Luego de reconocer los graves problemas de liquidez que enfrenta, el gobierno anunció que tomará prestados otros $1.000 millones para un opíparo almuerzo que otros deberán pagar mañana.
Los $1.000 millones que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) venía negociando desde mayo con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) para fortalecer sus reservas entrarían en Octubre de este año, según anunciaron las autoridades del BCCR.
El presupuesto proyectado por el gobierno de Costa Rica para el 2017 es el resultado de un ejercicio aritmético, donde la voluntad política de la administración Solís apenas se reduce al mantenimiento y aumento de las prebendas de las corporaciones estatales dominantes.
EDITORIAL
Escandalosa podría ser la mejor palabra para describir la magnitud del incremento de 12% que se recetó la administración Solís Rivera para el presupuesto público de 2017. El aumento de 12% no solo supera con creces la inflación proyectada para ese año, sino que es desproporcionado y alejado de la realidad, considerando el grave y urgente problema fiscal que afronta el país.
Como en los antiguos hogares patriarcales, si hay que sufrir, primero que sufran los entenados, y recién después, y solamente si es muy necesario, que sufran también los hijos legítimos.
EDITORIAL
El anuncio de la administración Solís de que tiene un plan B para el caso de no lograr la aprobación legislativa del aumento de impuestos que propuso para enfrentar el grave y creciente déficit fiscal, pone en evidencia la existencia en Costa Rica de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
El gobierno de China anunció que no comprará los $1.000 millones en bonos de deuda ofrecidos por Costa Rica, acotando seriamente el margen de maniobra de la administración Solís para gestionar su creciente déficit fiscal.
La falta de condiciones políticas para implementar un mayor control del gasto estatal y para lograr la aprobación de un paquete fiscal que comience a poner en orden las finanzas del Estado, impide que organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial o el FMI presten dinero a Costa Rica, por lo que, al desaparecer como opción la venta de bonos al gobierno chino, el de Costa Rica deberá recurrir al mercado interno en busca de fondos, lo que inevitablemente presionará al alza el costo del dinero para todas los sectores, incluyendo los productivas.
"Hay muchas maneras de definir populismo, pero tal vez la más exacta sea que es una forma de demagogia social y económica que sacrifica el futuro de un país a favor de un presente efímero" - Mario Vargas Llosa
EDITORIAL
A trancas y barrancas, el presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica dio por aprobado el presupuesto estatal para el año 2015, luego de que una mayoría de legisladores votara en contra, en ejercicio de arbitrariedad supuestamente amparada en un vacío legal sobre el tema. Previamente, la Asamblea había rechazado tres distintas mociones que contenían recortes en los gastos previstos en el presupuesto, incluida una generada desde el mismo Ministerio de Hacienda.
Moody´s le quitó al país la calificación "grado de inversión", señalando el aumento del gasto público e incapacidad política para implementar una reforma fiscal.
Del comunicado de Moody's:
Nueva York, 16 de septiembre 2014 - Moody's Investors ha rebajado hoy la calificación de bonos del gobierno de Costa Rica a Ba1 desde Baa3. La agencia también ha cambiado la perspectiva de negativa a estable.
Las actuales condiciones del mercado de dinero son diferentes a las del 2013 y el financiamiento del gobierno en el exterior ya no es la mejor opción.
La realidad es que la entrante administración de Luis Guillermo Solís está entre la espada y la pared, no solo porque el financiamiento en el exterior ha aumentado notoriamente su costo, sino porque captar los recursos que necesita en el mercado local traería consecuencias negativas sobre inflación y tipo de cambio. A ello se agrega la muy fresca promesa de campaña de no aumentar impuestos durante los dos primeros años de mandato, lo que implica que no habrá un aumento sustancial de ingresos que compense el creciente déficit fiscal.
Los principales partidos políticos que disputarán la próxima elección presidencial y legislativa señalan la necesidad de una reforma tributaria.
Johnny Araya, candidato del Partido Liberación Nacional, considera que se debe “crear la Agencia Nacional Tributaria (ANT), para mejorar la recaudación, como órgano desconcentrado de Hacienda, con un régimen especial de contratación.