Empresarios centroamericanos manifestaron su preocupación por la falta de información y de transparencia, con la que se desarrollo el caso de la expropiación de la planta de gas licuado del Grupo Tomza en Nicaragua.
A mediados de abril la Empresa Tomza Guatemala S.A. informó que en Nicaragua el Gobierno del presidente Daniel Ortega expropió y confiscó de forma ilegal bienes de la compañía, que en conjunto suman una inversión de $4 millones.
Empresa Tomza Guatemala S.A. informó que en Nicaragua el Gobierno del presidente Daniel Ortega expropió y confiscó de forma ilegal bienes de la compañía, que en conjunto suman una inversión de $4 millones.
El proceso de expropiación llevó algunos años. Directivos de Tomza explicaron que en 2015 les fueron concedidos los permisos para la construcción de un inmueble que se ubica en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua.
A las denuncias realizadas en los últimos meses por empresarios de Guatemala y Nicaragua, se le añade la de una gremial hondureña, que denuncia la invasión de 3.400 manzanas de tierras productivas.
Debido a que el área de tierra usurpada en Guatemala ha crecido desde alrededor de 10 mil hectáreas en la década de los noventa, hasta 164 mil en 2018, las pérdidas en la producción agrícola ocasionadas por este fenómeno ascendieron a cerca de $650 millones el año pasado.
La Cámara del Agro (Camagro) estima que sólo en 2018, las invasiones a la propiedad privada, principalmente a fincas de producción agrícola, generaron un impacto negativo equivalente al 0,6% del Producto Interno Bruto.
Reducir las barreras comerciales y los trámites, incrementar la seguridad jurídica y mejorar la infraestructura productiva, son parte de los cambios que demanda el sector empresarial para el desarrollo económico de la región.
En Guatemala se lleva a cabo el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, en el cual el sector privado presenta propuestas para enfrentar los desafíos actuales y generar oportunidades para los países de la región.
La falta de certeza jurídica, los robos de energía eléctrica y los conflictos sociales están obligando a los empresarios del sector energético de Guatemala a optar por trasladar sus inversiones a El Salvador.
Incentivados por las facilidades que ofrecen al sector energético en El Salvador, el año pasado las empresas Applied Energy Services (AES) y Corporación Multi Inversiones (CMI), de capital estadounidense y guatemalteco, decidieron invertir $47 millones en proyectos de energía solar.
Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
El inaudito aumento de la violencia en Costa Rica, otrora un oasis de paz en la región, es otra señal del fracaso de la lucha antidrogas tradicional.
EDITORIAL
Más poderoso que los Estados centroamericanos, el narcotráfico avanza no solo aumentando la oferta de estupefacientes en los países de la región, sino permeando las instituciones con el poder de su dinero y generando una creciente cultura de violencia que hace irrisorio proclamar que en Centroamérica no existe la pena de muerte. Sí existe, y lo peor es que no es la Justicia institucionalizada la que la decreta, sino los capos mafiosos, que señalan -a verdugos cada vez más jóvenes- quienes deben ser ejecutados.
Si Centroamérica no fortalece las instituciones que deben garantizar un marco jurídico estable y el respeto irrestricto de los contratos, la inversión extranjera no vendrá y la nacional se irá a otros países, por más incentivos y exoneraciones fiscales que se ofrezcan.
EDITORIAL
Las frecuentes muestras de descontento del Poder Ejecutivo salvadoreño respecto a fallos que ha emitido la Corte Constitucional y la falta de acción del gobierno panameño ante los bloqueos que un grupo de personas realizan no solo a las obras del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, sino también a las principales vías de acceso, son pésimas señales que se envían desde la región al resto del mundo, sembrando dudas en aquellas empresas que consideran a la región como un potencial destino para sus inversiones.
Los empresarios de la región reclaman la falta de políticas de desarrollo de largo plazo y exigen a los gobiernos más transparencia, eficiencia y seguridad jurídica, para continuar invirtiendo en la región.
Durante la reunión de empresarios y gobierno denominada 'Expandiendo oportunidades: promoviendo la participación del sector privado y la creación de empleo' empresarios de distintos sectores dieron a conocer sus preocupaciones y puntos de vista respecto al clima de inversión en la región.
Para los empresarios la inseguridad sigue siendo el principal factor que evita la llegada de mayores flujos de inversión extranjera directa a la región.
Por más beneficios e incentivos de todo tipo que ofrezcan los gobiernos para fomentar el establecimiento de empresas extranjeras en los países de Centroamérica, mientras no se combata de mejor forma la violencia e inseguridad, los flujos de inversión seguirán siendo cada vez menores.
Lo que pierda el Estado de Costa Rica por el litigio por la fallida concesión de la mina Crucitas, saldrá del bolsillo de los que pagan impuestos.
EDITORIAL
Durante los 20 años que dura esta novela de la mina de oro Crucitas, ninguna de las personas físicas de una u otra manera involucradas, sufrieron perjuicio económico alguno y muchas, por el contrario, vieron aumentados sus ingresos y sus cuentas bancarias.
Además piden políticas que incentiven la creación de nuevos negocios y facilidades de crédito en especial para la gente joven.
Durante la XXIV Cumbre de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas que se llevó a cabo esta semana en Panamá, empresarios de la región llegaron a la conclusión de que se requieren reglas claras que garanticen la seguridad jurídica y así seguir impulsando el desarrollo económico de los países.
Europa quiere un acuerdo más ambicioso con América Latina para asegurar la protección de las inversiones de la región.
“La Unión Europea echó en falta un acuerdo "más ambicioso" de protección de las inversiones extranjeras en América Latina en la última cumbre con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), afirmó el representante de la UE en Uruguay, el español Juan Fernández Trigo”, reseña el artículo de Economía.elpaís.com.
En Guatemala la inversión se sitúa entre 16% y 17% del Producto Interno Bruto; en el sudeste asiático, la cifra ronda entre 25% y 35%.
El artículo en Elperiodico.com.gt reseña que un grupo de expertos se reunió la semana pasada en este país para discutir cómo fomentar el crecimiento de Guatemala. El análisis del tema que realiza un integrante del think tank The Growth Dialogue es extrapolable a la mayoría de los países centroamericanos.
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