A un año de la suspensión de las operaciones del proyecto minero El Escobal, en Guatemala, la empresa aún sigue a la espera del fallo judicial definitivo de la Corte de Constitucionalidad.
En mayo de 2018 el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
Por tercer año consecutivo en 2017 la inversión extranjera que recibió Guatemala se redujo respecto a 2016, explicado por la falta de certeza jurídica, particularmente en la industria minera.
Aunque no se esperaban grandes resultados al cierre de 2017, la caída de 3% respecto a la inversión extranjera recibida en 2016 preocupa al sector empresarial, pues viene a reforzar la tendencia a la baja que se aprecia desde 2015, cuando la IED que recibió el país fue 12% inferior a la reportada el año previo.
Los industriales exigen a la Corte de Constitucionalidad que se pronuncie respecto al recurso de amparo que fue otorgado a favor de un grupo ambientalista y que mantiene paralizadas las operaciones de la mina.
El proyecto está paralizado desde que una organización ambientalista presentara una acción de amparo en contra de la mina, con el argumento que que el Ministerio de Energía y Minas no realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias.
Ejecutivos financieros señalan que para recuperar la confianza en la economía, el país urge de mejoras en certeza jurídica y disminución de la inestabilidad política.
Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), dijo a Prensalibre.com que "... este año se debe mejorar lo relacionado con la certeza jurídica para los inversionistas y con la estabilidad política.
La gremial de industriales guatemaltecos propondrá una agenda de desarrollo, con el objetivo de mejorar las condiciones económicas y recuperar parte de la inversión perdida en los últimos años.
Los recientes casos de corrupción y suspensión de licencias mineras podrían afectar las cifras de inversión extranjera con las que el Banco de Guatemala proyecta cerrar el 2017.
Los más recientes datos del Banco de Guatemala señalan que en el primer semestre la inversión extranjera directa sumó $579 millones, de los cuales $144 millones fueron para la industria manufacturera.
El aporte de la actividad minera al PIB se ha ido reduciendo en los últimos años, y los recientes casos de suspensión de permisos de explotación no ayudan a mejorar la imagen del sector.
En el año 2012 el aporte de la actividad minera representaba el 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), pero esta proporción ha venido reduciéndose en los últimos años, cayendo a 1,1% del PIB en 2015.
Minera San Rafael deberá paralizar sus operaciones luego de que sus dos licencias de operación quedaran suspendidas con el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia a un grupo ambientalista.
Reseña Prensalibre.com que "... Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedan suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debe detener sus operaciones.
La gremial empresarial guatemalteca advierte sobre el impacto negativo que tiene en el entorno económico, político y social la falta de certeza jurídica.
Del comunicado del Cacif:
Llamamos la atención de la opinión pública por los graves impactos que puedan generarse debido a los distintos casos en que se ha invocado el Convenio 169 de la OIT, y en los que los órganos jurisdiccionales del país han emitido fallos que se contradicen entre sí, llegando al extremo –en uno de ellos- de ordenar la suspensión de operaciones de una empresa.
Como se ha reiterado en comunicaciones anteriores, es importante dotar al Convenio 169 de una normativa de consulta que permita cumplir con sus disposiciones de forma clara y con certeza en cuanto a sus procedimientos. En tanto esto ocurre, es necesario que en los casos que se ventilan en los distintos tribunales de la República se tengan presentes aspectos fundamentales para la seguridad jurídica, como lo son:
La decisión de la Corte Constitucional de Guatemala de confirmar la suspensión del proyecto minero de La Puya "viola la certeza y seguridad de las inversiones que se realizan en el país".
Del comunicado de la Cámara de Comercio de Guatemala:
Sus Filiales y Gremiales en todo el país; Manifiestan:
1. La Certeza y Seguridad Jurídica, son principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional democrático, que garantizan la confianza de los ciudadanos hacia el respeto y cumplimiento de normas válidas y vigentes. Esa confianza se ve menoscabada, cuando las instituciones llamadas a garantizarla, dictan resoluciones adversas que atentan contra los derechos de los ciudadanos y los inversionistas.
Los industriales de Guatemala exigen celeridad en la resolución del caso sobre la mina La Puya, de la empresa Exmingua, cuyo permiso de operación fue anulado hace un año por la Corte Suprema de Justicia.
A finales de Junio del año pasado la Corte Suprema de Justicia inhabilitó de forma "definitiva" el permiso de operación de la mina La Puya, otorgado a la empresa Progreso VII Derivadas. Ahora la gremial minera exige a la Corte de Constitucionalidad que se resuelva con mayor rapidez el problema, siendo consecuentes y consistentes con el fallo emitido hacia OXEC y como muestra de igualdad de derechos y respeto a la certeza jurídica de Guatemala.
Entre los elementos que el sector empresarial propone incorporar a la discusión del proyecto de ley de agua está el respeto a los derechos adquiridos.
El Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) solicitó al Congreso ser tomado en cuenta en el debate de la iniciativa de ley del agua, y plantearon una serie de temas para ser considerados en el proceso de redacción de texto.
La Corte de Constitucionalidad autorizó la continuación de las operaciones de Oxec I y II por un plazo de 12 meses, mientras se realiza la consulta a los pueblos indígenas de la zona.
De forma unánime la Corte Constitucional declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el ministerio de Energía y Minas y representantes de Oxec I y II, y resolvió autorizar la reanudación de las operaciones solo por 12 meses prorrogables.
A dos meses de haber sido suspendidos en Guatemala los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II, los inversionistas amenazan con recurrir a la justicia internacional.
Un arbitraje internacional con un alto costo para la imagen del país como destino de inversión podría ser el resultado del proceso que inició con la suspensión de la licencia a los concesionarios de las hidroeléctricas Oxec I y II.
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