Los planos para la construcción del Aeropuerto del Puerto de San José, Escuintla, están listos, y se buscará una alianza con la empresa privada para financiar los $140 millones que requiere el proyecto.
Lo que se pretende con la construcción de este aeropuerto es liberar el tráfico aéreo en la terminal de la Aurora. Dado que no dispone de los fondos necesarios, el Estado buscaría concretar el proyecto mediante una alianza público-privada.
El proyecto de una extensión aproximada de 12 kilómetros incluye además la construcción de dos puentes. Iniciaría en el kilómetro 62 de la carretera Interamericana hacia San Andrés Itzapa, que conectaría en la ruta CA-11 y luego en el kilómetro 49 a San Miguel Morazán.
De los proyectos previstos el más ambicioso es la construcción de la carretera de cuatro carriles en el litoral del Pacífico guatemalteco, el que incluye la construcción de dos puentes. Otro de los proyectos es la construcción de rutas alternas para agilizar el tránsito en diferentes tramos de la provincia, entre los que figuran Chimaltenango; San Sebastián y Cuyotenango, Suchitepéquez; y San Bernardino, Retalhuleu
El Consejo de Alianzas para el Desarrollo será el responsable de aprobar proyectos de inversión e infraestructura a construirse conjuntamente entre gobierno y sector privado.
La Ley de Alianzas Público, Privadas permitirá la inversión para infraestructura económica, por ejemplo carreteras, puertos, aeropuertos, infraestructura turística, conducción y comercialización eléctrica y ferroviaria, entre otras, que contarán con el aporte económico a través del sector público y el Estado.
El reglamento de la nueva ley que pretende impulsar el crecimiento económico, entrará en vigencia el próximo año.
El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carlos Amador señaló que esperan que con la nueva ley se aplique el Plan Estratégico de Infraestructura.
"La directora de Competitividad de Agexport, Fanny D.
Dentro de los proyectos a realizar a través de la Ley de Alianzas para el Desarrollo estaría la ampliación del puerto de Quetzal.
La nueva Ley de Alianzas para el Desarrollo (aprobada el pasado 13 de abril) permite delegar en empresas privadas la ejecución y administración de megaproyectos. El Estado garantiza un marco regulatorio y fiscaliza la ejecución del proyecto.
La reciente ley aprobada le permite al gobierno declarar de interés público una expropiación necesaria para realizar proyectos de infraestructura.
La Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (APD), crea la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE). Esta entidad contará con un registro público de proyectos y será quién apruebe declarar de utilidad colectiva, beneficio social e interés público las expropiaciones.
La iniciativa de ley de Alianzas para el Desarrollo permitiría delegar en empresas privadas la ejecución y administración de megaproyectos.
El objetivo de las APD, según el documento, es permitir al sector privado construir y administrar servicios que tradicionalmente son suministrados por el sector público, como la construcción de autopistas, aeropuertos, puertos marítimos y otras infraestructuras.
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