El estancamiento del proyecto de una refinería podría ser la causa de la pérdida de interés de China en Costa Rica, que tiene detenidos el desembolso de $24 millones "regalados", la compra de $1.000 millones en bonos costarricenses, el desarrollo de un polo industrial, y la ampliación de una carretera.
EDITORIAL
El viraje diplomático de Costa Rica que privilegió a la China continental sobre Taiwán -en contraposición a todos sus vecinos centroamericanos- prometía una inyección de inversiones y desarrollo chinos en el país, en infraestructura pública, en energía, y en centros de manufactura.
Un decreto ejecutivo prohíbe el desarrollo de proyectos hidroeléctricos con capacidad superior a 500 MW en el cauce de los ríos Pacuare y Savegre por los próximos 25 años.
Del comunicado de Presidencia de Costa Rica:
Gobierno decretó salvaguarda ambiental de 25 años para ríos Pacuare y Savegre
- Prohíbe proyectos hidroeléctricos de 500 kilowats o más
El presidente Solís rechazó la posibilidad de aprovechar la energía geotérmica en parques nacionales señalando su explotación como "innecesaria".
Mientras está aún en pleno trabajo la mesa nacional de diálogo sobre energía que supuestamente informará al gobierno y la opinión pública sus conclusiones en el próximo mes de marzo, el presidente Solís ya descartó la explotación de energía geotérmica en áreas protegidas.
Quienes resultan electos para desempeñar cargos ejecutivos como la Presidencia de la República, deben ser EJECUTIVOS, y no escudar su responsabilidad en la toma de decisiones, apelando a asambleas deliberantes.
EDITORIAL
En Costa Rica la energía, específicamente la eléctrica, se ha convertido desde hace varios años, en tema continuamente presente en la agenda de empresarios y gobernantes, por su impacto negativo -por su elevado costo- en la competitividad del país. En la última campaña electoral, la forma de abordar este tema marcó diferencias entre los candidatos, y seguramente definió el voto de muchos electores. Es un tema urgente que requiere toma de decisiones urgentes.
Mientras renegocia un préstamo para construir una refinería de petróleo, el presidente Solís decreta extender la moratoria a la exploración y explotación de petróleo por seis años más.
Mientras el sector privado lamenta la pérdida de competitividad que generan los altos costos de la electricidad y la falta de propuestas para solucionar el problema de suministro de energía que afecta al país, el gobierno decide extender por seis años más la prohibición de realizar todo tipo de actividad petrolera en el país, alegando falta de información sobre los efectos de la actividad para el medio ambiente.
La acrecida izquierda política de Costa Rica propone que la factura del petróleo que se gaste ahora, sea pagada en el futuro por otras generaciones.
EDITORIAL
Propuesta por la fracción legislativa del partido Frente Amplio, una eventual adhesión de Costa Rica a la alianza petrolera creada por Venezuela, no bajará los precios del combustible de forma automática, sino que, por la forma en que funciona el acuerdo, implicará financiar las compras de petróleo a un costo apenas un poco mejor que el costo actual, para simplemente seguir aumentando la deuda del Estado, sin mencionar las implicaciones políticas que podría tener una relación tan estrecha con el gobierno de Venezuela.
La estatal eléctrica pretende archivar los proyectos de ley de reforma del sector energía mientras la comisión designada por el presidente Solís se toma 18 meses sólo para analizar la matriz energética del país.
Luego de que el gobierno de Solís anunciara la creación de una comisión que se tomará un año y medio solo para diagnosticar los problemas del sector energía en el país, el Instituto Costarricense de Electricidad pide que mientras la comisión busca esas soluciones, se archiven tres proyectos de ley de reforma del sector que estudia la Asamblea Legislativa.
El presidente electo anunció que si es necesario cambiará el criterio restrictivo de la generación por privados que mantiene su Partido Acción Ciudadana.
Hasta ahora el Partido del recién electo mandatario postulaba la restricción de generación de energía eléctrica por parte de empresas privadas a un máximo del 15% del total generado a nivel nacional.
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