Argumentando que existen indicios de que empresarios han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, las autoridades locales ordenaron levantar el sigilo bancario y tributario a exdirectivos de la Funides.
En las últimas semanas en Nicaragua se han ejecutado una ola de detenciones en contra de precandidatos presidenciales, líderes empresariales y personas que adversan las acciones del gobierno.
Empresarios centroamericanos manifestaron su preocupación por la falta de información y de transparencia, con la que se desarrollo el caso de la expropiación de la planta de gas licuado del Grupo Tomza en Nicaragua.
A mediados de abril la Empresa Tomza Guatemala S.A. informó que en Nicaragua el Gobierno del presidente Daniel Ortega expropió y confiscó de forma ilegal bienes de la compañía, que en conjunto suman una inversión de $4 millones.
Empresa Tomza Guatemala S.A. informó que en Nicaragua el Gobierno del presidente Daniel Ortega expropió y confiscó de forma ilegal bienes de la compañía, que en conjunto suman una inversión de $4 millones.
El proceso de expropiación llevó algunos años. Directivos de Tomza explicaron que en 2015 les fueron concedidos los permisos para la construcción de un inmueble que se ubica en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua.
Para el período del 1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022, la Mesa Tripartita acordó fijar en $186,6 el salario mínimo, monto que supera en 3% al que estuvo vigente previamente.
El Gobierno, una representación de los empleadores y los sindicatos sandinistas de Nicaragua acordaron este jueves fijar en 6.518,24 córdobas ($186,6) el salario mínimo promedio a partir del 1 de marzo, un 3 % más que el actual, informaron fuentes oficiales.
Luego que en Nicaragua la Asamblea aprobara un proyecto de ley que obliga a los bancos locales a que permitan a los funcionarios públicos sancionados por la OFAC a tener una cuenta, existe temor de que el país sea aislado del sistema financiero internacional.
Un comunicado de la Asamblea Nacional difundido el 3 de febrero explica que los diputados aprobaron la Iniciativa de Ley de Reforma y Adición a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, proyecto legislativo que garantiza una mejor y mayor protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el acceso a los bienes y servicios como un derecho humano reconocido por el Estado nicaragüense.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Rótulos, las agencias que se dedican a brindar servicios de publicidad impresa estiman que, los costos de las vallas aumentarán en 30% a causa de los nuevos pagos de impuestos que deberán hacerse a las municipalidades.
Según la Asamblea, el objeto de la Ley es establecer el marco jurídico para regular la publicidad y propaganda que se realiza mediante rótulos ubicados en los municipios del país, basado en el ordenamiento y desarrollo urbano, sub urbano y rural, así como los avances tecnológicos.
Luego que la Asamblea Nacional modificara la Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables y sus reformas, los generadores de energía limpia podrán negociar la baja de los precios actuales y a cambio recibirán cinco años adicionales de exoneración fiscal.
La iniciativa, remitida con trámite de urgencia por el presidente Daniel Ortega, expone el proceso de negociación voluntario que se lleva a cabo con los generadoras de energía eléctrica de fuentes renovables para beneficio de la población nicaragüense y los sectores económicos del país, informó la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley con el que se pretende agilizar los trámites de otorgamiento de concesiones para desarrollo de clubes náuticos y atracaderos.
Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el 12 de marzo una nueva Ley para el Desarrollo y Operación de Marinas Turísticas que permitirá estimular el desarrollo de la industria turística y fomentar la inversión nacional y extranjera tanto pública como privada en el sector turístico acuático, informó el gobierno mediante un comunicado.
La Asamblea de Nicaragua aprobó una iniciativa de ley que faculta al Instituto de Protección y Sanidad a imponer sanciones económicas, a cualquier productor agropecuario que no cumpla con los requisitos fitosanitarios al momento de que se practique una inspección.
El sector empresarial opina que la ley denominada "Ley de Protección Fitosanitaria", tiene excesiva discrecionalidad, pues el Instituto de Protección y Sanidad(IPSA) no puede convertirse en juez y parte en relación con presentar denuncias ante la autoridad competente, por la probable existencia de un delito.
El sector empresarial en Nicaragua opina que la iniciativa de ley que se discute en la Asamblea, la cual faculta al gobierno para multar a productores agropecuarios en caso de que no cumplan con las normas fitosanitarias que se aprueben, tiene excesiva discrecionalidad.
Días atrás se presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley denominado "Ley de Protección Fitosanitaria", marco legal que faculta al Instituto de Protección y Sanidad (IPSA) a imponer sanciones que oscilarían entre $100 y $700, a cualquier productor que no cumpla con los requisitos al momentos de que el gobierno realice una inspección.
La propuesta de reforma a la Ley de Estabilidad Energética de Nicaragua, contempla la eliminación del impuesto de compra-venta de electricidad para los usuarios que generen su propia energía y decidan comercializar sus excedentes.
El pasado 21 de noviembre la administración Ortega envió a la Asamblea Nacional la iniciativa, que pretende exonerar del impuesto de comercialización, a los generadores que vendan su excedente de electricidad a Disnorte-Dissur.
La falta de una ley de competencia en Guatemala podría exponer al país a recibir sanciones por parte de las autoridades europeas, pues es un requisito exigido en la normativa del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
El Acuerdo de Asociación (AdA) exigía desde finales de 2016 que Guatemala debía tener una ley en la materia, ya que en 2019 se tendría que crear una autoridad centroamericana de competencia.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el proyecto de ley que establece que cuando el precio por quintal del grano supere los $100, los productores deberán aportar un dólar a una comisión que velará por los incentivos del sector.
Los cambios a la Ley de Transformación y Desarrollo de la Caficultura estuvieron rodeados de polémica, pues la ley anterior ordenaba que la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec) debía estar compuesta por nueve representantes del sector privado, todos propuestos por los mismos productores oempresarios.
Aunque varios sectores reprueban la iniciativa, en Nicaragua la Comisión Legislativa a cargo de la reforma avaló el proyecto de ley que pretende quitarle a los empresarios la potestad de proponer a sus representantes ante la Comisión de la Caficultura.
El 14 de agosto la Comisión de Producción y Economía de la Asamblea Nacional dictaminó de forma positiva la iniciativa presentada por el presidente Ortega para modificar la Ley de Transformación y Desarrollo de la Caficultura.
El gobierno nicaragüense pretende quitarle al sector empresarial la potestad de proponer a sus representantes ante la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura.
El presidente Daniel Ortega presentó una iniciativa ante la Asamblea Nacional para modificar la Ley de Transformación y Desarrollo de la Caficultura, que entre los cambios contempla que los Miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) no tengan la potestad de proponer a sus representantes ante la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec).
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