Aunque varios sectores reprueban la iniciativa, en Nicaragua la Comisión Legislativa a cargo de la reforma avaló el proyecto de ley que pretende quitarle a los empresarios la potestad de proponer a sus representantes ante la Comisión de la Caficultura.
El 14 de agosto la Comisión de Producción y Economía de la Asamblea Nacional dictaminó de forma positiva la iniciativa presentada por el presidente Ortega para modificar la Ley de Transformación y Desarrollo de la Caficultura.
El gobierno nicaragüense pretende quitarle al sector empresarial la potestad de proponer a sus representantes ante la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura.
El presidente Daniel Ortega presentó una iniciativa ante la Asamblea Nacional para modificar la Ley de Transformación y Desarrollo de la Caficultura, que entre los cambios contempla que los Miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) no tengan la potestad de proponer a sus representantes ante la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec).
Con la propuesta del marco regulatorio para las Alianzas Público Privadas en Panamá, empresarios de la construcción esperan que se logre asegurar que los proyectos concluyan con los parámetros exigidos y que los procesos sean transparentes.
Se presentó un proyecto para modificar la ley que regula las contrataciones públicas, el cual contempla entre sus cambios beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, con las compras menores a nivel nacional.
Según el ministro de Finanzas la actual norma no cuenta con mecanismos que permitan análisis de precios, investigaciones de mercado, denuncias ciudadanas, participación de la sociedad civil y el sector privado, además de la rendición de cuentas, transparencia, la obligatoriedad de contrataciones abiertas la divulgación de la información.
El sector empresarial celebra la aprobación del proyecto de ley en primer debate, y aseguran que "su implementación traerá ahorros significativos a los empleados y las empresas".
Con 52 votos a favor y cero en contra el Plenario Legislativo, aprobó en su trámite de primer debate, el expediente 21.141 Ley Para Regular El Teletrabajo, que pretende regular esta actividad como un instrumento para generar empleo, informó el 30 de julio la Asamblea Legislativa.
Los cambios en las legislaciones encaminados a restringir el uso de envases y recipientes descartables de plástico, obligan a las empresas a buscar otras opciones, algunas de las cuales podrían ser hasta cinco veces más costosas.
Luego que el 20 de julio entrara en vigencia en el país la ley que prohíbe el uso de bolsas de polietileno en los supermercados, abarroterías, farmacias, entre otros comercios al por menor, los empresarios opinan que la restricción se debe aplicar de forma gradual.
A 18 meses de fuera publicada en la Gaceta Oficial la nueva ley, entró en vigencia para los establecimientos de comercio al por menor, pero, en el caso de los comercios al por mayor, la utilización de las bolsas libres de polietileno, se implementará a partir del 20 de enero de 2020, considerando que la norma establece un plazo de 24 meses desde la promulgación de la ley. Verpublicación completaen Gaceta Oficial.
En El Salvador la gremial de industriales pidió a la Asamblea Legislativa ser tomados en cuenta en la discusión sobre la prohibición del plástico en el país, pues opinan que es conveniente regular su uso, pero no restringirlo.
Luego de que en octubre de 2018, se presentara ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley (aún en discusión) que establece un plazo de un año para que las empresas reemplacen el uso de bolsas plásticas por artículos de otros materiales, directivos de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), piden ser tomados en cuenta en el proceso.
El presidente Alvarado firmó la Ley que decreta la prohibición de importación, comercialización y entrega de envases o recipientes de polietileno expandido, mejor conocido como estereofón, en cualquier establecimiento comercial.
La prohibición comenzará a regir veinticuatro meses después de la entrada en vigencia de la Ley, que será posterior a su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Cuánto debe pagarse en prestaciones como aguinaldo y bono 14 a los trabajadores que laboren a tiempo parcial es una de las dudas que surgen entre los empresarios luego de la entrada en vigencia del nuevo reglamento.
Según las autoridades del Ministerio de Trabajo, en el caso del pago de bono 14 y aguinaldo, las empresas deben hacer un desembolso proporcional con el salario que devenga el trabajador a tiempo parcial.
En El Salvador se propone que la ley que se discute en la Asamblea, contemple la reducción de los requisitos mínimos para las inversiones que se realicen en las zonas económicas especiales, para compensar las desventajas de la falta de actividad productiva en el área.
En Julio de 2018 fue presentado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales (LZEE), el cual está siendo analizado por la Comisión de Economía.
Finalmente en Guatemala fue aprobado el acuerdo que permitirá a las empresas contratar personal a tiempo parcial, lo que promete ser parte de la solución al problema de desempleo que afecta al país.
El 27 de junio se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 89-2019 que establece el Reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual regulará en el país la contratación de personal a tiempo parcial.
En Costa Rica la Asamblea Legislativa ratificó la prohibición de la importación, comercialización y distribución de recipientes de poliestireno expandido, más conocido como estereofón.
Con la aprobación en Segundo Debate del expediente 19.833 “Adición de un artículo 42 bis, un inciso d) al artículo 50 y los transitorios XIII, XIV Y XV a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.° 8839, los diputados acordaron prohibir la importación al territorio nacional, la comercialización y la entrega de envases y recipientes de poliestireno expandido en cualquier establecimiento comercial, informó la Asamblea mediante un comunicado.
Se presentará ante el Congreso de la República de Guatemala una iniciativa de ley que pretende obligar a contadores públicos, auditores, abogados y notarios, a reportar sus transacciones.
El proyecto de Ley que busca ampliar los alcances de las personas obligadas sujetas a control del lavado de dinero, y que será presentado por la Superintendencia de Bancos (SIB), va dirigido principalmente a los profesionales como personas individuales, pero también incluirá empresas inmobiliarias, agencias de vehículos y casinos.
Respecto a la nueva iniciativa de ley que se presentó ante el Congreso de la República a inicios de 2019, la Superintendencia de Bancos opina que no debe fijarse un tope a la tasa de interés.
La Ley de Tarjetas de Crédito entró en vigencia el 8 de marzo de 2016, pero fue suspendida a fines de ese mismo mes, luego de que las cámaras empresariales, emisores de tarjetas y el Banco de Guatemala interpusieran recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC). A inicios de este año la ley fue declarada inconstitucional de forma definitiva por la CC.
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