Tras la cesión por Abdul Waked de la mayoría accionaria de Gese a la Fundación Publicando Historia, se levantaron las restricciones de acceso del Grupo Editorial al sistema financiero de Estados Unidos.
Panamá y Nicaragua están entre los diez países de Latinoamérica con el mayor riesgo de lavado de dinero, según el Instituto de Governanza de Basilea.
El índice Antilavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) elaborado por el Instituto de Governanza de Basilea, ubica a Panamá en el cuarto lugar en la lista de países con mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas en América Latina y el Caribe.
Y te diré quién eres. En su afán por reducir la exposición al riesgo, las corresponsalías bancarias comienzan a restringir los servicios que brindan a empresas de juegos de azar, remesas y casas de bolsa no vinculadas a grupos bancarios en la región.
Para reducir la exposición al riesgo, algunos bancos internacionales con corresponsalías en Panamá y otros países de la región están dejando de abrir cuentas y brindar servicios a empresas cuyos ingresos provienen de actividades como envío de remesas y juegos de azar. El argumento de los bancos es que son actividades más susceptibles de utilizarse para lavado de dinero. Incluso representantes de casas de bolsa no vinculadas a bancos aseguran tener dificultades para ofrecer a sus clientes productos y servicios, "...ya que los bancos no les abren cuentas en las que los clientes depositan sus fondos y reciben rendimientos de las inversiones."
Extendieron el plazo para cumplir con los requisitos que exige la nueva legislación contra el blanqueo de capitales, entre ellos, tener un oficial de cumplimiento en cada empresa.
La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía de El Salvador aprobó extender los plazos a las empresas de diferentes sectores económicos para cumplir con la legislación de prevención del lavado de dinero.
El sector privado salvadoreño pide que se prorrogue el plazo para cumplir con los requisitos que exige la nueva legislación contra el blanqueo de capitales, entre ellos, tener un oficial de cumplimiento en cada empresa.
Las empresas que en enero de 2016 no tengan un oficial de cumplimiento y su suplente en su planilla, estarían incumpliendo con la ley contra el lavado de dinero y podrían quedar imposibilitadas para gestionar créditos y realizar otras operaciones bancarias. Además del poco tiempo disponible, los empresarios aseguran que no todos cuentan con los recursos suficientes para contratar las dos personas.
La enmienda realizada a la ley contra el blanqueo de capitales excluye a los medios de comunicación de la lista de sujetos obligados a reportar transacciones.
Con esta reforma aprobada en la Asamblea Legislativa de El Salvador la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos obligará solo a las instituciones financieras a reportar a la Unidad Financiera de la Fiscalía General las transacciones en efectivo de $10 mil o más y en otros formatos cuando superan los $25 mil.
Reporte de operaciones sospechosas y la inclusión de funcionarios de gobierno en la categoría "Persona expuesta políticamente" son parte de las reformas realizadas a la ley.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) solicita que la Asamblea Legislativa tome en cuenta las reformas que recomienda el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, ya que es un requisito que exige el gobierno de Estados Unidos para liberar los fondos del FOMILENIO II.
El Presidente Funes sancionó la Ley contra Lavado de Dinero y Activos sin observar la falta de controles especiales para las Personas Expuestas Políticamente.
El control especial a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), fue una de las de las reformas que quedó fuera, ya que los diputados no la aprobaron y el mandatario, Mauricio Funes no la sugirió a pesar de que esta era una recomendación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
Las reformas a la ley aprobadas recientemente continúan siendo deficientes al no incluir regulaciones como el control especial a Personas Expuestas Políticamente.
La embajadora estadounidense en El Salvador insiste en la necesidad de aprobar reformas a las leyes contra el lavado de dinero y de asocios público-privados.
De acuerdo con la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, se deben aprobar las leyes contra el lavado de dinero y asocios público-privados para emitir "señales claras" junto con esfuerzos por combatir la corrupción en el país.
Si no se aprueban las reformas a la Ley de Asocios Público-Privados y a la Ley de Lavado de Dinero y Activos, no se hará efectivo el segundo desembolso.
Así lo explicó el mandatario salvadoreño Mauricio Funes. “Los cooperantes están en libertad de poner las condiciones que consideren convenientes. Todo lo que le correspondería al Ejecutivo ya se ha hecho”, afirmó.
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