Después de que la Corte de Constitucionalidad decidiera mantener suspendido el proyecto "Extracción Minera Fénix”, el sector privado pide a las autoridades que se inicie lo más pronto posible el proceso de consulta comunitaria, de forma objetiva y transparente.
Las operaciones de la mina ubicada en el departamento de Izabal fueron suspendidas desde julio de 2019 a raíz de un recurso legal que presentó un grupo de vecinos, quienes argumentaban que no se agotó el proceso de consulta comunitaria para la operación del proyecto minero.
La Corte de Constitucionalidad decidió mantener suspendido el proyecto "Extracción Minera Fénix”, ubicado en el departamento de Izabal, y ordenó realizar dentro del plazo de 18 meses el proceso de consulta comunitaria.
La Compañía Guatemalteca de Níquel anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para pedir medidas cautelares en respuesta a la decisión de las autoridades locales de suspender las operaciones de la mina Fénix, en Izabal.
Reportan la suspensión temporal de la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, en el departamento de Izabal.
Luego de que un grupo de vecinos reclamara ante la Corte Suprema de Justicia que para el proyecto minero en cuestión, no se agotó el proceso de consulta comunitaria, en febrero de este año se otorgó un amparo a favor de los demandantes, pero no se suspendió las operaciones de la empresa.
Pese a que en Guatemala el derecho de operación de la mina El Escobal fue otorgado en ley, el proyecto cumple dos años de estar paralizado, situación que hace inviable futuras inversiones en el país.
Los inconvenientes para las operaciones de Minera San Rafael datan de 2017, cuando en mayo de ese año el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
Los industriales exigen a la Corte de Constitucionalidad que se pronuncie respecto al recurso de amparo que fue otorgado a favor de un grupo ambientalista y que mantiene paralizadas las operaciones de la mina.
El proyecto está paralizado desde que una organización ambientalista presentara una acción de amparo en contra de la mina, con el argumento que que el Ministerio de Energía y Minas no realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias.
El aporte de la actividad minera al PIB se ha ido reduciendo en los últimos años, y los recientes casos de suspensión de permisos de explotación no ayudan a mejorar la imagen del sector.
En el año 2012 el aporte de la actividad minera representaba el 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), pero esta proporción ha venido reduciéndose en los últimos años, cayendo a 1,1% del PIB en 2015.
Minera San Rafael deberá paralizar sus operaciones luego de que sus dos licencias de operación quedaran suspendidas con el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia a un grupo ambientalista.
Reseña Prensalibre.com que "... Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedan suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debe detener sus operaciones.
La decisión de la Corte Constitucional de Guatemala de confirmar la suspensión del proyecto minero de La Puya "viola la certeza y seguridad de las inversiones que se realizan en el país".
Del comunicado de la Cámara de Comercio de Guatemala:
Sus Filiales y Gremiales en todo el país; Manifiestan:
1. La Certeza y Seguridad Jurídica, son principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional democrático, que garantizan la confianza de los ciudadanos hacia el respeto y cumplimiento de normas válidas y vigentes. Esa confianza se ve menoscabada, cuando las instituciones llamadas a garantizarla, dictan resoluciones adversas que atentan contra los derechos de los ciudadanos y los inversionistas.
Los industriales de Guatemala exigen celeridad en la resolución del caso sobre la mina La Puya, de la empresa Exmingua, cuyo permiso de operación fue anulado hace un año por la Corte Suprema de Justicia.
A finales de Junio del año pasado la Corte Suprema de Justicia inhabilitó de forma "definitiva" el permiso de operación de la mina La Puya, otorgado a la empresa Progreso VII Derivadas. Ahora la gremial minera exige a la Corte de Constitucionalidad que se resuelva con mayor rapidez el problema, siendo consecuentes y consistentes con el fallo emitido hacia OXEC y como muestra de igualdad de derechos y respeto a la certeza jurídica de Guatemala.
En una semana fueron suspendidos siete proyectos y otros diez también podrían correr la misma suerte, mientras 611 solicitudes de licencia se encuentran en trámite.
Diez proyectos ubicados en Santa Rosa, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y Baja Verapaz enfrentan procesos de demanda por distintas razones, desde supuestas violaciones al derecho humano al agua hasta incumplimiento de trámites de oposición administrativa.
Empresarios manifiesta preocupación por las graves consecuencias que pueden traer al país los recientes fallos judiciales que ordenan la suspensión de proyectos mineros e hidroeléctricos.
Del comunicado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF):
LA CERTEZA JURÍDICA PARA LAS INVERSIONES ES UNA CONDICIÓN INDISPENSABLE DEL ESTADO DE DERECHO
Lo que pierda el Estado de Costa Rica por el litigio por la fallida concesión de la mina Crucitas, saldrá del bolsillo de los que pagan impuestos.
EDITORIAL
Durante los 20 años que dura esta novela de la mina de oro Crucitas, ninguna de las personas físicas de una u otra manera involucradas, sufrieron perjuicio económico alguno y muchas, por el contrario, vieron aumentados sus ingresos y sus cuentas bancarias.