La Alcaldía de Managua presentó una demanda judicial contra Millicom, argumentando que la empresa tiene una deuda de casi $1 millón por concepto de cinco años de mora en el pago del impuesto de Bienes Inmuebles.
La deuda que reclama la Alcaldía capitalina, corresponde a la supuesta omisión en el pago del impuesto municipal correspondiente a los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, período en el que los activos aún pertenecían a Telefónica.
El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.
La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.
Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
Tras la cesión por Abdul Waked de la mayoría accionaria de Gese a la Fundación Publicando Historia, se levantaron las restricciones de acceso del Grupo Editorial al sistema financiero de Estados Unidos.
Del comunicado del embajador de EE.UU. en Panamá:
Ciudad de Panamá, 23 de octubre de 2017.-
Mis colegas de la Embajada de Estados Unidos en Panamá y yo felicitamos a todas las partes involucradas en el exitoso esfuerzo mancomunado de reestablecer el acceso sin restricciones al mercado y sistema financiero de los Estados Unidos al Grupo Editorial La Estrella de Panamá y El Siglo (GESE).
Recibió aprobación legislativa la reforma de la Ley para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura que integra al modelo de políticas agrícolas la variedad robusta.
La reforma a la ley 853 incluye la creación de una Secretaría Ejecutiva para la Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec), incorporando a esta Comisión representantes del sector público y del sector privado.
El sector privado nicaragüense propone otorgar en concesión la operación del puerto o utilizar un esquema público-privado que permita mejorar la eficiencia y gestión de la terminal portuaria.
Los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) analizaron el esquema bajo el cual funciona la terminal portuaria hondureña en Cortés, que fue otorgada en concesión a laOperadora Portuaria Centroamericana (OPC), para evaluar si es viable replicar el modelo en Puerto Corinto.
El sector privado propone crear una nueva legislación municipal que unifique criterios y procedimientos y permita "reducir la discrecionalidad en materia de licencias y cobros".
La propuesta para agilizar las gestiones municipales es parte de una iniciativa conformada por 50 medidas para mejorar la competitividad del país, planteada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) al gobierno nicaragüense.
Las restricciones que actualmente se imponen en Guatemala en términos de libertades aéreas constituyen un factor limitante de la competitividad de sus sectores productivos.
EDITORIAL
En el reciente webinar “Acuerdos de Cielos Abiertos y su Impacto en la Competitividad” organizado por Agexport, se mostró el impacto negativo para Guatemala de haber ratificado solamente "...
La falta de control de los negocios informales que se instalan en las costas impiden un mayor desarrollo en zonas con gran potencial turístico como San Juan del Sur.
El sector empresarial argumenta que no se cumple la Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras y la Conservación del Medio Ambiente, al permitirse la instalación de negocios informales como restaurantes y hostales en las costas.
Aguilar Castillo Love es un bufete internacional líder con oficinas en América Central y Ecuador.
Empresa que opera en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y América Central
Tel: (505) 2225 8748
Para proteger las fuentes de empleo el gobierno panameño busca que EE.UU. otorgue permisos que permitan temporalmente la operación de empresas del Grupo Waked con ciudadanos y empresas estadounidenses.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):
Objetivo es proteger los empleos de empresas Waked
Se ha solicitado al Departamento del Tesoro otorgar licencias.
El señalamiento del grupo Waked como una red de lavado de dinero podría tener como consecuencia cambios importantes en las representaciones de las marcas comercializadas en el país.
El artículo en Prensa.com recoge declaraciones al respecto de Jorge García Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, quien destaca la mesura con que se debe tratar el caso para lograr minimizar los daños que se estima puede provocar, en especial en los empleos de las empresas cuestionadas.
Costa Rica y Guatemala están en la lista de 23 países que el gobierno de Estados Unidos considera necesario vigilar por violaciones a derechos de propiedad intelectual.
El 12 de abril de 2016, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicó su Informe Especial 301 de 2016. El Informe es una revisión anual del estado de los derechos de protección de la propiedad intelectual (DPI) y el cumplimiento de los socios comerciales de Estados Unidos en todo el mundo.
La ingeniería fiscal legal es una práctica empresarial obligatoria si se quiere ser competitivo en el mundo globalizado de hoy, y esto pueden permitirse desconocerlo solamente quienes no son empresarios.
EDITORIAL
Con la misma firmeza que criticamos al empresario que evade impuestos o corrompe funcionarios para lograr un contrato, debemos defender toda práctica empresarial encuadrada en la legalidad que persiga el mejor uso de los recursos disponibles para la generación de riqueza a través de la producción de bienes y servicios, que eso es lo que hacen las empresas.
Competir con multinacionales en el marco del DR-CAFTA obliga a las empresas a cumplir con todos los procesos necesarios para proteger sus marcas, procesos y productos.
La llegada a Centroamérica de empresas multinacionales compitiendo en igualdad legal con las locales o regionales como consecuencia del DR-CAFTA, pone en evidencia los vacíos de implementación legal y mejores prácticas para los negocios en temas como la protección de marcas y propiedad intelectual. En un análisis de Nacion.com, se resalta la necesidad que tienen empresas y emprendedores para proteger el proceso de desarrollo del producto, su formulación y sus marcas.
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