Empresarios costarricenses respaldan los esfuerzos por evitar cambios al proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa, que originalmente busca frenar los abusos en las contrataciones que realizan de forma directa las entidades públicas.
Diversas organizaciones critican el texto de la nueva ley de contrataciones públicas señalando que no impone la transparencia necesaria en esos procesos.
La principal crítica se refiere a que del texto finalmente aprobado por la Asamblea Nacional se eliminó un artículo que disponía la inhabilitación de empresas condenadas por corrupción.
El Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que condicionará un préstamo de $419 millones para este 2016 a la reestructuración de la Superintendencia de Administración Tributaria y a la adopción de medidas anticorrupción.
Los préstamos que destinan instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial peligran para Guatemala si no se reestructuran aspectos clave de transparencia como el funcionamiento de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Con la aprobación de las últimas reformas a la Ley de Compras Públicas se limitan las adquisiciones por medio de contratos abiertos y se prohíbe la participación de funcionarios públicos como proveedores.
Los funcionarios y sus familiares no podrán venderle bienes o servicios al Estado mientras estén ejerciendo sus cargos, y tampoco podrán actuar como proveedores quienes hayan financiado con montos anuales superiores a $3800 campañas electorales u organizaciones políticas en el proceso electoral inmediato previo a la administración que esté vigente.
Empresarios de Panamá remarcan que los procedimientos de selección de proveedores mediante las contrataciones públicas no solo deben ser independientes y transparentes, sino que también debe percibirse que lo son.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
REFORMA DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEBE FOMENTAR MAYOR COMPETENCIA
Prohibir que quienes financiaron campañas políticas sean proveedores del Estado, implementar la subasta inversa electrónica y especificaciones técnicas para compra de medicinas, son parte de las reformas propuestas.
Del comunicado del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi):
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó al Congreso de la República diez propuestas de reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales considera prioritarias para la transparencia fiscal y el combate a la corrupción.
El sector empresarial demanda una nueva Ley de Contrataciones Públicas que fomente la competencia y transparencia en las compras de bienes y servicios que realiza el Estado.
En un comunicado publicado por elperiodico.com.gt, el comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), "... se manifestó a favor de una enmienda a la Ley de Contrataciones del Estado con el objetivo de mejorar los procesos de compra desde las entidades gubernamentales".
El Ministerio de Gobernación de Guatemala adjudicó $5,3 millones en contratos de señalización vial, mediante 68 eventos de cotización separados.
Esta práctica permitió que en casi todos los actos se presentara un oferente, y que los concursos se adjudicaran en sólo tres semanas, evitando la mayor transparencia y control de una gran licitación pública.