Por "haber faltado a su deber de colaboración para proporcionar la información y documentación requerida a la Superintendencia de Competencia", sancionaron a Holcim S.A. en El Salvador.
Del comunicado de la Superintendencia de Competencia:
27 de Febrero de 2019. El Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia (CDSC) sancionó a la empresa Holcim S.A.
GUPC, el consorcio que tuvo a cargo la ampliación del Canal, deberá devolver $848 millones en anticipos a la Autoridad del Canal de Panamá.
Del comunicado de la Autoridad del Canal de Panamá:
12 de diciembre de 2018. El contratista del Contrato de Diseño y Construcción del Tercer Juego de Esclusas del Programa de Ampliación del Canal de Panamá, Grupo Unidos por el Canal, S.A.
Extendieron hasta el 26 de diciembre el plazo para que Panamá NG Power presente la aclaración de la información financiera para la construcción de la planta de gas natural de 670 MW.
Luego de que en diciembre de 2017 se emitiera un fallo judicial que concedía a Panamá NG Power 150 días para demostrar que posee la capacidad económica para desarrollar el proyecto, el proceso sufrió varios reveses, ya que según interpretación de la empresa, dicho plazo inició el 8 de marzo de 2018, pero la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), lo declaró vencido a inicios de junio de este año.
Autoridades panameñas declararon vencido el plazo para que Panamá NG Power presente la sustentación económica para la construcción de la planta de gas natural de 670 MW.
El pasado mes de diciembre se emitió un fallo judicial por medio del cual se le concedió a Panamá NG Power, 150 días para demostrar que poseen la capacidad económica para desarrollar el proyecto. Según interpretación de la empresa, dicho plazo inició el 8 de marzo de 2018.
A un mes de que le cancelaran la licencia, un fallo judicial vuelve a reactivar el proyecto de construcción y operación de una planta de gas natural de 670 MW, a cargo de NG Power.
Desde octubre de 2017 las construcciones cuya cobertura supere el 20% del terreno, deberán presentar un estudio hidrogeológico.
La entrada en vigencia de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, ha generado dudas respecto a cuáles son realmente los proyectos que deben cumplir con la presentación del estudio hidrogeológico. Por un lado, la guía indica que las construcciones que tengan una cobertura del terreno igual o inferior al 20% del área no necesitarán el estudio, y por otro lado, representantes del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento (Senara), plantean una interpretación distinta.
En Costa Rica la estatal eléctrica deberá pagar $112 millones al contratista del proyecto hidroeléctrico Chucás, por "gastos adicionales que le autorizó y luego se negó a reconocerle".
En el laudo emitido por el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA), al que recurrió la empresa Enel Green Power Costa Rica para resolver el conflicto que se originó en 2015 por el encarecimiento de casi $148 millones del proyecto hidroeléctrico Chucás, que aún no se ha terminado, se establece que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) actuó con "mala fe contractual".
Aunque la multa de $2.600 millones es la más alta de este tipo en la historia, es casi la mitad de lo que había acordado inicialmente la constructora brasileña con la Fiscalía de EE.UU.
La multa impuesta por un juzgado del distrito Este de Nueva York pone fin, al menos en los tribunales estadounidenses, a uno de los casos de corrupción más polémicos de la historia, por el involucramiento de funcionarios y empresas del Estado, empresarios y políticos de alto rango.
La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial rechazó los argumentos de la constructora costarricense, que reclamaba el pago de $13 millones por supuestos sobrecostos incurridos en una obra vial en el marco del proyecto Fomilenio.
Del comunicado de la Fiscalía General:
Panamá. La Fiscalía General de la República informa que se ha ganado un nuevo arbitraje internacional para el Estado de El Salvador por trece millones de dólares, por una demanda interpuesta contra el proyecto FOMILENIO.
Para el segundo semestre del año Setena prevé modificar el reglamento para disminuir a 5 meses el plazo para resolver estudios de proyectos de alto impacto ambiental.
Actualmente la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) demora entre 6 meses y un año para analizar y decidir si otorga o no el permiso a los proyectos de construcción de alto impacto ambiental.
La revelación de que la constructora brasileña pagó casi $60 millones en sobornos en Panamá constituye un claro llamado de atención a la sociedad y al sector privado, que debe exigir transparencia en las contrataciones estatales.
EDITORIAL
Cuando una empresa soborna funcionarios de gobierno para adjudicarse contratos de obra pública no solo está generando un grave perjuicio a la institucionalidad de ese país, sino también al desarrollo económico y al desempeño de aquellas empresas privadas que operan en el marco de la legalidad, pagando impuestos y cumpliendo con la ley.
La gremial constructora estima que de aprobarse la reforma de ley que proponen para agilizar y simplificar los trámites, la obtención del permiso de construcción demoraría 30 días.
La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco) propone reformar la Ley Especial de Agilización de Trámites para el Fomento de Proyectos de Construcción y mejorar los plazos en que actualmente se conceden los permisos de construcción y ambientales.
La Empresa Nacional de Autopistas podrá constituir sociedades subsidiarias para ejecutar obras de infraestructura vial mediante concesiones administrativas otorgadas por el Estado.
Con la reforma de ley se amplia el ámbito de acción de la Empresa Nacional de Autopistas, S.A., para "comprender la adquisición de participación accionaria en el capital social de sociedades concesionarias del Estado, para la construcción, conservación, mantenimiento, administración, financiación y explotación, por sí, no sólo de carreteras, autopistas, sino también de puentes, vías de acceso y cualquier obra de infraestructura vial."
Agilizar los trámites de expropiación de terrenos es vital para lograr ejecutar en tiempo y forma las obras necesarias para superar la pésima situación de la infraestructura vial de Costa Rica.
Es lo que bien pretende el Ministerio de Obras Públicas al plantear la reforma de la Ley de Expropiaciones, para reducir los larguísimos plazos de los trámites para obtener el dominio sobre los terrenos necesarios para construir infraestructura pública, y lo que es peor, que nunca exista certeza sobre esos plazos, encareciendo notablemente los proyectos.
La concesionaria del proyecto hidroeléctrico asegura no ser parte del acuerdo anunciado por el gobierno y no descarta tomar acciones legales para proteger su inversión.
Del comunicado de Genisa Generadora del Istmo:
Ha transcurrido aproximadamente un año y medio desde que el Gobierno Nacional decidió instaurar una mesa de diálogo con la Comisión Indígena en torno al proyecto Barro Blanco.
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