La Compañía Guatemalteca de Níquel anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para pedir medidas cautelares en respuesta a la decisión de las autoridades locales de suspender las operaciones de la mina Fénix, en Izabal.
Reportan la suspensión temporal de la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, en el departamento de Izabal.
Luego de que un grupo de vecinos reclamara ante la Corte Suprema de Justicia que para el proyecto minero en cuestión, no se agotó el proceso de consulta comunitaria, en febrero de este año se otorgó un amparo a favor de los demandantes, pero no se suspendió las operaciones de la empresa.
Pese a que en Guatemala el derecho de operación de la mina El Escobal fue otorgado en ley, el proyecto cumple dos años de estar paralizado, situación que hace inviable futuras inversiones en el país.
Los inconvenientes para las operaciones de Minera San Rafael datan de 2017, cuando en mayo de ese año el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
Los industriales exigen a la Corte de Constitucionalidad que se pronuncie respecto al recurso de amparo que fue otorgado a favor de un grupo ambientalista y que mantiene paralizadas las operaciones de la mina.
El proyecto está paralizado desde que una organización ambientalista presentara una acción de amparo en contra de la mina, con el argumento que que el Ministerio de Energía y Minas no realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias.
Minera San Rafael deberá paralizar sus operaciones luego de que sus dos licencias de operación quedaran suspendidas con el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia a un grupo ambientalista.
Reseña Prensalibre.com que "... Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedan suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debe detener sus operaciones.
Lo que pierda el Estado de Costa Rica por el litigio por la fallida concesión de la mina Crucitas, saldrá del bolsillo de los que pagan impuestos.
EDITORIAL
Durante los 20 años que dura esta novela de la mina de oro Crucitas, ninguna de las personas físicas de una u otra manera involucradas, sufrieron perjuicio económico alguno y muchas, por el contrario, vieron aumentados sus ingresos y sus cuentas bancarias.