El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.
La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.
En Panamá la Acodeco podrá resolver sobre quejas de garantías sin necesidad de ir a tribunales, cuando se trate de productos por hasta $5 mil y en el caso de vehículos, hasta $30 mil.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), informó que desde el 22 de febrero entró en vigencia "... la Ley 14 de 20 de febrero de 2018, que amplía los derechos de los consumidores y aumenta la cuantía en que la Autoridad tiene competencia para decidir quejas, hasta B/. 5,000.00 y en vehículos a motor hasta B/. 30,000.00. Esto permite que una cantidad importante de consumidores, cuyos casos no podían ser resueltos directamente, tuvieran que llevar sus demandas ante los Tribunales para obtener una decisión."
Diversas organizaciones critican el texto de la nueva ley de contrataciones públicas señalando que no impone la transparencia necesaria en esos procesos.
La principal crítica se refiere a que del texto finalmente aprobado por la Asamblea Nacional se eliminó un artículo que disponía la inhabilitación de empresas condenadas por corrupción.
Sin la cláusula que prohibía la contratación de empresas con condenas por corrupción u otros delitos, la nueva ley elimina las contrataciones abreviadas y disminuye las posibles adendas a los contratos.
La nueva normativa para las compras públicas en Panamá regirá seis meses después de su promulgación por la Presidencia panameña.
Los opositores a la inclusión de la cláusula que prohibía la la contratación de empresas con condenas por corrupción u otros delitos fundamentaron su postura en que "... Era una propuesta totalmente impráctica... [Si se hace esta lista] vamos a tener a la Dirección General de Contrataciones Públicas haciendo investigaciones judiciales en otros países. Con licitaciones paradas. Lo único que íbamos a hacer es que las empresas contrataran abogados para impugnar licitaciones", tal como lo explicó el diputado José Luis Varela en Prensa.com.
Diputados dan luz verde a ley que moderniza el marco jurídico de la zona franca, incluyendo la consolidación de operaciones empresariales bajo otros regímenes.
Del comunicado de la Asamblea Nacional de Panamá:
Luego de 67 años de creado el emporio comercial, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No. 223, que moderniza la legislación de la Zona Libre de Colón.
Regulará las prácticas que se implementen para seguir la ruta de un producto de origen vegetal desde el origen hasta el punto de destino final y viceversa a lo largo de toda la cadena.
Del comunicado de la Asamblea Nacional de Panamá:
El Estado será el responsable de garantizar la inocuidad de los alimentos de origen vegetal, producidos y consumidos en el país, tal como lo establece el proyecto de Ley No.299, que crea el Programa de Buenas Prácticas y Trazabilidad Agrícola (BPTA) aprobado en tercer debate hoy por el pleno legislativo.
Las aseguradoras quedan obligadas a cubrir siniestros que involucren consumo de alcohol, luego de que el Congreso aprobara iniciativa de ley en tercer debate.
Del comunicado de la Asamblea Nacional de Panamá:
El Proyecto de Ley No. 232, que impone normas para la obtención del certificado de inspección vehicular como la póliza de seguro y que incluye la cobertura para los accidentes que resulten como consecuencia del consumo de alcohol, fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.
El Congreso aprobó nueva rectoría política para la comercialización de productos agrícolas intentando proteger al productor local de los intermediarios.
Del comunicado de la Asamblea Nacional de Panamá:
El Proyecto de Ley 298, que modifica la Ley 70 de 1975, por la cual se crea el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y se determinan sus funciones, fue aprobado tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.
Un proyecto de ley busca que se pueda reorganizar las finanzas o liquidar de forma eficiente a las empresas que presenten problemas de solvencia.
Del comunicado de Presidencia de Panamá:
El ministro de la Presidencia Álvaro Alemán presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley sobre el régimen de los procesos concursales de insolvencia, con lo que se busca adecuar el Código de Comercio de Panamá que recoge este tema, pero que data de 1916.
La capacidad de los Poderes Ejecutivos y Legislativos para conducir efectivamente la economía de sus países está seriamente disminuida por la acción descomedida de los Poderes Judiciales, en especial de las Cortes Constitucionales.
EDITORIAL
Ocurre en Centroamérica pero es un problema que crece en toda Latinoamérica. El legítimo afán de asegurar a todos los ciudadanos la plena vigencia de los derechos que otorga la bienvenida vigencia de la democracia liberal, ha generado una cultura de aceptación de prácticamente todo recurso que se interponga en tribunales contra acciones ejecutivas de gobierno, y también contra leyes formalmente bien aprobadas.
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Para acortar los tiempos de los procesos judiciales en los tribunales de competencia, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia propone reformar la Ley 45 del 2007.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), propone reformar la ley con el objetivo de acortar la mora en los fallos de los juicios sobre competencia, situación que perjudica a los mercados y su interacción con los consumidores.
Una iniciativa del sector privado panameño busca simplificar la ley, otorgando incentivos a las inversiones por un periodo no menor a 10 años y agilizando la aprobación de licencias de operación.
Otras de las propuestas que contempla esta reforma a la ley, es la creación del Consejo Nacional de Zonas Francas, con el objetivo de que sea el único rector del sector.
Un anteproyecto de ley propone que el Estado incaute los bienes provenientes del blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas.
“Se está planteando la presentación de una ley que guarda relación con la extinción de dominio, porque son tantos ingresos y bienes que se generan, pero no sabemos qué hacer con esos bienes” dijo Ana Belfon, procuradora general de la Nación.
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