El Senado avaló en segunda lectura el proyecto de extinción de dominio, que servirá para que el Estado se apodere de propiedades originadas o vinculadas a la violación de leyes penales y los bienes utilizados o que guarden vínculos con actividades delictivas.
Esta pieza legislativa reglamenta el procedimiento para los juicios de extinción de dominio previstos en el artículo 51, numeral 6 de la Constitución de la República Dominicana, que dispone que la “Ley establecerá el régimen de administración de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico”, informó el Senado.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y ahora la propuesta sólo espera el visto bueno del Ejecutivo.
El proyecto de ley, que fue enviado por el Órgano Ejecutivo para ser analizado en las sesiones extraordinarias y que busca establecer la competencia privativa para regular y supervisar en la vía administrativa a los sujetos obligados no financieros con la intención de prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, ya superó el trámite en la Asamblea Nacional.
Avanza en la Asamblea Nacional el proyecto de ley contra lavado de activos, que contempla prohibir a las sociedades anónimas la emisión de acciones al portador.
La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional aprobó el dictamen de la nueva Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción masiva.
Una vez entre en vigencia, la ley recién aprobada obligará a contadores, abogados, agentes inmobiliarios y otros profesionales a reportar operaciones sospechosas de sus clientes.
El proyecto de ley 19.951 que reforma la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo fue aprobado en segundo debate por laAsamblea Legislativa.
La reforma a la ley de lavado de dinero aprobada en primer debate obliga a contadores, abogados y agentes inmobiliarios a reportar operaciones sospechosas de sus clientes.
El proyecto de ley 19.951 que reforma la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa el 21 de Abril. La nueva regulación establece las obligaciones que tendrán los profesionales dedicados a actividades no financieras, como abogados, contadores, notarios y agentes de bienes raíces, una vez la ley se apruebe en su totalidad y sea promulgada.
La gremial de bancos advierte que el país podría ser incluido en lista de países no cooperantes de GAFI si sigue demorando la aprobación de la reforma a la ley de lavado de dinero.
Del comunicado de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras:
Costa Rica podría ser incluida en lista de países no cooperantes de GAFI
Urge aprobar Proyecto de Ley “Reforma de los Artículos 15, 15 Bis, 16, 81 y Adición del Artículo 16 Bis de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Ley N.° 7786, de 30 de Abril De 1998”, Expediente #19951.
La propuesta incluye modificar las condiciones que deben presentarse para decretar la liquidación forzosa de una institución, facilitando la lucha contra actividades financieras conexas con delitos.
El propósito de la reforma que prepara el Poder Ejecutivo es endurecer los controles para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para poder identificar eventuales situaciones sospechosas y evitar así la liquidación forzosa de la entidad, como debió hacerse en 2015 en el caso del Banco Continental.
La ley aprobada por la Asamblea obliga a los bancos a exigir a empresas las declaraciones de renta de los últimos dos años y a cerrar cuentas sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La reforma a la Ley 8204 aprobada por la Asamblea de Costa Rica también obliga a los bancos a negarse a abrir cuentas a las empresas que no sean capaces de justificar el origen de sus recursos.
Parte de los cambios que propondrá la Comisión Nacional de Bancos y Seguros implica una definición más clara sobre las etapas de supervisión de la banca.
También se pretende con la reforma evitar que se tenga que cerrar de forma forzosa alguna entidad bancaria, como sucedió en octubre de 2015 cuando se decidió liquidar el Banco Continental luego de que la organización Rosenthal fuera señalada por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Los empresarios con negocios en el exterior verían afectadas sus operaciones comerciales si el país es incluido en la lista de naciones no cooperantes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
EDITORIAL
La demostrada dificultad de la administración Solís para gobernar, entendido esto como la administración de los conflictos entre los distintos sectores de la población, hace difícil ser optimistas y pensar que se logrará, antes del 15 de julio, la aprobación de leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para evitar que se incluya al país en la lista de naciones no cooperantes en esos temas.
Una propuesta de ley contra el lavado de dinero incrementa los controles en actividades como leasing y factoreo y endurece las multas a quienes no reporten transacciones sospechosas.
La propuesta fue elaborada por la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB), y pretende establecer mayores controles y sanciones más graves para mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero. Entre las modificaciones destaca elevar de $10 a $2 millones las sanciones contra quienes incumplan con el reporte de transacciones sospechosas.
Ambas leyes son parte del paquete de reformas encaminadas a que Panamá logre cumplir con algunas de las recomendaciones que ha establecido el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la salida de la lista gris.
El gobierno solicitará al Grupo de Acción Financiera postergar hasta el 2017 la revisión del marco legal que se está implementando contra el blanqueo de capitales en el país.
El examen por parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi) está previsto inicialmente para el 2016, pero el gobierno anunció que pedirá una prórroga para completar y verificar la efectividad de la reestructuración legal, que implica la aprobación de nuevas leyes y la modificación de otras.
El Consejo de Gabinete aprobó el anteproyecto de ley que incorpora a sectores no financieros como zonas francas y bienes raíces a la lista de entidades obligadas a reportar información de acuerdo a la ley.
Reporte de operaciones sospechosas y la inclusión de funcionarios de gobierno en la categoría "Persona expuesta políticamente" son parte de las reformas realizadas a la ley.
english
1647