En Guatemala autorizaron el segundo proyecto para instalar una Zona de Desarrollo Económico Especial Pública, el cual requerirá una inversión inicial de $16 millones y se ubicará en Pajapita, departamento de San Marcos.
El nombre del parque industrial, que estará en un terreno de 160 hectáreas y albergará empresas industriales y de logística, es "Puerta del Istmo" y requerirá en su primera fase una inversión de $4 millones y en su segunda fase prevé invertir $12 millones.
Alejandro Giammattei, presidente electo de Guatemala, propondrá a las autoridades del país norteamericano que se desarrolle una zona económica especial que abarque ambos lados de la frontera.
El presidente electo de Guatemala no pierde el tiempo, pues a cuatro meses de su toma de posesión, ya realiza propuestas en materia de inversión a países vecinos.
El reglamento para las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas, que entró en vigencia en Guatemala el 4 de febrero, establece incentivos fiscales a las compañías que operen bajo este esquema.
Entre los beneficios fiscales que contempla la Ley de Zonas de Desarrollo Económicas Especiales Públicas (ZDEEP), destacan la exoneración por 10 años del 100% del Impuesto Sobre la Renta, así como la suspensión temporal de los impuestos asociados a las importaciones.
Desde que se modificó la ley de zonas francas, en los últimos dos años en Guatemala han cerrado casi 100 empresas, y para 2019 se prevé que la cifra siga creciendo, si no se logra enmendar el marco regulatorio.
Datos del Banco de Guatemala detallan que de enero a octubre de este año las exportaciones de las empresas de zonas francas sumaron $471 millones, 2% menos que los $479 millones registrados en los primeros diez meses de 2017.
Las zonas francas de República Dominicana exportan anualmente cerca de $5.700 millones, y los empresarios aseguran que sus resultados superan a países como Costa Rica, Chile, Colombia y Puerto Rico.
Según la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), el sector acumula inversiones por $4.474 millones, las cuales provienen de Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Brasil, Taiwán y Corea del Sur.
Una iniciativa del sector privado panameño busca simplificar la ley, otorgando incentivos a las inversiones por un periodo no menor a 10 años y agilizando la aprobación de licencias de operación.
Otras de las propuestas que contempla esta reforma a la ley, es la creación del Consejo Nacional de Zonas Francas, con el objetivo de que sea el único rector del sector.
Nuevos impuestos para las empresas de las zonas francas contenidos en el proyecto de ajuste fiscal, traen inseguridad y amenazan el clima propicio para la inversión.
Las ventajas fiscales que han posicionado a Costa Rica como un país atractivo para la atracción de inversión extranjera podrían desaparecer de aprobarse el paquete impositivo acordado mediante un pacto entre el partido de gobierno y el opositor Partido Acción Ciudadana.
La modificación del Régimen de Zona Franca y Perfeccionamiento Activo costarricense incorpora 52 trámites que se pueden realizar en línea.
Dentro de los trámites que podrán realizar por internet las empresas, pueden solicitar su ingreso al régimen de zonas francas, modificar el nivel de inversión así como el nivel mínimo de empleo.
El Gerente General de Procomer, Jorge Sequeira, señaló que la simplificación en los trámites es con miras a captar mayor inversión extranjera al país.
En Costa Rica las multinacionales expresan preocupación por la demora en la tramitación de la ley, que modificará los incentivos fiscales de las ZF.
Sendos artículos en Nación.com, revelan la la preocupación de Intel y Bridgestone por la inseguridad que representa para la planificación de sus inversiones, la demora en la aprobación de la ley, que está a estudio en el Congreso costarricense.
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