El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala decidió derogar la licencia que a inicios de 2020 había otorgado al proyecto hidroeléctrico Rocja Pontilá, ubicado en Cobán, Alta Verapaz.
Argumentando que no se cumplieron los requisitos que establece la ley para emitir una licencia, en Guatemala las autoridades decidieron suspender el permiso ambiental del proyecto hidroeléctrico Central Rocja Pontila.
En Guatemala un grupo de diputados presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo ministerial que aprueba el proyecto hidroeléctrico Central Rocja Pontila.
La autorización para la hidroeléctrica, propiedad de Proyecto de Desarrollo Integral Pontila y que se proyecta construir en el río Icbolay, en Alta Verapaz, fue emitida el 13 de enero de 2020.
En Costa Rica la estatal eléctrica deberá pagar $112 millones al contratista del proyecto hidroeléctrico Chucás, por "gastos adicionales que le autorizó y luego se negó a reconocerle".
En el laudo emitido por el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA), al que recurrió la empresa Enel Green Power Costa Rica para resolver el conflicto que se originó en 2015 por el encarecimiento de casi $148 millones del proyecto hidroeléctrico Chucás, que aún no se ha terminado, se establece que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) actuó con "mala fe contractual".
En Costa Rica rechazaron una demanda interpuesta contra el ICE por Unión Fenosa Generadora La Joya, que reclamaba $7,9 millones por supuestos sobrecostos por la suspensión de un proyecto hidroeléctrico en Turrialba.
Reseña Nacion.com que "... El caso se remonta al 2002 en el marco de un contrato BOT —construir, operar y transferir— suscrito entre el ICE y el generador privado español para producir 50 Megavatios (MW) de energía con fuente hídrica en el cantón de Turrialba."
La concesionaria del proyecto hidroeléctrico asegura no ser parte del acuerdo anunciado por el gobierno y no descarta tomar acciones legales para proteger su inversión.
Del comunicado de Genisa Generadora del Istmo:
Ha transcurrido aproximadamente un año y medio desde que el Gobierno Nacional decidió instaurar una mesa de diálogo con la Comisión Indígena en torno al proyecto Barro Blanco.
La propiedad de Barro Blanco será traspasada a un fideicomiso que contratará una empresa para operar la central hidroeléctrica, y Genisa deberá recibir el repago de su inversión en el proyecto.
Por su parte la concesionaria del proyecto hidroeléctrico asegura no ser parte del acuerdo anunciado por el gobierno y no descarta tomar acciones legales para proteger su inversión.
Un acuerdo entre el gobierno y la comunidad indígena de la zona pondría fin a un conflicto que generó pérdidas por más de $20 millones a la concesionaria.
Del comunicado de Presidencia de Panamá:
La firma de un acuerdo sobre la incompatibilidades del proyecto Hidroeléctrico de Barro Blanco pone de relieve la manera como el Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela ha enfrentado los retos de la Comarca Ngabe Buglé: en lugar de la confrontación y el abandono característicos de administraciones pasadas, una política de diálogo y un fuerte plan de inversión pública.
Los conflictos por el uso de las tierras y acciones legales de ambientalistas mantienen paralizados catorce proyectos de generación de energía hidroeléctrica.
De los catorce proyectos hidroeléctricos que están detenidos, según la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), seis fueron suspendidos por haberse declarado inconstitucionales, dos están en "proceso de diálogo", uno pendiente de resolver por la Corte de Constitucionalidad y otros "...cinco que no se desarrollarán por la conflictividad".
El Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones falló contra el empresario Julio Lisac, demandante por el cese de la concesión de un proyecto hidroeléctrico.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
Panamá gana arbitraje en CIADI · La demanda presentada por Transglobal Green Energy contra la República fue rechazada
Un decreto ejecutivo prohíbe el desarrollo de proyectos hidroeléctricos con capacidad superior a 500 MW en el cauce de los ríos Pacuare y Savegre por los próximos 25 años.
Del comunicado de Presidencia de Costa Rica:
Gobierno decretó salvaguarda ambiental de 25 años para ríos Pacuare y Savegre
- Prohíbe proyectos hidroeléctricos de 500 kilowats o más
El acuerdo con la constructora italiana para la liquidación del contrato de construcción de la hidroeléctrica El Chaparral evitó al país una demanda ante un tribunal internacional.
La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel) confirmó que pagó a Astaldi $108.5 millones pues las opciones eran ir a un arbitraje internacional o negociar el fin del contrato llave en mano.
La Justicia de Panamá anuló la resolución de ASEP de 2006 que quitó la concesión del proyecto a Julio Lisac, para otorgarla en 2007 a Ideal S.A. de Carlos Slim.
La Autoridad de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP) ahora debería paralizar los trabajos en la hidroeléctrica de 85Mw, para restituirla al concesionario original, la empresa de Lisac.
El artículo de Zelideth Cortez en Laestrella.com.pa, reseña que "Todo empezó cuando, en diciembre del 2006, la ASEP decidió quitarle la concesión para la ejecución del proyecto hidroeléctrico a Mina Hidro-Power Corp. con el argumento de que había incumplido el contrato, pues debían comenzar la construcción de la central hidroeléctrica a más tardar en octubre de 2006. Posteriormente, en mayo de 2007, la Autoridad de los Servicios Públicos le dio la concesión para la ejecución del proyecto hidroeléctrico a la empresa Ideal, S.A."
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