Empresarios centroamericanos manifestaron su preocupación por la falta de información y de transparencia, con la que se desarrollo el caso de la expropiación de la planta de gas licuado del Grupo Tomza en Nicaragua.
A mediados de abril la Empresa Tomza Guatemala S.A. informó que en Nicaragua el Gobierno del presidente Daniel Ortega expropió y confiscó de forma ilegal bienes de la compañía, que en conjunto suman una inversión de $4 millones.
Empresa Tomza Guatemala S.A. informó que en Nicaragua el Gobierno del presidente Daniel Ortega expropió y confiscó de forma ilegal bienes de la compañía, que en conjunto suman una inversión de $4 millones.
El proceso de expropiación llevó algunos años. Directivos de Tomza explicaron que en 2015 les fueron concedidos los permisos para la construcción de un inmueble que se ubica en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley que tiene como objetivo gravar en el país la venta y autoconsumo de cemento importado o producido a nivel local.
La iniciativa que a mediados de febrero fue aprobada en primer debate en la Asamblea y que aún está pendiente del aval del Poder Ejecutivo, establece que elimpuestoserá sobre elcementoimportado y producido a nivel nacional, en bolsa o a granel, para venta o autoconsumo, de cualquier tipo, cuyo destino sea el consumo y comercialización del producto a nivel nacional.
La falta de una ley de competencia en Guatemala podría exponer al país a recibir sanciones por parte de las autoridades europeas, pues es un requisito exigido en la normativa del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
El Acuerdo de Asociación (AdA) exigía desde finales de 2016 que Guatemala debía tener una ley en la materia, ya que en 2019 se tendría que crear una autoridad centroamericana de competencia.
Los cambios en las legislaciones encaminados a restringir el uso de envases y recipientes descartables de plástico, obligan a las empresas a buscar otras opciones, algunas de las cuales podrían ser hasta cinco veces más costosas.
En Costa Rica la Asamblea Legislativa ratificó la prohibición de la importación, comercialización y distribución de recipientes de poliestireno expandido, más conocido como estereofón.
Con la aprobación en Segundo Debate del expediente 19.833 “Adición de un artículo 42 bis, un inciso d) al artículo 50 y los transitorios XIII, XIV Y XV a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.° 8839, los diputados acordaron prohibir la importación al territorio nacional, la comercialización y la entrega de envases y recipientes de poliestireno expandido en cualquier establecimiento comercial, informó la Asamblea mediante un comunicado.
El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.
La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.
Poner tope a las comisiones cobradas en Costa Rica y establecer una Ley que defina límites al mercado en Guatemala, son parte de los intentos que se están haciendo en la región para regular el uso de las tarjetas de crédito.
Una propuesta de Ley presentada el pasado mes de enero ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, pretende regular el porcentaje de la comisión que pagan los negocios por aceptar tarjetas de crédito o débito.
En la región centroamericana se estima que la tasa de desempleo promedio de quienes tienen entre 15 y 24 años ronda el 11%, siendo la falta de experiencia laboral la principal barrera para acceder al primer trabajo.
Según cifras del Observatorio Centroamericano de Desarrollo Social, Costa Rica y Panamá son los países de la región con mayores tasas de desempleo juvenil, con 27% y 15%, respectivamente.
En Costa Rica un proyecto de ley pretende obligar a las empresas a que el 25% de sus contrataciones en planilla sea de jóvenes con edades entre 17 y 24 años.
EDITORIAL
El problema de desempleo que afecta a miles de jóvenes en Costa Rica y en los países centroamericanos no se resuelve simplemente obligando a las empresas privadas a contratar determinada proporción de empleados jóvenes, sin importar sus calificaciones y habilidades, o peor aún, sin considerar si existe o no la necesidad real de contratación.
El concepto protege a los que trabajan en el Estado o en una empresa formal, al precio de la exclusión de los que buscan empleo y, en especial, de los jóvenes.
OPINIÓN
Jorge Cobas González
En Francia, país caracterizado por ser uno de los más avanzados en protección a los trabajadores, el péndulo de la historia está cambiando el sentido de su movimiento, acatando las exigencias de la realidad: la competitividad de las economías se basa en la eficiencia con que se utilizan sus recursos. Y en la Era del Conocimiento, el factor humano es el primero que considerar en tal sentido.
El mercado inmobiliario, los casinos, el negocio de conciertos, y hasta el sector ganadero son usados para blanquear capitales en los países centroamericanos.
Extraído del reporte "International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering and Financial Crimes" del Departamento de Estado de EE.UU:
Costa Rica Las organizaciones criminales transnacionales continúan favoreciendo a Costa Rica como base para cometer crímenes financieros debido a su ubicación y limitadas capacidades de aplicación. El gobierno de Costa Rica ha intentado fortalecer el marco legal para la supervisión y ejecución; sin embargo, aún quedan retos para mitigar los riesgos de lavado de dinero. Costa Rica es un punto de tránsito que también se utiliza cada vez más como base de operaciones para el narcotráfico; Y sigue habiendo un importante lavado de fondos procedentes de actividades ilícitas. Costa Rica debe seguir cerrando brechas legislativas en delitos financieros y asignar recursos para investigación y procesamiento.
La forma de impedir la elevación de los precios de las matrículas en los institutos de enseñanza privados no es regulándolos sino aumentando la calidad de la enseñanza pública.
EDITORIAL
Es una cuestión de mercado. Si los sistemas públicos de enseñanza funcionan mal, tal como es la tónica general en Centroamérica, es evidente que van a surgir instituciones privadas, en muchos casos empresas con legitimo ánimo de lucro, para atender la demanda de los padres que desean mejor educación para sus hijos.
Para mejor aprovechamiento de la ventaja del Canal como hub marítimo y aéreo es necesaria la optimización del transporte terrestre de carga panameño.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), a través de su Comisión de Logística y con el fin de potenciar al país como centro de tránsito regional, recientemente presentó a la Asamblea Nacional algunas modificaciones al Anteproyecto de Ley de Transporte de Carga por Carretera, con miras a impulsar el sector logístico y crear una relación comercial más ágil y eficiente con naciones de Centroamérica.
El Congreso de Costa Rica se inspiró en el famoso tango Cambalache y ahora "es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley...".
EDITORIAL
La Asamblea Legislativa costarricense dio aprobación final al proyecto de ley que limpia el registro de los delitos cometidos por las personas, luego que dejan de cumplir condena.
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