigue pasándole factura a la empresa minera, que ya lleva más de 400 días sin poder operar.
El vicepresidente de la compañía Tahoe Resources y director general de Minera San Rafael, Dave Howe, dijo a Elperiodico.com.gt que " ... 200 trabajadores más han sido despedidos. Con este tercer recorte, dijo, suman ya 703 familias las que han tenido que sufrir las consecuencias de este retardo –judicial en la CC–."
A un año de la suspensión de las operaciones del proyecto minero El Escobal, en Guatemala, la empresa aún sigue a la espera del fallo judicial definitivo de la Corte de Constitucionalidad.
En mayo de 2018 el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
En medio de bloqueos de residentes de la zona, la empresa que opera la mina Escobal en Guatemala intenta normalizar su actividad, luego de haber obtenido el aval legal para hacerlo.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala otorga el amparo a favor del grupo ambientalista que reclamó la falta de consulta a la comunidad de la zona, pero le permite a la empresa minera reanudar los trabajos.
La condición es que el Ministerio de Energía y Minas deberá realizar la consulta comunitaria que establece el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.
La Corte Constitucional confirmó la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en junio pasado suspendió las licencias de operación de la mina Escobal, en manos de Minera San Rafael.
En su resolución, la Corte Constitucional argumentó que "...cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó las operaciones, negó la existencia de la agrupación xinca y no les consultó sobre los trabajos que harían."
Un fallo de la Corte Constitucional denegó un recurso de amparo presentado por pobladores de Santa Rosa que pedía la anulación de la licencia de operación de la mina.
El artículo en Republica.com.gt reseña que "... La resolución también pide a las autoridades dar seguimiento a la vigilancia respectiva a todas las empresas que se dedican a la minería para mantener los controles de calidad en el agua.
La minera San Rafael aportará 5% en regalías a los departamentos de Santa Rosa y Japala, para dejar más de $80 millones anuales en impuestos y utilidades al país.
Después de varios meses de conflictos la minera San Rafael, que se espera comience a explotar minerales a finales de este año, y estos dos departamentos llegaron a un acuerdo.
“La comuna de San Rafael Las Flores recibirá unos $8 millones al año, y $3 millones las de Santa Rosa, Jalapa, Barberena, Casillas, Cuilapa, San Carlos Alzatate, Santa Cruz Naranjo y Santa Rosa de Lima”, reseña el artículo de Prensalibre.com.
La Compañía Guatemalteca de Níquel, S.A. y Minera San Rafael S.A. fueron habilitadas para el ejercicio de explotación minera controlada en dos sectores del país.
De la nota de prensa publicada por el Ministerio de Energía y Minas del Guatemala (MEM):
Esta mañana (ayer) autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) notificaron el otorgamiento de dos Licencias de Explotación Minera identificadas como SEXT-015-11 ESCOBAL de MINERA SAN RAFAEL, S.A. y SEXT-019-11Proyecto de Explotación Minero Niquegua MONTÚFAR II de la Compañía Guatemalteca de Níquel, S.A.