El mercado inmobiliario, los casinos, el negocio de conciertos, y hasta el sector ganadero son usados para blanquear capitales en los países centroamericanos.
Extraído del reporte "International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering and Financial Crimes" del Departamento de Estado de EE.UU:
Costa Rica Las organizaciones criminales transnacionales continúan favoreciendo a Costa Rica como base para cometer crímenes financieros debido a su ubicación y limitadas capacidades de aplicación. El gobierno de Costa Rica ha intentado fortalecer el marco legal para la supervisión y ejecución; sin embargo, aún quedan retos para mitigar los riesgos de lavado de dinero. Costa Rica es un punto de tránsito que también se utiliza cada vez más como base de operaciones para el narcotráfico; Y sigue habiendo un importante lavado de fondos procedentes de actividades ilícitas. Costa Rica debe seguir cerrando brechas legislativas en delitos financieros y asignar recursos para investigación y procesamiento.
Un proyecto de ley del Poder Ejecutivo pretende regular las tasas de interés que cobran las entidades financieras en las tarjetas de crédito y eliminar los cargos por servicios, entre otros cambios.
Del comunicado de Presidencia de Honduras:
Tegucigalpa, 9 de febrero. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, envió hoy al Congreso Nacional una iniciativa de ley encaminada a introducir nuevas regulaciones en el mercado de las tarjetas de crédito que eviten los abusos contra los consumidores.
La reforma al Código Tributario aprobada parcialmente por el Congreso deja por fuera el concepto de "renta mundial", y establece la "renta territorial".
Reseña Latribuna.hn que "...El anteproyecto del nuevo Código Tributario fue elaborado por el gobierno, los empresarios y un sector de la economía social, durante la socialización se dijo que el cambio a “Renta Territorial representaría un retroceso en materia de combate a la fuga de capitales."
La forma de impedir la elevación de los precios de las matrículas en los institutos de enseñanza privados no es regulándolos sino aumentando la calidad de la enseñanza pública.
EDITORIAL
Es una cuestión de mercado. Si los sistemas públicos de enseñanza funcionan mal, tal como es la tónica general en Centroamérica, es evidente que van a surgir instituciones privadas, en muchos casos empresas con legitimo ánimo de lucro, para atender la demanda de los padres que desean mejor educación para sus hijos.
Para mejor aprovechamiento de la ventaja del Canal como hub marítimo y aéreo es necesaria la optimización del transporte terrestre de carga panameño.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), a través de su Comisión de Logística y con el fin de potenciar al país como centro de tránsito regional, recientemente presentó a la Asamblea Nacional algunas modificaciones al Anteproyecto de Ley de Transporte de Carga por Carretera, con miras a impulsar el sector logístico y crear una relación comercial más ágil y eficiente con naciones de Centroamérica.
La propuesta incluye modificar las condiciones que deben presentarse para decretar la liquidación forzosa de una institución, facilitando la lucha contra actividades financieras conexas con delitos.
El propósito de la reforma que prepara el Poder Ejecutivo es endurecer los controles para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para poder identificar eventuales situaciones sospechosas y evitar así la liquidación forzosa de la entidad, como debió hacerse en 2015 en el caso del Banco Continental.
Un proyecto de ley propone renovar los contratos de generación de energía renovable de forma automática en lugar de convocar a nuevas licitaciones.
La reforma que se propone a la Ley General de la Industria Eléctrica, vigente desde 2014, pretende que "... los contratos de energía renovable sigan vigentes, pero que no gocen del pago del incentivo de 10% del precio base y del ajuste de inflación anual", tal como establece la legislación actual."
Sector privado y gobierno acordaron las bases de un proyecto de reforma al Código Tributario que será enviado al Congreso para su aprobación.
El proyecto de ley acordado entre el sector empresarial y la administración Hernández incluye un monotributo para las pequeñas empresas.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Jorge Faraj, dijo "...sentirse muy optimista con el nuevo instrumento legal, que vendrá a facilitar el pago de impuestos y disminuirá la tramitología, lo que permitirá hacer más atractivo al país para nuevas inversiones."
Parte de los cambios que propondrá la Comisión Nacional de Bancos y Seguros implica una definición más clara sobre las etapas de supervisión de la banca.
También se pretende con la reforma evitar que se tenga que cerrar de forma forzosa alguna entidad bancaria, como sucedió en octubre de 2015 cuando se decidió liquidar el Banco Continental luego de que la organización Rosenthal fuera señalada por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
El Congreso de Costa Rica se inspiró en el famoso tango Cambalache y ahora "es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley...".
EDITORIAL
La Asamblea Legislativa costarricense dio aprobación final al proyecto de ley que limpia el registro de los delitos cometidos por las personas, luego que dejan de cumplir condena.
A partir de diciembre de 2016 el país asiático impedirá el ingreso de productos agrícolas que contengan algún residuo de agroquímicos.
Del comunicado del Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica:
Las autoridades del SFE comunican a los exportadores de productos vegetales no procesados con destino a Corea, que esta nación estableció una nueva legislación en materia de Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas.
El Congreso Nacional aprobó en tercer y último debate la ley que pone límite al déficit fiscal del país y crea un nuevo ente rector de la política macro fiscal.
Del comunicado del Congreso Nacional de Honduras:
Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó en tercer y último debate, la totalidad de la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal, enviada por el Poder Ejecutivo y dictaminada favorablemente por una comisión especial, la que incluye temas como poner un techo al gasto corriente, al endeudamiento público, contratación de personal y establece las sanciones, entre otros temas.
Eso es lo que pretende un proyecto de ley que eliminaría los antecedentes penales de ex convictos para que puedan buscar trabajo sin que sus eventuales patrones sepan de su historia criminal.
EDITORIAL
La inmensa mayoría de las personas resuelven sus problemas económicos y existenciales sin caer en la delincuencia. Los obliga a ello la educación que recibieron en sus hogares, donde se les enseñó no solamente a ser honrados y respetuosos de las leyes, sino también -por contraposición- a desconfiar de los que no lo son. Desde pequeños aprendemos a discriminar entre lo malo y lo bueno, aptitud imprescindible para la vida. Debemos saber distinguir entre un alimento bueno y otro perjudicial para la salud. Debemos ser capaces de distinguir entre un negocio honrado y otro que no lo es. Eso es la vida, la toma continua de decisiones basados en nuestro conocimiento y en los valores que deben regir la conducta en sociedad.
Cediendo a la presión de los que cada día pueden elegir qué comer, la administración Morales derogó el salario mínimo diferenciado, negando a los que no tienen esa opción, el derecho a elegir cómo vivir.
EDITORIAL
El presidente Morales puso fin a la iniciativa con la que se pretendía atraer inversiones a cuatro municipios del país aplicando salarios mínimos diferenciados, cediendo ante el poder mediático de quienes, desde la comodidad de una oficina climatizada y con miles de dólares a cobrar al fin de cada mes, entienden razonable quitar a los que no poseen nada, la posibilidad de tener un trabajo.
La capacidad de los Poderes Ejecutivos y Legislativos para conducir efectivamente la economía de sus países está seriamente disminuida por la acción descomedida de los Poderes Judiciales, en especial de las Cortes Constitucionales.
EDITORIAL
Ocurre en Centroamérica pero es un problema que crece en toda Latinoamérica. El legítimo afán de asegurar a todos los ciudadanos la plena vigencia de los derechos que otorga la bienvenida vigencia de la democracia liberal, ha generado una cultura de aceptación de prácticamente todo recurso que se interponga en tribunales contra acciones ejecutivas de gobierno, y también contra leyes formalmente bien aprobadas.
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