Empresas del sector señalan las condiciones geológicas favorables para la actividad en el país y abogan porque se levante la suspensión de concesiones que rige desde 2009.
Las empresas dedicadas a la exploración y explotación minera apoyan su argumento en las nuevas formas en que se desarrolla la actividad ahora, diferenciando las técnicas de minería artesanal de antes con la minería moderna.
El 16 y 17 de agosto representantes de la industria a nivel global participarán en ruedas de negocios y conferencias sobre el rol de los recursos minerales y el impacto de la actividad en la economía.
El II Congreso Internacional de Minería es organizado por la Cámara Minera de Nicaragua y se llevará a cabo el 16 y 17 de agosto en Managua.
El congreso incluye ruedas de negocios, paneles y conferencias magistrales sobre el impacto económico y social de la minería en las comunidades; el rol de los recursos minerales metálicos y no metálicos
Conflictos por la defensa del medio ambiente y la excesiva burocracia en los procesos de otorgamiento de concesiones son factores que limitan el gran potencial minero en la región.
El sector minero en Centroamérica representa un gran potencial de inversiones y negocios, sin embargo, hasta ahora solamente ha aportado un 0,75% del Producto Interno Bruto (PIB), como promedio de los seis países de la región, entre 2008 y 2012.
El estudio señala la incapacidad del Estado para atender las demandas de servicios e infraestructura vial que surgen al instalarse un proyecto minero.
“La minería en la economía de Guatemala representó en 2011 un 2,8% de la producción de bienes y servicios a nivel nacional….Para el 2012, el aporte tributario total del sector de la minería fue de $62.496.766 equivalente al 5,7% de la producción de minas y canteras”, señala el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
El atractivo de los recursos mineros del país se ve opacado por una legislación que genera dudas entre los inversionistas internacionales.
La vigencia de la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública genera dudas entre los inversionistas internacionales interesados en la minería de Honduras, de acuerdo a Santos Gabino, asesor de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras.
La norma permite la prospección con el fin de determinar si hay indicios de depósitos minerales en cualquier lugar del país, a excepción de zonas expresamente excluidas.
La Ley General de Minería, aprobada en el pasado mes de enero por el Congreso hondureño, quedó vigente tras su publicación en el diario oficial de la República La Gaceta.
De acuerdo con esta ley, la etapa de exploración debe regirse mediante el Manual de Buenas Prácticas Ambientales Mineras, el que debe revisarse periódicamente a fin de mantenerlo actualizado.
Precupan a los empresarios mineros la resistencia de las comunas a la actividad minera, el retraso en la aprobación de los permisos y las reformas a la Ley de Minería.
Sigue en la lista de las preocupaciones del sector, la evolución de la crisis mundial, de lo cual dependen las inversiones en la industria extractiva.
El artículo en Elperiodico.com.gt reseña que los enfrentamientos con grupos sociales opositores "es un tema de Estado y que podría tener una posible solución el próximo año, explicó Fernando Castellanos, director de minería, del Ministerio de Energía y Minas (MEM)."
En Honduras están detenidas 151 solicitudes de permisos de explotación para proyectos mineros que involucran millonarias inversiones.
Empresarios del sector aseguran que "La carencia de una ley que regule el sector minero es el principal obstáculo para que estén paralizadas 151 solicitudes de inversionistas nacionales y extranjeros que disponen de millonarios recursos para explotar los yacimientos hondureños."
De aprobarse el proyecto que se debate en la Asamblea panameña, 25 solicitudes de exploración minera en la comarca Ngäbe Buglé quedarían eliminadas.
El proyecto establece la prohibición de otorgar concesiones para la exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos en la comarca Ngäbe Buglé. Solo se autorizarán aquellas que su extracción se destine a obras en beneficio de la comarca.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones desestimó la demanda interpuesta por Commerce Group.
En la demanda interpuesta bajo los términos del CAFTA, Commerce Group, alegaba que el Gobierno, en el 2006, sin justificación, revocó los permisos que se le habían extendido para la explotación de las minas San Sebastián y San Cristóbal y que en 2008 se les negó una solicitud de extender sus permisos de explotación en las minas Nuevo San Sebastián y Nueva Esparta.
La Asamblea panameña aprobó el proyecto de Ley 277 para reformar el Código de Recursos Minerales.
La propuesta reformada en primer y segundo debate, aprobada con 42 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención, modifica la tarifa que deben pagar las concesiones de minerales en concepto de canon superficial y regalías, las cuales aumentarán al 5%.
Una comisión del Congreso inició el estudio de una nueva Ley que prohíba la explotación minera en el territorio nacional.
"La iniciativa parlamentaria pretende erradicar la explotación minera en territorio nacional", precisó en un comunicado la Asamblea Legislativa.
"En la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, tanto diputados de la izquierda gobernante como de la derecha opositora coinciden en la necesidad de promulgar una ley que prohíba la explotación de los recursos mineros del país.", reseña el artículo publicado en Laprensagrafica.com
EL Salvador y Costa Rica dicen NO. Panamá y Nicaragua dicen SI. En Guatemala y Honduras se esperan decisiones.
Los precios del cobre y del oro están en alza, y los proyectos para su extracción del subsuelo centroamericano disponen de inversionistas ansiosos por poner su dinero en ellos.
Pero los gobiernos de los países del istmo tienen diferentes criterios en el tema, y mientras en Nicaragua y Panamá los proyectos mineros reciben el visto bueno e incluso son inaugurados por las mismas autoridades, en Costa Rica y El Salvador se decretan moratorias formales o informales deteniendo la adjudicación de concesiones mineras, atendiendo la presión de los grupos ambientalistas. Por su parte, en Guatemala y Honduras las autorizaciones de nuevos proyectos están pendientes a la espera de leyes y reglamentaciones que endurecen las reglas ambientales que se deben acatar al extraer y procesar los metales.
Las concesiones mineras no metálicas paralizadas desde los primeros meses de gestión de Ricardo Martinelli fueron reactivadas.
Junto con el anuncio de la reactivación de las concesiones de piedra y arena el Gobierno comunicó además que en mes y medio, estará lista la reforma al Código Minero.
"Se prevén cambios que implican el incremento de multas y cánones que pagan las empresas de explotación minera, además de nuevas reglamentaciones en las regalías e impuestos de extracción.", reseña Prensa.com
La empresa Commerce Group interpuso la demanda ante la negativa de El Salvador de otorgarle permisos de operación.
Esta demanda presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ISCID), dependencia del Banco Mundial, se suma a la interpuesta en junio pasado por la minera Pacific Rim.
La periodista Keny López escribe para Elsalvador.com: "Commerce Group alega que el 13 de septiembre de 2006 el Gobierno de El Salvador, sin justificación o anuncio previo, revocó los permisos de la compañía que había extendido por la explotación de las minas San Sebastián (La Unión) y San Cristóbal (San Miguel) para extraer oro y plata. Agrega que en 2008 el Gobierno les negó una solicitud de extender sus permisos de explotación en las minas Nuevo San Sebastián y Nueva Esparta (ambas entre La Unión y Morazán)."