La ausencia de una política de gestión de residuos de largo plazo impide aprovechar un sector que podría generar importantes oportunidades de negocios.
El Editorial de Nacion.com señala que "...Las razones que explican este letargo, ante un problema que está a punto de desbordarnos y que podría ser una importante fuente de ingresos, van desde el financiamiento hasta la ausencia de alternativas tecnológicas.
Preocupa la falta de definición en temas clave y comienzan a surgir dudas sobre la verdadera capacidad de ejecución de la administración Solís.
El gremio de empresas privadas critica además el no haber sido tomado en cuenta en la elaboración de la estrategia de empleo que presentará en los próximos días el presidente Solís.
Por ejemplo, sobre el tema de las tarifas eléctricas, Mario Montero, vicepresidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), señaló a Crhoy.com que "...'ya los diagnósticos sobran y hay temas en los que se deben dejar de lado los cálculos políticos y el sector quiere participar en las mesas de trabajo'...'la falta de acción nos está ahogando y postergar las decisiones 18 o 24 meses no es aceptable'."
Mientras renegocia un préstamo para construir una refinería de petróleo, el presidente Solís decreta extender la moratoria a la exploración y explotación de petróleo por seis años más.
Mientras el sector privado lamenta la pérdida de competitividad que generan los altos costos de la electricidad y la falta de propuestas para solucionar el problema de suministro de energía que afecta al país, el gobierno decide extender por seis años más la prohibición de realizar todo tipo de actividad petrolera en el país, alegando falta de información sobre los efectos de la actividad para el medio ambiente.
La ampliación de la carretera a Limón y la construcción de una refinería en Moín, ambos con financiamiento del gobierno chino, serán renegociados por la administración Solís.
Dos grandes proyectos de obras de infraestructura que iniciaron en la administración Chinchilla están siendo analizadas ahora por el gobierno de Solís, debido a las críticas que han surgido contra las condiciones que impone el gobierno chino para otorgar los $395 millones para la ampliación de la carretera de San José a Limón.
La acrecida izquierda política de Costa Rica propone que la factura del petróleo que se gaste ahora, sea pagada en el futuro por otras generaciones.
EDITORIAL
Propuesta por la fracción legislativa del partido Frente Amplio, una eventual adhesión de Costa Rica a la alianza petrolera creada por Venezuela, no bajará los precios del combustible de forma automática, sino que, por la forma en que funciona el acuerdo, implicará financiar las compras de petróleo a un costo apenas un poco mejor que el costo actual, para simplemente seguir aumentando la deuda del Estado, sin mencionar las implicaciones políticas que podría tener una relación tan estrecha con el gobierno de Venezuela.
La estatal eléctrica pretende archivar los proyectos de ley de reforma del sector energía mientras la comisión designada por el presidente Solís se toma 18 meses sólo para analizar la matriz energética del país.
Luego de que el gobierno de Solís anunciara la creación de una comisión que se tomará un año y medio solo para diagnosticar los problemas del sector energía en el país, el Instituto Costarricense de Electricidad pide que mientras la comisión busca esas soluciones, se archiven tres proyectos de ley de reforma del sector que estudia la Asamblea Legislativa.
El movimiento respondería a la menor volatilidad del tipo de cambio que se aprecia desde el inicio de la administración Luis Guillermo Solís el 1 de mayo de este año.
De 13 colones a 10 colones se redujo el margen entre la compra y la venta de dólares en las ventanillas de las entidades financieras en los últimos ocho días, luego de varias semanas de intervenciones constantes del Banco Central en el mercado mayorista de divisas, movimientos que el mercado interpretó como esfuerzos para darle estabilidad al precio del dólar frente al colón y evitar que subiera más allá de lo considerado adecuado por las autoridades del Central.
Dejando en claro que sus políticas de comercio internacional serán más proteccionistas que las de gobiernos anteriores, la administración Solís puso paños fríos al trámite de adhesión al grupo conformado por México, Colombia, Perú y Chile.
EDITORIAL
Este tema ya marca netas diferencias al interior del equipo de gobierno del Presidente Luis Guillermo Solís.
El nuevo presidente Solís busca en su gira por Estados Unidos despejar las incertidumbres sobre el rumbo económico del país y el tratamiento que se le dará a las inversiones extranjeras.
El artículo en Estrategiaynegocios.net reseña que el presidente Luis Guillermo Solís señaló que "... llevaría un mensaje de que Costa Rica continúa siendo un destino confiable para las inversiones extranjeras pese a las recientes pérdidas de inversiones de Intel y Bank of America."
Importadores denuncian que el sistema digital "Regístrelo" no funciona bien y que tampoco es posible realizar los trámites de forma manual, generándose retrasos de hasta cinco meses en el proceso.
Aunque en el anuncio oficial de la implementación de la nueva plataforma se enfatizó que uno de sus beneficios era la reducción de los plazos, el sector importador critica que se están dando retrasos de hasta cinco meses en los procesos de registros sanitarios otorgados por el Ministerio de Salud. A lo anterior se agrega que el sistema fue establecido como obligatorio, que no se aplicó un período de perfeccionamiento de su funcionamiento y que ahora no existen otros instrumentos oficiales para realizar los registros de productos.
El Puente Santa Fé, construido en Nicaragua sobre la naciente del Río San Juan a 5 kilómetros de la frontera con Costa Rica, no se inaugurará mientras siga la confrontación entre ambos gobiernos.
Con 362 metros de largo y 40 metros de altura, el Puente Santa Fé insumió una inversión de $30 millones con fondos donados por el Gobierno del Japón.
Al mismo tiempo que el puente, Nicaragua construyó una carretera que recorre la costa Sur del Río hasta concluir en la frontera con Costa Rica, lo que facilitaría que las exportaciones de la zona central del país puedan salir en esa dirección hacia Puerto Limón en Costa Rica, además de la entrada y salida de nicaragüenses hacia el país vecino del Sur.
Los gobernantes deben tener presente que un porcentaje demasiado grande de sus pueblos no sacia su hambre comiendo soberanía sino solamente arroz y frijoles.
- Pareciera que el interés actual del presidente electo de Costa Rica es mantener lo más alta posible la tensión con Nicaragua.
EDITORIAL
Es indudable que cualquier gesto de acercamiento con el gobierno del Presidente Ortega conllevaría costos políticos para Luis Guillermo Solís, próximo presidente de Costa Rica. Pero es claro que era éste - el inicio de su gestión- el mejor momento para hacer ese gesto, propiciando el alivio de la tensión por el litigio fronterizo en la zona caribeña.
El presidente electo anuncia como prioridad de su gobierno la recuperación de la infraestructura vial del país, que requiere de inversiones superiores a los $10 mil millones.
Costa Rica tiene un rezago de 20 años en la ejecución de las obras de infraestructura vial necesarias para acompañar el desarrollo del país.
Con una geografía que requiere de muchos puentes, tiene muchos menos de los necesarios, y esos pocos puentes están viejos, son demasiado angostos y no se les hace mantenimiento. Las carreteras no dan abasto para el vertiginoso crecimiento del parque automotor y no satisfacen las necesidades de los sectores productivos, provocando pérdida de competitividad con la región y el mundo. El transporte urbano en la región metropolitana alrededor de la capital San José es pésimo, requiriendo de soluciones urgentes en términos de transporte colectivo.
Fitch Ratings advierte que la fragmentación política que enfrentará el nuevo gobierno en el Congreso dificultará la corrección del problema fiscal que afecta al país.
La agencia calificadora también resaltó como un inconveniente el hecho de que "aún no está totalmente clara la forma en que el presidente electo Solís abordará el problema fiscal".
"El deterioro fiscal implica desafíos para estabilizar la carga presupuestaria y la capacidad de las autoridades para responder a los choques externos que puedan venir en el futuro, los cuales podrían erosionar el clima de negocios y la confianza del consumidor".
Las actuales condiciones del mercado de dinero son diferentes a las del 2013 y el financiamiento del gobierno en el exterior ya no es la mejor opción.
La realidad es que la entrante administración de Luis Guillermo Solís está entre la espada y la pared, no solo porque el financiamiento en el exterior ha aumentado notoriamente su costo, sino porque captar los recursos que necesita en el mercado local traería consecuencias negativas sobre inflación y tipo de cambio. A ello se agrega la muy fresca promesa de campaña de no aumentar impuestos durante los dos primeros años de mandato, lo que implica que no habrá un aumento sustancial de ingresos que compense el creciente déficit fiscal.
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