El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.
La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.
Luego de un litigio de seis años, el Tribunal Arbitral falló a favor de Guatemala en la disputa laboral con EE.UU. en el marco del CAFTA-DR.
Del comunicado del Ministerio de Economía:
Guatemala, 26 de junio de 2017. El informe final del Tribunal Arbitral publicado hoy, expresa que se declaró sin lugar las tres reclamaciones presentadas por Estados Unidos de América, siendo estas:
El sector privado propone crear una nueva legislación municipal que unifique criterios y procedimientos y permita "reducir la discrecionalidad en materia de licencias y cobros".
La propuesta para agilizar las gestiones municipales es parte de una iniciativa conformada por 50 medidas para mejorar la competitividad del país, planteada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) al gobierno nicaragüense.
Sin la cláusula que prohibía la contratación de empresas con condenas por corrupción u otros delitos, la nueva ley elimina las contrataciones abreviadas y disminuye las posibles adendas a los contratos.
La nueva normativa para las compras públicas en Panamá regirá seis meses después de su promulgación por la Presidencia panameña.
Los opositores a la inclusión de la cláusula que prohibía la la contratación de empresas con condenas por corrupción u otros delitos fundamentaron su postura en que "... Era una propuesta totalmente impráctica... [Si se hace esta lista] vamos a tener a la Dirección General de Contrataciones Públicas haciendo investigaciones judiciales en otros países. Con licitaciones paradas. Lo único que íbamos a hacer es que las empresas contrataran abogados para impugnar licitaciones", tal como lo explicó el diputado José Luis Varela en Prensa.com.
Entró en vigencia la ley que otorga equivalencia jurídica a la firma en las transacciones que se realicen vía medios electrónicos.
Del comunicado del Ministerio de Economía de El Salvador:
La nueva Ley de Firma electrónica, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado mes de octubre, entró en vigencia este 26 de abril de 2016, convirtiendo al Ministerio de Economía en la Entidad Acreditadora Raíz de Firma Digital.
Un proyecto de ley busca que se pueda reorganizar las finanzas o liquidar de forma eficiente a las empresas que presenten problemas de solvencia.
Del comunicado de Presidencia de Panamá:
El ministro de la Presidencia Álvaro Alemán presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley sobre el régimen de los procesos concursales de insolvencia, con lo que se busca adecuar el Código de Comercio de Panamá que recoge este tema, pero que data de 1916.
La Asamblea Legislativa aprobó la reforma procesal laboral, que implementa la oralidad en los procesos judiciales y autoriza a presentar las demandas a través de medios electrónicos.
La principal novedad que incluye la nueva legislación es la oralidad en los procesos judiciales y la reducción de sus plazos, ya que se resolverán en un plazo promedio de dos años.
Con la nueva ley de Código Procesal Civil los tiempos de duración de los juicios civiles se reducirán de un promedio de entre 10 y 15 años a solo dos años.
Los casos de incumplimiento de contratos entre privados que se lleven a juicio civil se resolverán en un plazo promedio de dos años, pues se desarrollarán a través de audiencias orales y no por escrito.
Cuando existan sospechas sobre la gestión de los dineros de los partidos políticos en Costa Rica, se levantará el secreto bancario y tributario de donantes o proveedores.
El artículo en Nacion.com reseña que "... El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) levantará el secreto bancario y tributario de los donantes de los partidos políticos para verificar su solvencia económica, ante sospechas sobre el origen de sus recursos.
La capacidad de los Poderes Ejecutivos y Legislativos para conducir efectivamente la economía de sus países está seriamente disminuida por la acción descomedida de los Poderes Judiciales, en especial de las Cortes Constitucionales.
EDITORIAL
Ocurre en Centroamérica pero es un problema que crece en toda Latinoamérica. El legítimo afán de asegurar a todos los ciudadanos la plena vigencia de los derechos que otorga la bienvenida vigencia de la democracia liberal, ha generado una cultura de aceptación de prácticamente todo recurso que se interponga en tribunales contra acciones ejecutivas de gobierno, y también contra leyes formalmente bien aprobadas.
Gold Service es una firma de abogados en El Salvador y Centro América, contamos con un equipo de abogados especializados en el área de derecho corporativo y asesoría de negocios.
Empresa que opera en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y El Salvador
Tel: (503) 22639696
Una corrección a la Ley 47 de 2013 habilita a que las sociedades anónimas continúen la emisión de acciones al portador.
Por Alvaro Aguilar , socio de la firma Lombardi Aguilar Group
El Gobierno de Panamá publicó una corrección de la Ley 47 de 2013 para que las sociedades anónimas continúen la emisión de acciones al portador. La ley adopta un arreglo de custodia de las acciones emitidas al portador y el Gobierno la promulgó como una ley que busca preservar la imagen de Panamá como país colaborador en la lucha contra el uso indebido de sus servicios financieros, y que coloca a la nación al día con tendencias del derecho internacional.
Una corrección a la Ley 47 de 2013 habilita a que las sociedades anónimas continúen la emisión de acciones al portador.
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El Gobierno de Panamá publicó una corrección de la Ley 47 de 2013 para que las sociedades anónimas continúen la emisión de acciones al portador. La ley adopta un arreglo de custodia de las acciones emitidas al portador y el Gobierno la promulgó como una ley que busca preservar la imagen de Panamá como país colaborador en la lucha contra el uso indebido de sus servicios financieros, y que coloca a la nación al día con tendencias del derecho internacional.
La norma permite al Estado incautar los bienes originados en ilícitos relacionados con fraude fiscal, lavado de dinero, narcotráfico o crimen organizado.
El Congreso salvadoreño también acordó sumar los delitos de defraudación a la hacienda pública y actos de corrupción a la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita.
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