Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
La gremial empresarial guatemalteca advierte sobre el impacto negativo que tiene en el entorno económico, político y social la falta de certeza jurídica.
Del comunicado del Cacif:
Llamamos la atención de la opinión pública por los graves impactos que puedan generarse debido a los distintos casos en que se ha invocado el Convenio 169 de la OIT, y en los que los órganos jurisdiccionales del país han emitido fallos que se contradicen entre sí, llegando al extremo –en uno de ellos- de ordenar la suspensión de operaciones de una empresa.
Como se ha reiterado en comunicaciones anteriores, es importante dotar al Convenio 169 de una normativa de consulta que permita cumplir con sus disposiciones de forma clara y con certeza en cuanto a sus procedimientos. En tanto esto ocurre, es necesario que en los casos que se ventilan en los distintos tribunales de la República se tengan presentes aspectos fundamentales para la seguridad jurídica, como lo son:
Aunque destaca el impulso que tomó la lucha contra la corrupción en 2016, la falta de certeza jurídica sigue afectando las condiciones para hacer negocios en el país.
Del Informe de Coyuntura Legal e Institucional de la FundaciónSalvadoreña para el Desarrollo Económico y Social:
El informe se divide en 3 capítulos, en los cuales se analizan los temas más relevantes ocurridos durante el semestre en materia de Estado de derecho, transparencia, seguridad y clima de negocios. Entre los hallazgos que más destacan, se mencionan los siguientes:
La falta de un "acuerdo de país para salir del círculo vicioso de falta de crecimiento, inversión y empleo, y de excesiva burocracia" sigue afectando el clima de negocios.
Del Informe de Coyuntura Legal e Institucional de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social:
El informe se divide en 3 capítulos, en los cuales se analizan los temas más relevantes ocurridos durante el semestre en materia de Estado de derecho, transparencia, seguridad y clima de negocios. Entre los hallazgos que más destacan, se mencionan los siguientes:
Entregaron al Gobierno una propuesta de reforma integral del Estado donde retoman temas como la flexibilización de la jornada laboral y la apertura de mercados de electricidad e hidrocarburos.
La Unión Costarricense de Cámaras Empresariales y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), alertó en el informe que entregó al presidente Luis Guillermo Solís, sobre “…el alto grado de descontento ciudadano y la lentitud para resolver los temas que atañen a la mayoría de la población”.
La caída de Centroamérica en manos del narcotráfico da la razón al genio: "Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes".
EDITORIAL
Pese a que los gobernantes lo niegan, los países centroamericanos están perdiendo la guerra contra los traficantes de drogas. En unas más rápido que en otras, en todas las naciones del istmo va creciendo la violencia asociada al narcotráfico, y se hace cada vez más notoria la infiltración del poder mafioso en instituciones públicas y organizaciones privadas, a través del soborno, y también a través del terror.
El inaudito aumento de la violencia en Costa Rica, otrora un oasis de paz en la región, es otra señal del fracaso de la lucha antidrogas tradicional.
EDITORIAL
Más poderoso que los Estados centroamericanos, el narcotráfico avanza no solo aumentando la oferta de estupefacientes en los países de la región, sino permeando las instituciones con el poder de su dinero y generando una creciente cultura de violencia que hace irrisorio proclamar que en Centroamérica no existe la pena de muerte. Sí existe, y lo peor es que no es la Justicia institucionalizada la que la decreta, sino los capos mafiosos, que señalan -a verdugos cada vez más jóvenes- quienes deben ser ejecutados.
La capacidad de los Poderes Ejecutivos y Legislativos para conducir efectivamente la economía de sus países está seriamente disminuida por la acción descomedida de los Poderes Judiciales, en especial de las Cortes Constitucionales.
EDITORIAL
Ocurre en Centroamérica pero es un problema que crece en toda Latinoamérica. El legítimo afán de asegurar a todos los ciudadanos la plena vigencia de los derechos que otorga la bienvenida vigencia de la democracia liberal, ha generado una cultura de aceptación de prácticamente todo recurso que se interponga en tribunales contra acciones ejecutivas de gobierno, y también contra leyes formalmente bien aprobadas.
Horas después de que el Congreso votara quitarle la inmunidad, el Ministerio Público anunció que una vez sea citado en el juzgado, solicitará el cese de funciones del presidente guatemalteco.
El anuncio fue realizado por la fiscal general del Ministerio Público, que aseguró, según reseña Prensalibre.com, "... que cuando el presidente Otto Pérez Molina llegue al juzgado pedirá que sea cesado de su cargo."
La comisión parlamentaria designada para evaluar la solicitud de antejuicio contra el presidente guatemalteco recomienda al Congreso retirar la inmunidad al mandatario.
Mientras el presidente insiste en mantenerse en su cargo, la comisión designada para analizar los argumentos de defensa del presidente Pérez Molina y las pruebas presentadas por el Ministerio Público tomó la decisión en forma unánime de recomendar al Congreso retirar la inmunidad para que haga frente al juicio.
La Corte Constitucional considera que la evidencia presentada por el Ministerio Público es suficiente para dar trámite al antejuicio y que el Congreso decida si retira o no la inmunidad al mandatario.
La decisión de levantar la inmunidad al presidente Pérez Molina para que enfrente las acusaciones por corrupción recae ahora en el poder legislativo. Los diputados que integran la Comisión Pesquisidora deberán investigar en base a las pruebas presentadas por los fiscales, y definir posteriormente en el plenario, su decisión.
El Ministerio Público de Guatemala considera "probable" el involucramiento del presidente Otto Pérez Molina en la red de defraudación aduanera "La Línea" y solicitó el antejuicio a la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) y el Ministerio Público presentaron una solicitud de antejuicio para levantar la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina y poder realizar la investigación formal con base en las pruebas recabadas.
Pese al acuerdo firmado en diciembre pasado, las autoridades de la CEL dicen que se reservan el derecho de activar la parte civil o proceso para cobro de indemnización por supuestos daños y perjuicios.
Tras diez años de litigio internacionalcon la empresa italiana ENEL por el control de geotérmica Enel Green Power El Salvador, en el que el Estado salvadoreño tenía todas las de perder, en diciembre de 2014 se firmó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un acuerdo que en su artículo 3 establece lo siguiente: "Las partes (el Estado salvadoreño y Enel) han acordado como condición no suspensiva de los efectos del Acuerdo Marco, la extinción definitiva e irrevocable de la acción civil del delito que involucra a Enel Green Power (EGP) y Enel Green Power El Salvador en los procesos penales números 171-A-2-13 en el Juzgado Séptimo de Paz y 133-2013-12 en el Juzgado Séptimo de Instrucción, ambos de San Salvador, que se hará extensiva a todas las personas naturales que tienen calidad de imputados en los mismos...".
Aunque los países centroamericanos tienen grandes problemas que deterioran su imagen en el exterior, a veces son episodios pequeños los que desde afuera se destacan como inadmisibles en una sociedad moderna.
EDITORIAL
Muchos políticos pretenden hacer creer a los pueblos donde lideran, que la principal función del Estado es el asistencialismo, cuando el camino a la prosperidad y la justicia social comienza con el buen funcionamiento del Poder Judicial y de la voluntad estatal para hacer cumplir la ley. Si el Estado cumple bien estas funciones primordiales, el desarrollo está a resguardo de la veleidad de los eventuales malos dirigentes, y se asegura la formación de una cultura de justicia y de respeto de las normas que es esencial para el progreso humano.
Un estudio del BID revela que las personas expuestas a información sobre actos de corrupción son más propensas a cometerlos ellas mismas.
EDITORIAL
Un artículo en Crhoy.com analiza el reporte "Corruption as a Self-Fulfilling Prophecy: Evidence from a Survey Experiment in Costa Rica", producido por investigadores para el Banco Interamericano de Desarrollo, concluyendo que "...
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Ciudad de Panamá, se vende estación de gasolina, de marca multinacional, la estación tiene más de 20 años operando, se encuentra en el centro de la ciudad de Panamá. Estación de gasolina operando, en Ciudad de Panamá,...