En Costa Rica avanza un proyecto de ley que contempla eliminar las multas al primer integrante de un cártel que reconozca y denuncie ante las autoridades, que ha incurrido en prácticas monopolísticas.
Como parte de los proyectos de ley para el ingreso de Costa Rica a la OCDE, los diputados votaron en segundo debate el expediente Nº 21.303, Ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia de Costa Rica, informó el pasado 29 de agosto la Asamblea Legislativa.
La falta de una ley de competencia en Guatemala podría exponer al país a recibir sanciones por parte de las autoridades europeas, pues es un requisito exigido en la normativa del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
El Acuerdo de Asociación (AdA) exigía desde finales de 2016 que Guatemala debía tener una ley en la materia, ya que en 2019 se tendría que crear una autoridad centroamericana de competencia. Sin embargo, esta no puede operar, debido a la inexistencia de un marco jurídico.
A partir del 5 de abril las fusiones y adquisiciones de empresas tendrán que ser previamente consultadas a la Comisión para Promover la Competencia, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
A partir de esa fecha, la Comisión para Promover la Competencia, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), tendrá la potestad de aprobar o denegar negocios, en caso de que estos lleguen a significar una concentración indebida de un sector empresarial. Las actividades que deben ser notificadas a esta Comisión son aquellas en que los activos de las compañías involucradas superen los $15 millones.
Está en consulta pública en Costa Rica el proyecto de reforma parcial del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
Del Boletín de Competencia No. 156, de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) de Costa Rica:
Debido a la insuficiencia normativa en Costa Rica para detener, contrarrestar y eliminar prácticas monopolísticas por parte de las cadenas de supermercados, lo que ha propiciado la explotación sin piedad de sus proveedores agrícolas e industriales, es que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Nº 9072, que reforma los artículos 9, 11, 12, 16, 22, 26, 27 y 28 de la Ley 7472.
Reforma de Ley
Reforma a la Ley de Promociòn de la Competencia Y Defensa Efectiva del Consumidor, LEY Nº7472
Debido a la insuficiencia normativa para detener, contrarrestar y eliminar prácticas monopolísticas del mercado nacional por parte de las cadenas de supermercados con motivo de su fuerte crecimiento, lo cual propiciado la explotación sin piedad de los proveedores agrícolas e industriales, es que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Nº 9072, mediante las reformas de los artículos 9, 11, 12, 16, 22, 26, 27 y 28.
La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor recientemente aprobada tipifica nuevas prácticas monopólicas y cambia las reglas sobre grupos económicos.
Dos de los cambios más importantes son la ampliación del ámbito de acción de la ley, la que ahora incluye a los agentes del servicio público en los casos de concesiones y la introducción de una nueva práctica monopolística absoluta, el acuerdo entre competidores para 'rehusarse a comprar o a vender bienes o servicios'.
La reforma, publicada en el Diario Oficial, incluye la normativa referente a la publicidad.
Prevé un trámite más agil para los trámites de las denuncias por problemas de consumo.
"Además, se crea la 'red de asociaciones de consumidores' como un impulso del Estado hacia la sociedad civil organizada, y designa a la Dirección de Apoyo al Consumidor como una secretaría encargada de articular los esfuerzos entre este tipo de organizaciones no gubernamentales y las instituciones públicas.", señala la publicación en Elfinancierocr.com
Una ley que regula los comportamientos monopólicos recibió ayer una primera aprobación en el Congreso, a pesar de la inconformidad de grupos empresariales.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dictaminaron el proyecto llamado ‘Ley de Promoción de la Competencia’, que crea la Comisión para la promoción de la competencia (Coprocom) y la faculta para confiscar documentos en empresas, previa autorización de un juez.
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