El Consejo de Gabinete aprobó el anteproyecto de ley que incorpora a sectores no financieros como zonas francas y bienes raíces a la lista de entidades obligadas a reportar información de acuerdo a la ley.
Pese a ser una recomendación del GAFI, la reforma de la ley legal de prevención de lavado de dinero que prepara el gobierno, no incluirá la tipificación de la evasión fiscal como delito penal.
La última actualización a las recomendaciones estándares del Grupo de Acción Financiera (Gafi) se realizó en 2012 e incluye considerar "... La evasión fiscal como uno de los orígenes del delito de lavado de capitales." En otros países, si la evasión fiscal supera un determinando monto es considerada como delito penal, mientras que en Panamá solo se sanciona con castigos administrativos. Considerarlo como delito precedente al blanqueo de capitales no está contemplado en el plan de acciones que Panamá prepara para lograr salir de la "lista gris".
La enmienda realizada a la ley contra el blanqueo de capitales excluye a los medios de comunicación de la lista de sujetos obligados a reportar transacciones.
Con esta reforma aprobada en la Asamblea Legislativa de El Salvador la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos obligará solo a las instituciones financieras a reportar a la Unidad Financiera de la Fiscalía General las transacciones en efectivo de $10 mil o más y en otros formatos cuando superan los $25 mil.
Reporte de operaciones sospechosas y la inclusión de funcionarios de gobierno en la categoría "Persona expuesta políticamente" son parte de las reformas realizadas a la ley.
Son muchos y encontrados los intereses que por un lado mantienen a Panamá en listas indeseadas y por otro intentan limpiar la imagen del país como paraíso fiscal.
Fortalecer normas regulatorias de entidades como las cooperativas de ahorro y crédito y el régimen de acciones al portador son parte de los cambios que deberían realizarse en el sistema financiero para mejorar la posición del país en este tema.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) solicita que la Asamblea Legislativa tome en cuenta las reformas que recomienda el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, ya que es un requisito que exige el gobierno de Estados Unidos para liberar los fondos del FOMILENIO II.
Los cambios al reglamento de la Ley 8204 incluyen la clasificación de los clientes de acuerdo a niveles de riesgo y la automatización de los controles anti lavado.
El Presidente Funes sancionó la Ley contra Lavado de Dinero y Activos sin observar la falta de controles especiales para las Personas Expuestas Políticamente.
El control especial a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), fue una de las de las reformas que quedó fuera, ya que los diputados no la aprobaron y el mandatario, Mauricio Funes no la sugirió a pesar de que esta era una recomendación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
Las reformas a la ley aprobadas recientemente continúan siendo deficientes al no incluir regulaciones como el control especial a Personas Expuestas Políticamente.
El reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero obliga, entre otros, a las personas que reciban, administren o ejecuten fondos del Estado.
La disposición que empieza a regir este 26 de noviembre establece que entidades como cooperativas, contadores y auditores también deben cumplir con las obligaciones que establece la ley.
Aquí se incluye a cooperativas que realicen operaciones de ahorro o crédito, personas que administren o ejecuten fondos del estado, contadores públicos y auditores.
La embajadora estadounidense en El Salvador insiste en la necesidad de aprobar reformas a las leyes contra el lavado de dinero y de asocios público-privados.
De acuerdo con la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, se deben aprobar las leyes contra el lavado de dinero y asocios público-privados para emitir "señales claras" junto con esfuerzos por combatir la corrupción en el país.
Si no se aprueban las reformas a la Ley de Asocios Público-Privados y a la Ley de Lavado de Dinero y Activos, no se hará efectivo el segundo desembolso.
Así lo explicó el mandatario salvadoreño Mauricio Funes. “Los cooperantes están en libertad de poner las condiciones que consideren convenientes. Todo lo que le correspondería al Ejecutivo ya se ha hecho”, afirmó.
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