El inaudito aumento de la violencia en Costa Rica, otrora un oasis de paz en la región, es otra señal del fracaso de la lucha antidrogas tradicional.
EDITORIAL
Más poderoso que los Estados centroamericanos, el narcotráfico avanza no solo aumentando la oferta de estupefacientes en los países de la región, sino permeando las instituciones con el poder de su dinero y generando una creciente cultura de violencia que hace irrisorio proclamar que en Centroamérica no existe la pena de muerte. Sí existe, y lo peor es que no es la Justicia institucionalizada la que la decreta, sino los capos mafiosos, que señalan -a verdugos cada vez más jóvenes- quienes deben ser ejecutados.
Diagrama presentando las personas y empresas señaladas por acciones relacionadas con lavado de dinero, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. advirtió que no se señalará a personas o instituciones por participar en la liquidación mientras no beneficien a personas o entidades ya señaladas por OFAC.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado referente a la decisión de las autoridades hondureñas de liquidar el Banco Continental, tras el señalamiento de la institución y de varios de sus directivos por acciones de lavado de dinero del narcotráfico:
Un fallo de la Corte Constitucional denegó un recurso de amparo presentado por pobladores de Santa Rosa que pedía la anulación de la licencia de operación de la mina.
El artículo en Republica.com.gt reseña que "... La resolución también pide a las autoridades dar seguimiento a la vigilancia respectiva a todas las empresas que se dedican a la minería para mantener los controles de calidad en el agua.
Anuncian la devolución de depósitos hasta por $9.200 (L200,000) por persona, y luego el pago de empleados, depositantes y otros, señalando que "... se cuenta con suficientes recursos para atenderlos a todos".
La causa es el ingreso de la institución a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., y la congelación de sus activos en el extranjero.
La Fiscal General señaló que el número de empresarios supuestamente involucrados en defraudación aduanera relacionada con el caso "La Línea", podrían llegar a 1.500.
El artículo en S21.com reseña que consultada la Fiscal General sobre una eventual fuga de los empresarios, Thelma Aldana aseguró que "está descartado porque ellos no saben 'a quiénes se va a citar'.
La capacidad de los Poderes Ejecutivos y Legislativos para conducir efectivamente la economía de sus países está seriamente disminuida por la acción descomedida de los Poderes Judiciales, en especial de las Cortes Constitucionales.
EDITORIAL
Ocurre en Centroamérica pero es un problema que crece en toda Latinoamérica. El legítimo afán de asegurar a todos los ciudadanos la plena vigencia de los derechos que otorga la bienvenida vigencia de la democracia liberal, ha generado una cultura de aceptación de prácticamente todo recurso que se interponga en tribunales contra acciones ejecutivas de gobierno, y también contra leyes formalmente bien aprobadas.
Tras la crisis institucional la superintendencia tributaria sigue operando sin cabeza desde abril, mientras el déficit fiscal sigue creciendo y los proyectos de ley duermen en la Asamblea.
En su artículo de opinión publicado en Prensalibre.com, Oscar Chile Monroy, hace referencia a la necesidad de que el nuevo presidente Alejandro Maldonado defina con urgencia las nuevas autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, para reencauzar el estado de las finanzas públicas, tras la crisis institucional cuyos efectos todavía afectna a la entidad recaudadora de impuestos.
Mientras el proyecto Ley de Inversión y Empleo sigue esperando en el congreso, el nuevo ministro de Economía anunció que prepara un "plan B" para mantener los incentivos al sector productivo.
Cuando faltan menos de cuatro meses para que pierda vigencia el decreto Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, anuncian que con el plan alternativo se pretende mantener los beneficios fiscales que gozaban hasta ahora las empresas del sector exportador, principalmente el de textiles y maquila.
Horas después de que el Congreso votara quitarle la inmunidad, el Ministerio Público anunció que una vez sea citado en el juzgado, solicitará el cese de funciones del presidente guatemalteco.
El anuncio fue realizado por la fiscal general del Ministerio Público, que aseguró, según reseña Prensalibre.com, "... que cuando el presidente Otto Pérez Molina llegue al juzgado pedirá que sea cesado de su cargo."
La Procuraduría General de la Nación recomienda declarar nulo el contrato de usufructo oneroso firmado con la española Terminal de Contenedores Quetzal.
Si el Poder Ejecutivo no declara la nulidad, tal como recomienda la Procuraduría General de la Nación (PGN), ésta podría "tomar las acciones que correspondan". El argumento de la PGN se basa en que "...
La comisión parlamentaria designada para evaluar la solicitud de antejuicio contra el presidente guatemalteco recomienda al Congreso retirar la inmunidad al mandatario.
Mientras el presidente insiste en mantenerse en su cargo, la comisión designada para analizar los argumentos de defensa del presidente Pérez Molina y las pruebas presentadas por el Ministerio Público tomó la decisión en forma unánime de recomendar al Congreso retirar la inmunidad para que haga frente al juicio.
La Corte Constitucional considera que la evidencia presentada por el Ministerio Público es suficiente para dar trámite al antejuicio y que el Congreso decida si retira o no la inmunidad al mandatario.
La decisión de levantar la inmunidad al presidente Pérez Molina para que enfrente las acusaciones por corrupción recae ahora en el poder legislativo. Los diputados que integran la Comisión Pesquisidora deberán investigar en base a las pruebas presentadas por los fiscales, y definir posteriormente en el plenario, su decisión.
El Ministerio Público de Guatemala considera "probable" el involucramiento del presidente Otto Pérez Molina en la red de defraudación aduanera "La Línea" y solicitó el antejuicio a la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) y el Ministerio Público presentaron una solicitud de antejuicio para levantar la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina y poder realizar la investigación formal con base en las pruebas recabadas.