Pan American Silver llegó a un acuerdo para adquirir las acciones de la canadiense Tahoe Resources, convirtiéndose así en la propietaria del proyecto Mina San Rafael, en Guatemala.
Sin dar detalles sobre el monto de la transacción, se informó que el acuerdo entre ambas empresas fue aprobado el 8 de enero de 2019 y se prevé que se concrete el próximo 26 de febrero.
Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
Después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para reanudar la operación de la Mina San Rafael, la empresa ahora reclama que los plazos del proceso no son claros.
Ante las dudas que existen sobre el plazo que tiene el gobierno para completar el proceso de consulta comunitaria, la empresa minera decidió realizar otro recorte de personal, dado que se desconoce cuánto tiempo pasará antes de que puedan reanudar las operaciones de la mina, paralizadas desde el 3 julio de 2017.
Luego de que se ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para la reanudación de operaciones de la Mina San Rafael, en Guatemala, las autoridades esperan que la sentencia quede en firme para iniciar el proceso de preconsulta.
Después de más de 300 días a la espera de una decisión de las autoridades, derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la semana pasada, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Finalmente la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se manifestó sobre la operación de Minera San Rafael, que ha estado paralizada por más de un año, ordenando realizar una consulta comunitaria como requisito para reanudar operaciones.
El proyecto está paralizado desde mediados de 2017, cuando la organización ambientalista Calas presentó una acción de amparo en contra de la mina, argumentando que el Ministerio de Energía y Minas no había realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias de operación.
En Guatemala la empresa Minera San Rafael, cuyas operaciones siguen paralizadas a la espera de un fallo definitivo de la Corte de Constitucionalidad, anunció el despido de otros 200 empleados.
A un año de la suspensión de las operaciones del proyecto minero El Escobal, en Guatemala, la empresa aún sigue a la espera del fallo judicial definitivo de la Corte de Constitucionalidad.
En mayo de 2018 el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
En medio de bloqueos de residentes de la zona, la empresa que opera la mina Escobal en Guatemala intenta normalizar su actividad, luego de haber obtenido el aval legal para hacerlo.
La Corte Constitucional confirmó la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en junio pasado suspendió las licencias de operación de la mina Escobal, en manos de Minera San Rafael.
En su resolución, la Corte Constitucional argumentó que "...cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó las operaciones, negó la existencia de la agrupación xinca y no les consultó sobre los trabajos que harían."
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