El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.
La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.
La capacidad de los Poderes Ejecutivos y Legislativos para conducir efectivamente la economía de sus países está seriamente disminuida por la acción descomedida de los Poderes Judiciales, en especial de las Cortes Constitucionales.
EDITORIAL
Ocurre en Centroamérica pero es un problema que crece en toda Latinoamérica. El legítimo afán de asegurar a todos los ciudadanos la plena vigencia de los derechos que otorga la bienvenida vigencia de la democracia liberal, ha generado una cultura de aceptación de prácticamente todo recurso que se interponga en tribunales contra acciones ejecutivas de gobierno, y también contra leyes formalmente bien aprobadas.
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Una corrección a la Ley 47 de 2013 habilita a que las sociedades anónimas continúen la emisión de acciones al portador.
Por Alvaro Aguilar, socio de la firma Lombardi Aguilar Group
El Gobierno de Panamá publicó una corrección de la Ley 47 de 2013 para que las sociedades anónimas continúen la emisión de acciones al portador. La ley adopta un arreglo de custodia de las acciones emitidas al portador y el Gobierno la promulgó como una ley que busca preservar la imagen de Panamá como país colaborador en la lucha contra el uso indebido de sus servicios financieros, y que coloca a la nación al día con tendencias del derecho internacional.
Debido a la insuficiencia normativa en Costa Rica para detener, contrarrestar y eliminar prácticas monopolísticas por parte de las cadenas de supermercados, lo que ha propiciado la explotación sin piedad de sus proveedores agrícolas e industriales, es que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Nº 9072, que reforma los artículos 9, 11, 12, 16, 22, 26, 27 y 28 de la Ley 7472.
Reforma de Ley
Reforma a la Ley de Promociòn de la Competencia Y Defensa Efectiva del Consumidor, LEY Nº7472
Debido a la insuficiencia normativa para detener, contrarrestar y eliminar prácticas monopolísticas del mercado nacional por parte de las cadenas de supermercados con motivo de su fuerte crecimiento, lo cual propiciado la explotación sin piedad de los proveedores agrícolas e industriales, es que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Nº 9072, mediante las reformas de los artículos 9, 11, 12, 16, 22, 26, 27 y 28.
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El Departamento de Comercio impondrá una multa de $1,75 millones a la subsidiara panameña de Ericcson por exportar equipos a la isla caribeña violando restricciones comerciales.
La subsidiaria de la multinacional de origen sueco, Ericsson de Panamá, recibirá una multa de $1,75 millones de parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos por exportar equipos para redes móviles a Cuba, lo cual viola las restricciones comerciales de Washington.
Un proyecto de Ley pretende la reforma de los artículos 30, inciso d y 37 del Código de Trabajo, para fortalecer la aplicación del Principio de Continuidad en las relaciones regidas por el Derecho Laboral.
Luis Guillermo Rodríguez
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El Principio de Continuidad es uno de los principios propios del Derecho Laboral, cuya finalidad primordial es buscar la estabilidad de las relaciones laborales en beneficio del trabajador.
La Sala Constitucional costarricense indica que toda persona tiene el derecho a la autodeterminación informativa, lo que le permite al ciudadano decidir cuándo, quién, dónde y bajo qué circunstancias se tiene acceso a sus datos
Lic. José Joaquín Acuña Solís
jacuna@bdsasesores.com
Durante el desarrollo de la relación laboral el empleador en virtud de diversos motivos entra en contacto con gran cantidad de datos personales de sus colaboradores, datos que van desde números de teléfono, domicilio, pasatiempos, cuentas bancarias, salario hasta información médica de sus trabajadores.
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Los montos a pagar por prestaciones legales tienen distintos niveles de protección en los países del istmo.
por Francisco Salas Chaves
En Costa Rica, cuando hablamos de prestaciones legales, nos referimos a una indemnización previamente tasada por ley, basada en el salario y antigüedad del trabajador y que no admite discusión alguna.
Cada vez está más clara la naturaleza especial de este pago, el cual se encuentra especialmente protegido contra cualquier embargo o compensación, de ahí que al menos en Costa Rica el patrono carece de medios para resarcirse de cualquier daño o deuda a través de dicho pago.
Con el modelo de franquicias creciendo en el istmo, ¿cuán importante es tener un claro marco legal regional?
Hay empresarios que piden la creación de leyes que regulen y protejan las actividades en este modelo de negocios, y que sean uniformes a nivel regional. Hay representantes de Gobierno que afirman que una ley no es necesaria y que todo está en el contrato que se firme. ¿Cuál es el punto óptimo?
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