El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala decidió derogar la licencia que a inicios de 2020 había otorgado al proyecto hidroeléctrico Rocja Pontilá, ubicado en Cobán, Alta Verapaz.
Argumentando que no se cumplieron los requisitos que establece la ley para emitir una licencia, en Guatemala las autoridades decidieron suspender el permiso ambiental del proyecto hidroeléctrico Central Rocja Pontila.
En Guatemala un grupo de diputados presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo ministerial que aprueba el proyecto hidroeléctrico Central Rocja Pontila.
La autorización para la hidroeléctrica, propiedad de Proyecto de Desarrollo Integral Pontila y que se proyecta construir en el río Icbolay, en Alta Verapaz, fue emitida el 13 de enero de 2020.
En Guatemala, un grupo de personas de San Pedro Carchá solicitó ante la Corte de Constitucionalidad que se suspendan las operaciones de Renace, argumentando que no se realizó una consulta comunitaria previa al desarrollo del proyecto.
El 23 de octubre se realizó en la capital del país la vista pública en la que la Corte de Constitucionalidad conoció las posturas de las partes interesadas.
Debido a que un grupo de manifestantes tiene tomadas las instalaciones de la hidroeléctrica Chixoy, se corre el riesgo de que en Guatemala las tarifas del servicio eléctrico aumenten hasta en un 10%.
Desde el 25 de septiembre un grupo de personas que reclama el pago de un complemento de resarcimiento mantiene tomada la bocatoma de la planta hidroeléctrica Chixoy, una de las más importantes del país, y amenazan con incendiarla.
Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
Debido a conflictos sociales y diversos procesos jurídicos, en Guatemala se encuentran suspendidos 16 proyectos hidroeléctricos, que en conjunto suman una inversión cercana a $1.500 millones.
La Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager) informó que los proyectos de generación de energía se encuentran suspendidos debido a conflictos con las comunidades de las zonas, a procesos de consulta a pueblos indígenas, y a órdenes giradas por la Corte de Constitucionalidad, muchas de las cuales han sido en respuesta a reclamos planteados por organizaciones ambientales. Estos proyectos que aún no logran ver la luz, equivalen a una capacidad instalada de 460 MW.
La Corte de Constitucionalidad autorizó la continuación de las operaciones de Oxec I y II por un plazo de 12 meses, mientras se realiza la consulta a los pueblos indígenas de la zona.
De forma unánime la Corte Constitucional declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el ministerio de Energía y Minas y representantes de Oxec I y II, y resolvió autorizar la reanudación de las operaciones solo por 12 meses prorrogables.
A dos meses de haber sido suspendidos en Guatemala los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II, los inversionistas amenazan con recurrir a la justicia internacional.
Un arbitraje internacional con un alto costo para la imagen del país como destino de inversión podría ser el resultado del proceso que inició con la suspensión de la licencia a los concesionarios de las hidroeléctricas Oxec I y II.
El sector empresarial cuestiona la decisión de la Corte Constitucional de suspender la operación de dos hidroeléctricas y le exige que tome decisiones con base en criterios legales, priorizando el interés nacional.
Del comunicado de Cacif Guatemala:
28 de febrero 2017. Los eventos que han sucedido en los últimos días han provocado incertidumbre y preocupación en distintos sectores del país, entre ellos el productivo.
La Corte de Constitucionalidad mantuvo vigente la suspensión de la licencia a las hidroeléctricas Oxec I y II, por supuestamente no haber consultado a los pueblos indígenas de la zona antes de comenzar los proyectos.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) es vista por el sector privado como una amenaza a la seguridad jurídica en el país, por los proyectos que están en juego y por el efecto que tendrá sobre otras inversiones que podrían dejar de realizarse en Guatemala si siguen ordenando la suspensión de proyectos mineros y de energía.
El sector empresarial se opone a realizar consultas retroactivas sobre proyectos de minería y energía que ya están en desarrollo y exige reglamentar la aplicación del Convenio 169 de OIT para proteger las inversiones.
Del comunicado de Cacif:
Ante los recientes fallos judiciales de las Cortes, relacionados con las consultas del Convenio 169 de la OIT, así como a actos violentos cometidos contra algunos proyectos, los cuales impactan social y económicamente a millones de guatemaltecos, el sector privado organizado hace saber que:
Los conflictos por el uso de las tierras y acciones legales de ambientalistas mantienen paralizados catorce proyectos de generación de energía hidroeléctrica.
De los catorce proyectos hidroeléctricos que están detenidos, según la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), seis fueron suspendidos por haberse declarado inconstitucionales, dos están en "proceso de diálogo", uno pendiente de resolver por la Corte de Constitucionalidad y otros "...cinco que no se desarrollarán por la conflictividad".
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