Empresarios centroamericanos manifestaron su preocupación por la falta de información y de transparencia, con la que se desarrollo el caso de la expropiación de la planta de gas licuado del Grupo Tomza en Nicaragua.
A mediados de abril la Empresa Tomza Guatemala S.A. informó que en Nicaragua el Gobierno del presidente Daniel Ortega expropió y confiscó de forma ilegal bienes de la compañía, que en conjunto suman una inversión de $4 millones.
Empresa Tomza Guatemala S.A. informó que en Nicaragua el Gobierno del presidente Daniel Ortega expropió y confiscó de forma ilegal bienes de la compañía, que en conjunto suman una inversión de $4 millones.
El proceso de expropiación llevó algunos años. Directivos de Tomza explicaron que en 2015 les fueron concedidos los permisos para la construcción de un inmueble que se ubica en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua.
A las denuncias realizadas en los últimos meses por empresarios de Guatemala y Nicaragua, se le añade la de una gremial hondureña, que denuncia la invasión de 3.400 manzanas de tierras productivas.
Debido a que el área de tierra usurpada en Guatemala ha crecido desde alrededor de 10 mil hectáreas en la década de los noventa, hasta 164 mil en 2018, las pérdidas en la producción agrícola ocasionadas por este fenómeno ascendieron a cerca de $650 millones el año pasado.
La Cámara del Agro (Camagro) estima que sólo en 2018, las invasiones a la propiedad privada, principalmente a fincas de producción agrícola, generaron un impacto negativo equivalente al 0,6% del Producto Interno Bruto.
Reducir las barreras comerciales y los trámites, incrementar la seguridad jurídica y mejorar la infraestructura productiva, son parte de los cambios que demanda el sector empresarial para el desarrollo económico de la región.
En Guatemala se lleva a cabo el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, en el cual el sector privado presenta propuestas para enfrentar los desafíos actuales y generar oportunidades para los países de la región.
La falta de certeza jurídica, los robos de energía eléctrica y los conflictos sociales están obligando a los empresarios del sector energético de Guatemala a optar por trasladar sus inversiones a El Salvador.
Incentivados por las facilidades que ofrecen al sector energético en El Salvador, el año pasado las empresas Applied Energy Services (AES) y Corporación Multi Inversiones (CMI), de capital estadounidense y guatemalteco, decidieron invertir $47 millones en proyectos de energía solar.
Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
Empresarios en El Salvador opinan que la primera medida que debe implementar el gobierno que entre en funciones en 2019, es la recuperación del control de los territorios dominados por las maras.
El Segundo Sondeo de Opinión “S.O.S. El Salvador”, elaborado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), recoge una serie de medidas consideradas por los empresarios como prioridad a ejecutar por el nuevo gobierno, que entrará en funciones en junio de 2019, para resolver los problemas que afectan el crecimiento económico y la creación de empleo.
La inseguridad ciudadana, la incertidumbre política y los bajos niveles de inversión son los principales factores que siguen afectado la calidad de vida de la población y el clima de negocios en El Salvador.
Un análisis de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Fusades) señala los principales factores que impiden que la economía salvadoreña alcance mejores niveles de crecimiento.
En El Salvador cada semana al menos dos negocios reportan su intención de cerrar debido al impacto de las extorsiones, un problema que, lejos de resolverse, parece empeorar cada año.
Representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), manifestaron que los empresarios del país no perciben ninguna mejora significativa en el clima de seguridad, luego de que en abril pasado se extendiera, por seis meses más, las medidas extraordinarias de la administración Sánchez Cerén para intentar controlar la delincuencia y la inseguridad.
El sector empresarial reclama que el adverso entorno para hacer negocios en el país explica la pérdida de casi 12 mil empleos entre diciembre de 2016 y enero de este año.
Del comunicado de Cifacil:
El 26 de abril, la Comisión para la Facilitación del Comercio (CIFACIL), que aglutina a siete gremiales productivas de El Salvador, entregó a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa el “Informe de Situación de Competitividad y Empleo de El Salvador”, cumpliendo con la solicitud de brindar un informe sobre los problemas que están afectando el clima de negocios que inciden en las decisiones de retiro de inversionistas y su afectación en el empleo.
Aunque destaca el impulso que tomó la lucha contra la corrupción en 2016, la falta de certeza jurídica sigue afectando las condiciones para hacer negocios en el país.
Del Informe de Coyuntura Legal e Institucional de la FundaciónSalvadoreña para el Desarrollo Económico y Social:
El informe se divide en 3 capítulos, en los cuales se analizan los temas más relevantes ocurridos durante el semestre en materia de Estado de derecho, transparencia, seguridad y clima de negocios. Entre los hallazgos que más destacan, se mencionan los siguientes:
Los proyectos tienden a encarecerse al incluir cada vez más medidas de seguridad y en zonas como La Libertad, Soyapango, Ilopango y Apopa, algunos lotes y viviendas llegan incluso a perder valor.
La ola de violencia e inseguridad que afecta a El Salvador se siente también en el mercado inmobiliario, sobre todo en zonas con alto índice de criminalidad, como La Libertad, Soyapango, Ilopango y Apopa, donde "...las casas pueden permanecer sin venderse por meses. Contrario a esto, en zonas como Santa Tecla o Santa Elena, los inmuebles tienen mayor demanda y el valor aumenta por su ubicación."
La gremial de industriales reporta que 245 empresas dejaron de cotizar durante 2015, decidiendo algunas de ellas operar en la informalidad y otras cerrar de forma definitiva.
La violencia e inseguridad ciudadana, la creación de más impuestos y la falta de certeza jurídica son algunos de los factores que explican la decisión de muchas empresas salvadoreñas de cerrar por completo sus operaciones o pasar a trabajar en la informalidad.
Empresarios rechazan categóricamente las declaraciones de funcionario de gobierno que confunden extorsiones con financiamiento del crimen organizado.
Las declaraciones del secretario Técnico de la Presidencia de El Salvador, Roberto Lorenzana, contra las empresas que sufren extorsiones en el país generaron una fuerte reacción por parte del sector privado, cuatro días después de que Industrias La Constancia anunciara públicamente que suspendía la operación de una de sus plantas por el incremento de la inseguridad y la violencia.
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